El nuevo componente que tendría la negociación del salario mínimo para 2026

Llegó la hora cero para la habitual discusión que se desata en el país cada fin de año. Según confirmó la viceministra de relaciones laborales, Sandra Muñoz, este viernes 21 de noviembre se hará el primer encuentro de los integrantes de la mesa de concertación, para establecer el cronograma con las fechas de las reuniones en las que se pondrán sobre la mesa los elementos que se toman en cuenta para definir el incremento del salario mínimo que regirá en 2026.

No obstante, en esta oportunidad, según afirmó el titular de la cartera de Trabajo, Antonio Sanguino, se tendría en cuenta un componente más: el salario vital móvil que ha sido ampliamente promovido por la Organización Internacional del Trabajo-OIT).

¿Qué es el salario vital móvil?

Desde la perspectiva de la OIT, un salario vital móvil implica “un ingreso que proporcione un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias, teniendo en cuenta las circunstancias del país, y calculado como contraprestación por el trabajo efectuado durante las horas normales de trabajo”.

De igual manera, debe ser calculado a partir de los principios que establece la organización rectora a nivel mundial de la política laboral.

Amnistía Internacional, el movimiento global de derechos humanos también se ha referido al tema, y, retomando a la OIT, menciona que el salario vital móvil debe proveer para la alimentación, la vivienda, la energía, el agua, la educación, la ropa y el transporte. En otras palabras, sería algo que se aleja de lo que para un país como Colombia es el salario mínimo. Más aún porque el ingreso proveniente de un salario vital móvil debe obtenerse “sin requerir horas de trabajo excesivas y explotadoras”, dice Amnistía.

El abogado rosarista y columnista Juan Manuel Charry ha sustentado que “un mínimo vital no equivale necesariamente al salario mínimo”, ya que se trata de las sumas indispensables para satisfacer -en condiciones de dignidad- las necesidades básicas de una persona.

La polémica será fuerte

De cara a la negociación del incremento en el salario mínimo para 2026, el debate con la nueva idea esbozada por el ministro Sanguino, podría ser aún más fuerte de lo acostumbrado.

Si bien el titular de la cartera de Trabajo manifestó que aún no hay ninguna cifra que hayan recibido ni sugerido para arrancar la negociación, se tendrán en cuenta las variables habituales, por lo que escucharán de manera atenta al Dane, a Planeación Nacional, al Banco de la República. Ello, debido a que la cifra se va elaborando a partir de los datos certificados de inflación proyectada para el cierre de 2025, toda vez que la negociación se hace antes de que se conozca la cifra definitiva. Así mismo, se valora el dato de productividad y el crecimiento de la economía.

La expectativa de Sanguino, según manifestó, es que en la mesa de concertación de la política salarial no se dé una puja sino una valoración de las cifras. Sin embargo, afirmó que la búsqueda, por mandato de este gobierno, será la de seguir por la senda de mejores condiciones de los trabajadores.

El centro de pensamiento económico Anif, al respecto, ha manifestado que la negociación del mínimo es algo que debe hacerse con cautela, pues es “una decisión que tiene efectos directos sobre el poder adquisitivo de los trabajadores, los costos laborales de las empresas y la competitividad de la economía en su conjunto”.

Anif se refirió a costos ocultos detrás del salario mínimo que, de hecho, impactan el gasto mismo del Estado, por lo cual, el aumento no debe ser excesivo. “Elevaría directamente las obligaciones del gobierno en pensiones indexadas al Salario Mínimo Legal Vigente”, para dar un ejemplo de los efectos. En plata blanca, se estima que cada punto porcentual adicional en el aumento real del salario mínimo representa un sobrecosto fiscal de 0,24 billones de pesos en el régimen de prima media, sostuvo Anif.

El centro de pensamiento que lidera José Ignacio López ejemplifica su mensaje, al señalar que con una inflación proyectada de 5,34 % y un crecimiento de la productividad laboral de 2,2 %, el aumento del salario mínimo llegaría a 7,54 %, lo que implicaría un sobrecosto cercano a 0,5 billones de pesos solo en el régimen de prima media.

Entre tanto, si el incremento del salario mínimo alcanzara el 10 %, el impacto fiscal ascendería aproximadamente a 1,12 billones de pesos.

En los últimos cinco años el salario mínimo ha aumentado en dos dígitos y este año podría no ser la excepción. En el último año de gobierno y etapa preelectoral todo puede pasar.