Ley de financiamiento: el Gobierno insiste, el Congreso duda y el reloj legislativo se agota

Pese a enfrentar una fuerte oposición, el Gobierno Petro persiste en la idea de conseguir 16 billones de pesos para financiar su presupuesto de 2026 mediante una ley de financiamiento, que muchos llaman reforma tributaria. Esta será la segunda ocasión en la que intente tramitar un proyecto de esta naturaleza. El año pasado fracasó y esta vez las probabilidades no lucen positivas.

Este martes 25 de noviembre el Ministerio de Hacienda radicó una ponencia positiva. No obstante, el documento solo tiene diez firmas de los 26 nombres de ponentes y coordinadores ponentes que están al final de la propuesta. Posteriormente, se citó a un primer debate en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara, pero no se logró conformar quorum decisorio y se volvió a convocar para el miércoles 26.

Muchos estiman que ya no alcanzan los tiempos para tramitar la reforma, pues quedan pocos días para que concluyan las sesiones ordinarias del Congreso, pero el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que apenas está comenzando la discusión y que la iniciativa aún no está viva.

“La reforma tributaria no está tan hundida como han dicho los medios de comunicación. Algunas personas que firmaron la carta ya se han echado para atrás y firmaron la ponencia positiva”, comentó el ministro Benedetti. Esto teniendo en cuenta que también se han radicado ponencias de archivo por parte de sectores de oposición del Congreso, tanto en la Comisión Tercera del Senado de Colombia como en la Cámara.

Mientras se define el futuro del proyecto, expertos como Javier Blel, socio de Tax Controversy de Deloitte, hicieron un corto análisis del texto radicado por el Ministerio de Hacienda, el cual tiene 97 artículos, distribuidos en cuatro capítulos que plantean transformaciones en los impuestos al consumo, al patrimonio, retención en la fuente o el tributo nacional al carbono.

En concepto de Blel, la propuesta más preocupante que trae el texto radicado es la que busca aumentar tarifas y reducir la base gravable del impuesto al patrimonio, ya que esto podría generar efectos como menor atractivo para la inversión y una percepción de mayor riesgo en el país.

La ponencia propone una reducción del umbral para pagar este impuesto, bajándolo de 72.000 a 40.000 UVT (lo que a precios de hoy equivale de 3.585 millones de pesos a 1 991 millones). Así, las personas con activos inferiores a 40.000 UVT tendrían tarifa cero. En cambio, para las fortunas más grandes se establecen tasas progresivas que pueden llegar hasta el 5%, con peldaños de 0,5%, 1%, 2%, 3% y hasta 5% según el tamaño del patrimonio.

“Es posible que, al ampliar la carga fiscal sobre patrimonios, se reduzcan incentivos para proyectos productivos, lo que eventualmente podría impactar la competitividad y el crecimiento económico”, reitera Blel.

Pese a lo anterior, el experto de Deloitte considera que el proyecto de ley tiene dos ideas acertadas. Una se refiere a la eliminación del IVA a la gasolina y al Acpm, que había sido planteada en la primera versión de la reforma y podría impactar el costo de vida de los colombianos. Al reducir la presión sobre los precios del transporte y la logística, se podría mitigar el efecto inflacionario de la reforma.

“Otra propuesta que podría considerarse acertada es la unificación de términos para corregir declaraciones que se supeditarán en todos los casos al término de firmeza de la declaración. Esta medida podría aportar mayor claridad y simplificación en los procesos, reduciendo la carga administrativa tanto para los contribuyentes como para la administración tributaria. Además, podría facilitar la resolución de diferencias de manera más ágil y eficiente, lo que eventualmente contribuiría a mejorar el cumplimiento voluntario y la relación entre las partes”, precisa.

Aunque existe consenso sobre la necesidad que tiene el país de mejorar su estatuto tributario y muchos expertos han pedido que se realice una reforma estructural, este nuevo intento tampoco cumpliría con ese pedido. Para Blel, de trabajar una reforma tributaria en el contexto actual, se deberían incluir normas que simplifiquen el procedimiento tributario. “Por ejemplo, sería útil prever un mecanismo de conciliación administrativa permanente que permita resolver litigios entre la administración y los contribuyentes de manera más ágil. Esto podría reducir la congestión de procesos y mejorar la seguridad jurídica”, subraya.