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Ocde pide disminuir el salario mínimo y costos laborales para fomentar el empleo en Colombia

La entidad multilateral considera necesario que Colombia implemente medidas para disminuir la informalidad laboral.


Colombia debería reducir “los elevados” costos laborales y el salario mínimo “relativamente alto” para fomentar la contratación formal y mitigar el impacto de la informalidad, recomendó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) en un documento divulgado este miércoles.

“Deberían reducirse los elevados costes laborales no salariales y el salario mínimo relativamente alto para fomentar la contratación formal, en particular de trabajadores poco cualificados, jóvenes y personas ubicadas en regiones menos desarrolladas”, apuntó la entidad multilateral.

Según el organismo, la pandemia del coronavirus va a provocar que aumente la informalidad - uno de los principales problemas del mercado laboral colombiano - la desigualdad y la pobreza en Colombia.

“La informalidad sigue siendo alta y, a pesar de algunas mejoras, muestra una división regional arraigada. Se requiere una estrategia integral para combatir la informalidad para asegurar que la recuperación traiga empleos de alta calidad”, dijo la Ocde.

Una de las recomendaciones hechas por el organismo es la de disminuir el salario mínimo, pues considera que es alto en comparación con el ingreso promedio que hay en el país.

La reducción del salario mínimo es una discusión que se ha dado en Colombia desde hace años, pues hay técnicos, como el ministro de Hacienda, que consideran que el salario mínimo es muy alto en comparación con los ingresos promedio de la ciudadanía, razón por la cual se ha propuesto implementar salarios mínimos diferenciales por regiones, lo que se acerca a lo que sugiere la Ocde.

La explicación de los técnicos es que, si bien una persona no puede vivir bien con un salario mínimo en ciudades como Bogotá, Medellín o Cartagena, en la mayoría de regiones del país el mínimo es más que suficiente para tener una vida digna.

Además, sostienen que en varias zonas del país no hay casi empleos ni empresas formales porque pagar un salario mínimo para todos los empleados es muy costoso, teniendo en cuenta la productividad de la región.

Sin embargo, esta propuesta, al igual que una gran parte de las recomendaciones que hacen los técnicos, es muy impopular y suele generar revuelo y manifestaciones sociales, por lo menos en las grandes ciudades del país.

La otra recomendación de la Ocde, que es la de disminuir costos laborales no salariales, se refiere a otra vieja discusión que ha habido en Colombia y está relacionada con los pagos que hacen las empresas mensualmente a entidades como las cajas de compensación.

Hacia finales del año pasado, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) estaba elaborando un elemento de reactivación económica en el que se alcanzó a proponer que se eliminaran los aportes obligatorios que hacen las empresas a las cajas de compensación con el fin de disminuir los costos de contratación. La propuesta causó revuelo y el Conpes se vio obligado a eliminar la propuesta del documento final que sería publicado posteriormente.

Los costos laborales no salariales son uno de los principales dolores de cabeza de las empresas formales al momento de ampliar su planta de personal. En la legislación colombiana, las empresas deben realizar pagos extrasalariales a cada uno de sus trabajadores. Estos pagos corresponden a distintos ámbitos como la pensión, la seguridad social, entre otros.

Sumando todos los aspectos que deben pagar las empresas, el costo mensual de cada trabajador que gane el salario mínimo asciende a los $1.387.288, cifra superior en $372.308 (36,68 %) a los $1.014.980 que es la suma del salario mínimo y el subsidio de transporte.

“Para fomentar el espíritu empresarial, deben reducirse los altos costos de registro de las empresas, especialmente para las pymes y las empresas emergentes. La creación de empleo formal requiere un sector empresarial más fuerte”, añadió la Ocde.

Se espera que antes de que finalice la Administración del presidente Iván Duque, el Gobierno presente al Congreso una reforma laboral que busque fomentar el empleo formal en el país.

Otras recomendaciones de la Ocde

La entidad también hizo un llamado de atención por la baja calidad y cobertura de la educación, tanto básica como profesional, en Colombia.

“La educación básica y profesional de baja calidad está a menudo desconectada de las necesidades del mercado laboral. Aunque se han logrado avances sustanciales en la última década, los resultados educativos siguen siendo insatisfactorios, dependen en gran medida de los antecedentes socioeconómicos y muestran grandes disparidades regionales”, dijo la Ocde.

El organismo recomienda que se amplíe el acceso a la educación, sobre todo en zonas rurales y que se ajusten los planes de estudio profesionales a las necesidades laborales.

“La mejora de los resultados y la equidad en la educación y la formación debe comenzar por ampliar el acceso a la educación de la primera infancia y la escolarización de jornada completa, especialmente en las zonas rurales. Los recursos deben reasignarse a las regiones vulnerables para que la enseñanza sea más atractiva allí. Los planes de estudio y la financiación de la educación y la formación profesionales deberían adaptarse a las necesidades del mercado laboral y debería fomentarse la participación de los empleadores en la ejecución”, dijo la entidad.

También resaltó que se deben enfocar de mejor manera los programas sociales, con el fin de ayudar a la población que verdaderamente está en condición de vulnerabilidad.

“Los esfuerzos adicionales para expandir los programas sociales deberían incluir una mejor focalización del gasto social hacia la población vulnerable, como la que vive en áreas rurales. Las transferencias de efectivo deben complementarse con un componente de capacitación para mejorar las posibilidades de los participantes de obtener trabajos de alta calidad”, dijo.

Finalizó afirmando que Colombia ha tenido un progreso limitado en el desarrollo de reformas estructurales y que las elecciones legislativas y presidenciales de 2022 van a dificultar la discusión de la próxima reforma fiscal.

“La crisis del coronavirus podría reavivar el apetito por discutir más reformas estructurales, pero con las elecciones en 2022, la ventana política para hacerlo es corta”, concluyó.