entrevista

''Es una expulsión totalmente arbitraria'': Rodrigo Uprimny sobre caso de venezolano acusado de ser espía

El abogado e investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad se refirió al caso de Miguel Ángel Calderon, quien fue expulsado del país por presuntamente ser un riesgo para la seguridad nacional. Su caso no es el único donde hubo fallas en el debido proceso, afirma.


SEMANA: ¿Cuál debía ser el protocolo adecuado para llevar a cabo el proceso de expulsión de Miguel Ángel Calderón?

Rodrigo Uprimny: Migración Colombia aplicó normas reglamentarias, el decreto 1067 de 2017 que sintetiza las normas del ministerio de relaciones exteriores y prevé un proceso sin casi ninguna garantía para expulsiones en casos que se considera afectan la seguridad nacional. En ese sentido, siguió los protocolos y ese decreto. Pero nosotros creemos que es inconstitucional por cuanto no garantiza un mínimo debido proceso en estas expulsiones y contraría sentencias específicas de la Corte Constitucional como la T-500 del 2018 que además dice que, aparte de garantizar el debido proceso, cuando hay ruptura de la unidad familiar tiene que tomarse en consideración ese factor. Lo cual no hizo en ningún momento migración al decidir la expulsión de Miguel Ángel Calderón.

Entonces, aplicó reglamentos y protocolos que tiene, pero violando la Constitución, los partes de Derechos Humanos y desconociendo sentencias de la corte. Es cierto que el pacto internacional de Derechos civiles y políticos autoriza reducir el debido proceso en casos que llama "de imperiosa necesidad nacional", pero creemos que corresponde a un juez evaluar si ese motivo se cumple o no. Y eso no ocurrió en este caso. A Miguel Ángel se le notificó de su expulsión, prácticamente en el avión, durante el momento que iba a ser expulsado por primera vez. Expulsión que se logró detener por una medida cautelar que luego fue levantada al perder la tutela de primera instancia, lo cual le impedía defenderse.

SEMANA: ¿En qué fallas incurrió Migración Colombia al detener a Miguel Ángel Calderón sin tener el fallo de la jueza que avalaba la expulsión?

R.U.: Finalmente el fundamento probatorio de esta expulsión es absolutamente ridícula. Contrariamente a lo que han sostenido el presidente de la República y el director de la Policía, no hay pruebas de que él afectara la seguridad nacional. La única prueba en su contra es un video filmado en donde aparece la residencia familiar del presidente Duque, filmado a más o menos dos cuadras. Un video de 40 segundos que no implica ninguna labor de espionaje ni de riesgo a la seguridad nacional.

Tanto es así que ese mismo día aparecieron en los noticieros televisivos filmaciones más claras del condominio donde vive la familia del presidente Duque, por tanto se había realizado un cacerolazo ese día y por consiguiente fue filmado.

No hay ninguna prueba de que Miguel Ángel Calderón fuera espía o de que fuera un riesgo a la seguridad nacional, por lo cual creemos que es una expulsión totalmente arbitraria. Por eso solicitamos que el gobierno, específicamente Migración Colombia, esperara la sentencia de segunda instancia del juez de tutela que pudiera evaluar con más calma las pruebas para ver si efectivamente se justificaba esa expulsión o si había violación del debido proceso, pero no lo hizo.

Es una tristeza porque eso ocurrió precisamente en el Día Internacional del Migrante que se celebra para proteger sus derechos. El gobierno nacional violó flagrantemente el debido proceso, el derecho a la unidad familiar e incluso la libertad de expresión de Miguel Ángel Calderón.

SEMANA: Miguel Ángel no es el único venezolano que ha sido expulsado desde que se inició el  paro nacional y las protestas ¿Cómo afecta esta medida de expulsión la imagen de la política migratoria de "puertas abiertas" que ha defendido el gobierno?

R.U.: Es cierto que el caso de Miguel Ángel no es el único. En los mismos días en que iba a ser expulsado por primera vez, que se logró detener por la medida cautelar, fueron expulsados aproximadamente 60 venezolanos más porque supuestamente fomentaban actos violentos, pero por la información de prensa las pruebas en estos casos son igualmente precarias.

Yo creo que esto es totalmente desafortunado. Este gobierno y el anterior, el gobierno Santos, habían desarrollado poco a poco una buena política migratoria frente al drama de Venezuela. Colombia podía sentirse orgullosa de los esfuerzos  por acoger a estos migrantes, pero como dice el dicho, lo que escribió con la mano el gobierno lo borra con el codo porque con estas expulsiones arbitrarias rompe la idea de que es un Estado garantista en materia migratoria. Y precisamente lo hace -este último atropello- el Día del Migrante, 18 de diciembre.

Uno se pregunta si esas expulsiones masivas de estos 60 venezolanos, en los días  del paro (no tenemos prueba de eso) no estuvieron motivadas políticamente por el interés de mostrar que detrás del paro había una especie de conspiración internacional dirigida por Venezuela. En la cual terminaron sufriendo los migrantes en Colombia, de forma injusta.

Por último aclaro que si un venezolano, o cualquier otro migrante, comete conductas ilegales que justifican su expulsión, obviamente el estado colombiano tiene derecho a hacerlo, pero debe garantizar el debido proceso y debe tomar en cuenta el impacto de esas decisiones sobre terceros como en este caso sobre la esposa y  la hija de 

Miguel Ángel que son colombianas y que quedaron desprovista de su sustento, por cuanto él era el que proveía al hogar, trabajando como distribuidor en Rappi.

SEMANA: ¿Considera que este tipo de acusaciones contra ciudadanos venezolanos puede aumentar los actos de xenofobia en Colombia?

R.U.: Infortunadamente estas decisiones alimentan la xenofobia porque dan la imagen de que muchos venezolanos están en Colombia para conspirar contra el estado colombiano lo cual genera, si fuera cierto, un rechazo de la población colombiana.

Sin embargo, en ninguno de estos 60 casos hubo pruebas sabidas de que eso fuera así. Y tan claro es que no tenían esas pruebas, que ninguna de esas personas fue judicializada en Colombia por cometer algún delito. Sino que fueron expulsadas juzgando arbitrariamente la facultad de expulsión en casos de "imperiosa necesitad nacional‘‘ puesto que no se garantizó un mínimo debido proceso, en donde un tercer independiente pudiera evaluar si estábamos realmente frente a un caso de imperiosa necesitad nacional. 

Esto es desafortunado, la xenofobia es una estrategia política rentable y usual porque es cierto que las migraciones masivas, como en el caso de Venezuela, generan tensiones culturales, sociales, económicas y es muy fácil políticamente emprenderla contra estas poblaciones que carecen de derechos políticos; que no votan y que por eso no son caudal electoral a tomar en cuenta y que por su situación de precariedad jurídica -por cuanto pueden ser expulsados en determinados momentos- tienden a aceptar los abusos porque consideran, a veces con razón, que si acuden a las autoridades terminarían involucrados en procesos de deportación.