“Colombia compra afuera lo que puede producir”

Colombia produce 68 millones de toneladas de alimentos al año. Con ese dato abrió su intervención Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), para acentuar el lugar que ocupa el agro en la economía nacional. Durante el Foro Colombia Rural 2025, presentó la cifra como punto de partida para insistir en que la discusión sobre el campo debe comenzar por el abastecimiento interno.

Recordó que “sin comida no hay vida” y planteó que ese volumen de producción refleja un esfuerzo que se sostiene incluso en escenarios adversos que avanzan con menos rapidez de la que exige la realidad rural. A su juicio, la estabilidad alimentaria del país descansa en una actividad que continúa operando pese a obstáculos que se acumulan sin resolverse.

En su análisis sobre la interlocución con el Gobierno, Bedoya describió un panorama marcado por la inestabilidad regulatoria. Explicó que la SAC envía comunicaciones constantes para advertir sobre decisiones que alteran la operación de las empresas y presentó un dato que resume esa preocupación. “Aquí enviamos casi dos cartas semanales por temas regulatorios que generan mucha preocupación”, señaló. Para él, la frecuencia evidencia la cantidad de ajustes que obligan a modificar siembras, revisar compras de insumos o renegociar contratos. El líder gremial añadió que los ciclos productivos se planifican con meses de antelación y que cualquier modificación inesperada desordena presupuestos y afecta la estabilidad de quienes producen alimentos. Por esa razón insistió en que el sector necesita reglas claras que reduzcan la incertidumbre que rodea la oferta nacional.

La seguridad rural fue otro de los ejes de su intervención en el encuentro. Bedoya habló de un mapa donde la presencia de grupos armados limita la movilidad de trabajadores y transportadores. Mencionó que “en distintas regiones hay presencia de antiguas FARC, de ELN y de Clan del Golfo”, una frase con la que quiso ilustrar el nivel de riesgo al que se enfrentan los productores para mover sus cosechas. Contó que un cierre de vía impuesto por estos actores retrasa entregas, encarece costos y pone en riesgo los compromisos comerciales. Explicó que estas situaciones se trasladan al precio final y afectan sobre todo a los hogares con menor ingreso. Para él, la seguridad es un componente indispensable de la competitividad, y la inestabilidad territorial frena el potencial del campo.

La infraestructura ocupó un tramo amplio de su exposición. Bedoya afirmó que las cifras sobre vías terciarias permanecen sin cambios desde hace años y lo presentó como una muestra del rezago estructural que enfrenta el país. “Seguimos con las mismas cifras de vías terciarias y eso impide que la producción llegue a tiempo”, dijo. A partir de ese punto explicó que la red terciaria sostiene el traslado de las cosechas y que su deterioro retrasa la llegada de alimentos, aumenta las pérdidas y reduce su valor. Señaló que los pequeños y medianos productores son los más afectados, porque dependen de una red vial que no ofrece alternativas. Según él, cualquier proyecto exportador debe empezar por resolver las condiciones básicas de acceso en las zonas rurales.

El análisis también incluyó la situación de los consumidores. Bedoya mencionó que cerca de trece millones de colombianos se encuentran en informalidad laboral, una condición que, según dijo, determina la capacidad de compra de los hogares. Retomó una frase que ha repetido en distintos escenarios: “el consumidor es la razón de ser del sector y su capacidad de compra define la estabilidad de la producción”, señaló. Con ese argumento advirtió que cuando los costos logísticos aumentan, los precios finales se disparan con rapidez y los hogares con menos ingresos resienten el impacto de inmediato. Para él, cualquier distorsión en la cadena de distribución se refleja en la demanda interna y obliga al sector a operar con mayor eficiencia.

Al abordar las oportunidades del agro colombiano, destacó el crecimiento de la avicultura, la porcicultura y la piscicultura. Indicó que estas actividades demandan cada vez más insumos y que el país sigue dependiendo de las importaciones para abastecerlas. Allí pronunció una de las frases más contundentes de su intervención: “la necesidad de materias primas crece y el país compra afuera lo que puede producir”. Mencionó el maíz, la soya y el fríjol como ejemplos de la dependencia que, a su juicio, limita la capacidad de planear costos con anticipación y expone a la agroindustria a la volatilidad internacional. Para Bedoya, aumentar la producción interna reduciría vulnerabilidades y ampliaría la oferta disponible para la industria nacional.

Más adelante se detuvo en la resiliencia del campo. Describió las decisiones cotidianas que toman los productores para evitar pérdidas y citó una expresión que resume esa adaptación permanente: “si una persona del campo no actúa con resiliencia, apaga y vámonos”. Con esa frase quiso mostrar el nivel de esfuerzo que deben asumir quienes enfrentan bloqueos, variaciones climáticas o ajustes normativos. Bedoya recalcó que esta capacidad de adaptación es valiosa, pero aclaró que no puede sustituir las políticas públicas que el país necesita para aliviar la carga sobre las familias rurales.

En la parte final de su intervención habló del marco que, según él, requiere el sector para avanzar. Explicó que el país no puede depender únicamente del esfuerzo individual de los productores y afirmó que se necesitan instituciones fuertes, inversión en infraestructura y estabilidad regulatoria. Señaló que “el agro necesita decisiones claras y protección para sostener su aporte a la economía del país”, una declaración que conectó con la necesidad de garantizar el abastecimiento. Afirmó que la producción de alimentos exige inversiones de largo plazo y que la incertidumbre afecta la toma de decisiones en toda la cadena. Antes de cerrar retomó su frase inicial. Repitió que “sin comida no hay vida” y sostuvo que ese principio debería orientar las decisiones públicas relacionadas con el campo.