Corte Constitucional permite suspender cobro de cuotas en casos de fraude bancario

En el país, miles de personas son víctimas de delitos informáticos, ya sea por procesos de fraude o por sufrir la suplantación de su identidad por parte de las bandas delictivas.

Como una de las principales medidas para dar un respiro a las personas víctimas de este tipo de hechos, la Corte declaró la constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 190 de 2022, el cual busca proteger a los usuarios del sistema financiero que han sufrido algún tipo de fraude o suplantación.

La propuesta fue analizada y aprobada por las diversas instancias de control político. La medida evita que las personas a las cuales se les sustrajeron sus datos personales de manera ilegal y con los cuales se contrató un servicio o producto, puedan solicitar la cancelación de las cuotas a pagar.

En el pasado, las personas debían realizar la denuncia ante las autoridades para poder acceder a la información del servicio contratado o consultar los créditos sacados a su nombre.

Junto a esto, se busca proteger los derechos de las personas que han sido reportadas ante las centrales de riesgo por servicios o productos financieros que fueron solicitados tras la suplantación de su identidad.

El proceso de suspensión de cobro se desarrollará mediante la colaboración de las empresas en las cuales se solicitó el servicio o producto. Estas realizarán la denuncia para que el usuario pueda aportar las pruebas necesarias.

La suspensión de los cobros se realizará hasta que la justicia concluya su proceso y se logre establecer los hechos que se presentaron. En este punto, se podrá determinar si la deuda desaparece o, si no se considera que se presentó alguna irregularidad, se podrán ejercer los mecanismos de cobro.

Por su parte, las empresas pueden desarrollar sus investigaciones para conocer el origen de los sucesos e informar a los usuarios sobre las labores que se adelantan.

La ley también destaca que se debe informar a todas las autoridades de control sobre las investigaciones que se realicen para que la persona que fue víctima de suplantación no se vea afectada por reportes ante las entidades fiscales y tributarias.

Para finalizar, las personas deben realizar su respectiva denuncia ante las autoridades del país para que quede constancia del delito presentado. En dicha fase, se deben aportar las pruebas necesarias para contribuir a las investigaciones de los cuerpos de seguridad.