La ministra de Educación, Yaneth Giha. | Foto: Ministerio de Educación

EDUCACIÓN

MinEducación estudia sanciones contra ‘pilos’ Involucrados en cartel de 'Los intelectuales'

La ministra Yaneth Giha explicó que tres de los 16 involucrados en el caso hacen parte del programa 'Ser pilo paga' y aunque el reglamento no contempla sanciones específicas para este tipo de conductas, se evaluará con las universidades en las que estudian qué castigo se les impondrá además del proceso penal que se sigue contra ellos.

14 de junio de 2018

Luego de la captura y posterior liberación de las 16 personas implicadas en la suplantación de identidades para presentar los exámenes de admisión en la Universidad del Magdalena, se determinó que tres de ellos son beneficiarios de ‘Ser Pilo Paga‘. El Ministerio de Educación precisó que aunque no están previstas, dentro del manual operativo del programa, sanciones específicas para los ‘pilos‘ que estén involucrados en este tipo de conductas, sí pueden ser sancionados por las universidades en las que estudian.

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“No tenemos sanciones previstas en el manual de ‘Ser Pilo Paga‘. Sin embargo, nuestro equipo de trabajo está ya en conversación con las universidades de las que hacen parte los pilos para ver qué está previsto en sus manuales. De acuerdo con eso, tomaremos una decisión lo antes posible”, afirmó Yaneth Giha, ministra de Educación.

El reglamento del programa cuenta con nueve causales de suspensión definitiva de los desembolsos para las matrículas, entre ellas el abandono injustificado del programa académico, la adulteración de documentos o la presentación de información falsa y suspensión definitiva de los estudios. Sin embargo, esta norma no prevé sanciones para  conductas que no estén relacionadas directamente con el procedimiento del crédito condonable del que son beneficiarios.

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Por lo tanto, como lo anunció el ministerio, las posibles sanciones que se podrían tomar con los estudiantes están en manos de los manuales estudiantiles de cada institución a la que pertenecen. En caso de que los pilos sean expulsados de sus universidades perderían el beneficio de crédito condonable y tendrían que pagar el total del dinero desembolsado por el Icetex.

Giha también aseguró que “Ya estamos evaluando qué tipo de sanciones vamos a dar, posiblemente vamos a terminar quitándole la beca a jóvenes de ‘Ser Pilo Paga’ involucrados en este proceso, también estamos trabajando con las universidades en las que están estos ‘pilos’, mirando qué sanciones tienen en las universidades para articularnos y poder tomar una decisión definitiva en los próximos días”.

Los 16 jóvenes detenidos, provenientes de  universidades de Cartagena, Barranquilla, Sincelejo y Bogotá, fueron denominados por las autoridades como ‘Los intelectuales’. Eran profesionales y estudiantes de semestres avanzados que habían ingresado a la institución para presentar el examen de admisión a medicina, con la promesa de recibir 2,5 millones de pesos si lograban pasarlo. Sin embargo, el cobro a los familiares de quienes querían asegurar el cupo en la universidad oscilaba entre los 20 y 25 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación afirmó que “los informes revelan que los implicados estudiaban los perfiles y capacidades económicas de los alumnos recién graduados de la secundaria para contactarlos y ofrecerles el servicio, y estos a su vez, durante el proceso de selección, mostraban tarjetas de identidad y contraseñas falsas para obtener calificaciones altas y ser admitidos en los programas educativos”.

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Los sindicados fueron dejados en libertad tiempo después de su captura por el juez encargado del caso por que las penas previstas para el delito por el cual se les investiga son menores a cuatro años de cárcel. Sin embargo, siguen vinculados a la investigación. Para las autoridades de la región lo primordial es establecer la estructura que está detrás de la venta de cupos en las universidades. Según las declaraciones del coronel Gustavo Berdugo, comandante de la Policía de Santa Marta, la organización delincuencial es conformada por más de 35 personas y utiliza la misma modalidad en diferentes instituciones públicas del país.