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| 4/26/2018 3:55:00 AM

Qué tanto es el interés de los candidatos por la educación rural

La educación es un factor decisivo en estas elecciones y también un terreno complejo que algunos candidatos eluden. El tema se vuelve más espinoso cuando pasamos al contexto rural. ¿Qué proponen los presidenciables en este ámbito?

La educación rural en los programas presidenciales Qué tanto es el interés de los candidatos por la educación rural Foto: Semana Educación

¿Qué debemos examinar?

Entre todas las inequidades de la educación colombiana, que son muchas y muy profundas, la exclusión del mundo rural campesino, indígena y afrodescendiente es la más dramática. Si bien en esos territorios los chicos terminan la primaria –con muchas limitaciones de calidad, sin previa educación inicial y entre los 11 y 17 años de edad–, solo una tercera parte accede a la secundaria. De estos, solo la quinta parte logra hacerse bachiller y sus opciones de una formación profesional son casi nulas: apenas cuatro de cada 100 habitantes de la ruralidad dispersa tienen estudios superiores.

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No debería extrañarnos que el destino de la generación de relevo en el campo sea una vida precaria, la migración a las ciudades, el embarazo precoz y, no pocas veces, las economías ilegales. Cuando los jóvenes sueñan con formar parte de sociedades campesinas de clase media o de comunidades étnicas con alta calidad de vida, no encuentran opciones. Y, si luchan por ellas, lo hacen sin esperar mucho del Estado o en abierta resistencia hacia él.

Por lo anterior, se necesitan propuestas ambiciosas. Crear desde cero un sistema nacional para las diversas realidades rurales suena extremo en momentos de crisis fiscal. Pero sin duda se requiere y sería algo positivo. Ese sistema de apoyo a las comunidades veredales y a los territorios étnicos representaría no solo que sus saberes propios florezcan en armonía con una educación, cultura y ciencia cosmopolitas, sino también el logro de la paz genuina, la integración nacional y la sostenibilidad ambiental del país. Además, nos evitaría seguir destinando a nuestros niños a la guerra e invirtiendo enormes recursos públicos en ella.

Sin ser más que una idea en ciernes, el Plan Especial de Educación Rural (que el gobierno saliente redactó con la presión y apoyo de la sociedad civil) incluye varias de esas propuestas ambiciosas. Pero es un plan que no se ha puesto en marcha, y el gobierno ni siquiera se ha atrevido a expedirlo oficialmente. De otro lado, son múltiples las experiencias comunitarias que han florecido en medio de un panorama general desolador y que marcan el camino para que un gobierno las pueda replicar, respetando la particularidad de las muchas ruralidades colombianas. Sabemos lo que tenemos que hacer como país, lo hemos probado en pequeño y nos ha funcionado. Pero, a excepción de algunos funcionarios públicos, hace falta voluntad política para hacer lo que se debe y a la escala que toca.

Es necesario preguntar, por lo tanto, ¿entienden los candidatos la magnitud del reto de las educaciones rurales?, ¿advierten el beneficio que implicaría asumirlo?, ¿comprenden la dimensión comunitaria y étnica del problema?,  ¿están dispuestos a hacer los arreglos institucionales y a destinar los recursos que esta política demanda? Un elector en proceso de definir su voto, que quiera cambios profundos para que la buena educación llegue a quienes están más marginados, haría bien en plantearse esas mismas preguntas.

¿Qué candidatos muestran interés genuino en el tema?

Comencemos por afirmar que, de los seis candidatos en contienda, cinco se ocupan de la educación rural. La excepción es Iván Duque. En las 162 propuestas de Duque, esta no se menciona nunca –a decir verdad, campesinos, indígenas, grupos étnicos y en general la realidad rural es prácticamente inexistente en su plan, más allá de la producción agroindustrial–. En un apartado sobre el campo se habla de “bienes públicos rurales”, pero se mencionan como ejemplos el riego y las vías; no hace mención a la educación en estos territorios, ni siquiera como ejemplo. El caso de este programa es por supuesto revelador, y nos hace pensar en el más triste de los escenarios posibles.

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Entre los demás programas, hay tres con un enfoque integral de la educación rural, con análisis y propuestas, aunque breves, concretas: el de Sergio Fajardo, el de Gustavo Petro y el de Germán Vargas. Los otros dos candidatos (Humberto de la Calle y Vivian Morales) mencionan el tema de modo pertinente, aunque muy general.

Para destacar los elementos más interesantes en cada propuesta, la de Gustavo Petro resalta por articular la paz y la educación rural, el peso que le da a la primera infancia rural, a los saberes de las comunidades étnicas y, en general, a la cultura local como fuente de conocimiento en distintas ruralidades. Asimismo, el interés por los docentes rurales y el fortalecimiento de las escuelas normales superiores.

En el caso de Sergio Fajardo, su documento es el único que de manera explícita se compromete a impulsar el Plan Especial de Educación Rural que, como anoté arriba, constituye la principal herramienta en el tema. Además, es muy explícito en materia de educación étnica. Hay ideas concretas y potentes, como darle condiciones de bienestar a las familias de las maestras y maestros rurales para incentivar su arraigo, permitir que las familias campesinas provean la alimentación escolar y ampliar la orientación escolar, la cual es muy sensible en lo rural. Los programas de Petro y Fajardo tienen semejanzas generales en temas educativos, y la educación rural es parte de esos puntos de coincidencia.

El caso de Vargas Lleras es más convencional. Reconoce la disparidad urbano-rural como un reto central y tiene propuestas pertinentes para flexibilizar la oferta en zonas dispersas, alfabetizar y fortalecer el programa Todos a Aprender en estas escuelas. Hay un vacío notorio en estrategias de educación superior para el campo; pero, sobre todo, una gran contradicción con otras áreas del programa, lo que hace pensar que su capítulo educativo no dialogó con los de otros equipos programáticos. El ejemplo más chocante es la nefasta idea de imputabilidad penal desde los 12 años (tema importante para todos los colombianos, incluyendo a las familias campesinas), que aparece en su capítulo de seguridad.

