No hay bolsillo que aguante

Por fin conocimos el texto que el Gobierno Nacional presentó al Congreso de la República y las críticas técnicas como políticas no se hicieron esperar. Como reza el viejo adagio popular, aunque se ve como pato, habla como pato y nada como pato, nadie quiere llamarlo pato, pero sí queridos lectores, este proyecto es un pato llamado reforma tributaria. Ahora, recibimos un paquete de más impuestos y una jugosa adición presupuestal del Gobierno Nacional por $11 billones, de los cuales $9 billones van para funcionamiento del país.

Como todo proyecto tributario, este ya genera un costo político, incluso el mismo Presidente de la República ha tenido que salir a develar las “bondades” de esta iniciativa. Comparto el mensaje de no dejarse llevar por el populismo, de ese que caracteriza al senador Gustavo Petro, candidato presidencial y quien de ser elegido, recibirá las mieles del recaudo, pero que hoy con ahínco y desprecio le hace guerra sucia al proyecto de ley, lo que evidencia que poco sabe de gobernar. Ojalá ese escenario no ocurra.

Debemos ser sensatos y entender que el país está viviendo una profunda crisis fiscal producto de la pandemia del Covid-19 y que tanto gremios, trabajadores, y los sectores sociales y políticos, estamos llamados a buscar el mejor camino para no caer en falacias y promesas de campaña demagógicas y politiqueras que solo buscan desestabilizar nuestra democracia.

La responsabilidad del Congreso es enorme, desmenuzar y enderezar estos 163 artículos, que modifican más de 5 leyes, el Estatuto Tributario y varios decretos legislativos de la emergencia sanitaria, no es tarea fácil. Ya el Representante a la Cámara por Bogotá, José Daniel López, sacó a relucir un top 10 de “reformas desagradables”, entre los que destacó el IVA a celulares y computadores de baja gama, al internet domiciliario en el estrato 3, a los servicios funerarios, servicios públicos y al deporte, el desmonte de la ley de cine y el impuesto a las pensiones. Alertas que no deben desconocerse a la hora de estudiar el proyecto.

Es claro que esta reforma afectará enormemente a Bogotá, no solo por ser la ciudad más grande y la que más contribuyentes tiene, o, por manejar un grado de formalidad empresarial y laboral superior a las demás, sino porque Bogotá, por efectos de la pandemia, también vive una situación de pobreza que debemos frenar y para ello se requieren medidas que reduzcan la desigualdad social que se evidencia en la tenencia de la vivienda, el ingreso y la riqueza.

Hace 10 años, el pago de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles representaban el 23% del gasto de los hogares bogotanos, actualmente representan el 29%, pero para los más pobres, el gasto de la vivienda pasó de representar el 28% al 40% de sus ingresos.

Uno de los mayores desaciertos de esta reforma es que parte de una premisa, a mi modo de ver errónea: “el régimen impositivo en Colombia supone una carga tributaria desproporcionada sobre las personas jurídicas y una carga baja sobre personas naturales que son los agentes económicos que acumulan riqueza.”

Y es errónea porque no ataca los beneficios a los grandes conglomerados económicos del país. La ANIF ha señalado que los beneficios tributarios cuestan alrededor de un 8% del PIB, la CEPAL ha reiterado que la complejidad de nuestro sistema tributario y sus múltiples excepciones, hace que las empresas de mayores utilidades paguen tasas efectivas de tributación más bajas que las empresas de menores utilidades. ¡Inaudito!. Según Pardo Becerra, el costo fiscal de los beneficios tributarios de las grandes empresas sumó $22,6 billones (2019), donde el sector financiero se ahorró $5,2 billones en pago de impuestos.

¿Qué nos preocupa de esta reforma para los bogotanos?

1. Los servicios públicos: Más allá del IVA en el pago de energía, acueducto, alcantarillado y gas para los estratos cuatro a seis, preocupa el futuro del esquema donde los usuarios de estratos altos y los comerciales e industriales ayudaban a los usuarios de estratos bajos a pagar tarifas de los servicios públicos. ¿Habrá la suficiencia financiera para la asignación de estos subsidios de servicios públicos para estratos 1 y 2? No hay claridad del cómo ni quién financiará estos recursos. Un dato: en Bogotá, el desbalance financiero entre la contribución de los estratos 5 y 6, y los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, fue de $254 mil millones (2016-2018).

2. Los más pobres seguirían llevando la carga tributaria. De acuerdo con la Encuesta Multipropósito, en Bogotá los hogares del estrato 1 pagan, en promedio, $21.496 de impuestos y los del estrato 6 tributan $519.207 (2017). Sin embargo, en el estrato 6, el IVA representa el 26% de su carga tributaria, mientras que en el tres, el IVA representa el 56%, y en el dos, esta cifra se eleva al 72%. De acuerdo con Planeación Distrital (2018), el peso que tienen los impuestos en los ingresos es regresivo: el primer quintil paga en impuestos el 14% de su ingreso, mientras que el quintil superior contribuye con el 3,2% del suyo.

La pregunta es: ¿esta reforma logra reversar este fenómeno?, a primera vista parece que no, incluso lo acentúa con la imposición de IVA a ciertos gastos que en el estrato 3 no estaban catalogados. Eso sin mencionar, que afectaría el precio de los alimentos, al pasar de excluidos a exentos ciertos bienes que en su mayoría son bienes agrícolas.

3. Posible aumento de la informalidad laboral. Que un asalariado de $2.800.000 ($93.000 pesos diarios) pague $600 mil de impuesto de renta, significará un retroceso a la formalización, aumentando la ausencia de contratos laborales, afectando no solo las prestaciones sociales, sino que los empleadores coticen la salud, pensión y ARL.

4. No modifica la estructura tributaria municipal, por el contrario, la acentúa. El proyecto crea los Peajes Urbanos y la sobretasa al ACPM e incrementa el impuesto de vehículos. La creación de la sobretasa afectará enormemente el transporte de carga y de pasajeros, pero deja a la ciudad sin la mitad de esta fuente, que deberá acudir a cobrar peajes por usar las vías de la ciudad.

En síntesis este proyecto de ley, queda en deuda con los colombianos, no fortalece los mecanismos del seguro del desempleo ni manda una señal de alivio a miles de comerciantes afectados, nunca los buscaron para suplir sus necesidades pero ahora sí los pondrán a tributar.

Al Gobierno Nacional, al ministro Carrasquilla le recuerdo que los colombianos tenemos muchos huevos, sí muchos como para tragarnos los sapos que acompañan esta reforma tributaria.