Es interesante el caso del programa de De la Calle. Su diagnóstico es bastante preciso en resaltar los problemas de acceso y calidad en el mundo rural, pero en la parte propositiva se queda corto y sin estrategias diferenciadas, muy limitadas en comparación con las de Fajardo, Petro y Vargas. Sin embargo, se intuye que, en tanto su planteamiento general está orientado a la inequidad y la pobreza, las inequidades rurales quedan implícitas. Temas como un enorme servicio social obligatorio para la paz y el programa Universidad para Todos son ambiciosos y seguramente llegarían con fuerza a lo rural. En todo caso, se echa de menos un mayor detalle en las propuestas asociadas al desarrollo rural y, en especial, a sus vínculos con el conflicto armado, tratándose del candidato llamado a defender con más fuerza las políticas pactadas en La Habana.

Vivian Morales tiene una idea basada en la educación virtual para mejorar el acceso en el mundo rural y, en su enfoque de desarrollo territorial, algunas propuestas de educación técnica agrícola. Ese programa reconoce la importancia de la educación rural, aunque con ideas muy someras. Ciertamente, no es un tema que conmueva especialmente a esta candidata, más preocupada por la educación para defender un modelo conservador de familia.

Tema por tema

Se ha convertido en consenso aceptar la deuda con las nuevas generaciones del mundo rural en acceso y calidad de la educación. Con más variaciones, los candidatos también aceptan que hace falta un enfoque contextualizado de la educación en las ruralidades.

En educación inicial también se menciona explícitamente la brecha rural-urbana en varios programas. Dos propuestas ven la solución de acceso en el ámbito familiar y la escuela rural; otros, en la oferta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, centrándose en el fortalecimiento de los hogares de bienestar. Allí sigue habiendo más intenciones que cómos.

Cuando se habla de básica, se piensa lo rural desde lo étnico, en un régimen especial para los docentes, en la Jornada Única relacionada con la formación integral, en la alimentación, el transporte y la infraestructura. Se concibe la necesidad de una oferta de educación básica para adultos, especialmente en alfabetización. Para la media, algunos candidatos comprenden que su relación con la educación superior es aún más importante en lo rural que en otros contextos y, haciendo énfasis en lo técnico-agrícola, parecen olvidar que la ruralidad contemporánea es cada vez más cultura y ambiente, y menos agricultura.

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En educación superior las propuestas son más ambiguas. Entre las redes regionales de universidades, la formación técnica asociada al mundo productivo y la educación virtual hay cierta nebulosa bien intencionada. La excepción son las ideas de flexibilización del Sena, la articulación de la educación media y la superior y el desarrollo de los Centros Regionales de Educación Superior (Ceres), que tienen bastante potencial.

También tienen en común la idea de mejorar la capacidad de las Secretarías de Educación y las instituciones educativas para garantizar una gestión moderna. Sin embargo, la desconfianza en la descentralización sigue latente en los programas. Solo alguna que otra propuesta entiende la relación indisoluble que siempre hay -y más en el mundo rural- entre construcción comunitaria del proyecto educativo y gestión eficiente y transparente de las escuelas.

En todo caso, hay una carencia general del tamaño de un elefante: como la educación rural de calidad es más costosa que la urbana y la brecha actual es enorme, es muy importante destinar partidas presupuestales suficientes para lo rural. Estamos hablando de atender por lo menos un millón y medio más de personas entre 0 y 25 años, que deberían estar estudiando en el espacio rural (hoy la matrícula rural llega a unos dos millones de pobladores en esas edades). Necesitamos inversiones anuales por estudiante mucho mayores que las actuales.

Es decir, el compromiso con la educación rural implica al menos medio punto del PIB adicional (unos 3 billones de pesos anuales). Los candidatos reconocen en sus programas la necesidad de aumentar significativamente los recursos para la educación y de enfatizar en las regiones con más necesidades el nuevo gasto. Pero ninguno divide esa inversión adicional entre lo rural, el mundo rural disperso y lo étnico o entre cada uno de los niveles de la educación.

En síntesis

Las propuestas más relevantes para la ruralidad aparecen en varios programas simultáneamente, o al menos en unos u otros. En general el tema está en la agenda, con la excepción evidente del programa de Iván Duque. Se destacan las propuestas de Fajardo y Petro por aproximarse al tema y por plantear una mirada comunitaria, que es la carencia más fuerte en los esfuerzos que el país ha hecho hasta ahora.

No obstante, aunque se trata de programas de gobierno viables y con propósitos relevantes, hay incertidumbre en la financiación específica para las propuestas, que siguen siendo difusas en los documentos analizados. La historia muestra que los recursos para la educación rural, más costosa y con menos capacidad de presión política que la del mundo urbano, suelen ser relegados sistemáticamente.

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Esperemos llegar a 2022 con una deuda histórica menor con los territorios rurales y sus nuevas generaciones. De lo contrario, algo es seguro: reciclaremos la violencia, el campo se seguirá despoblando y envejeciendo, y perderemos la diversidad cultural y ambiental mientras sus defensores siguen resistiendo ante centros de poder urbanos indolentes.

*Coordinador Nacional Educapaz

Este artículo hace parte de la edición 33 de la revista Semana Educación. Si quiere informarse sobre lo que pasa en educación en el país y en el exterior, suscríbase ya llamando a los teléfonos (1) 607 3010 en Bogotá o en la línea gratuita 01 8000 51 41 41.

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