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Existe la hipótesis de que la serranía del Baudó, en el Pacífico norte, surgió en el Cretáceo tardío, es decir, hace poco tiempo en términos geológicos: setenta o noventa millones de años, cuando se calcula que ocurrió la compactación de volcanes oceánicos de la placa de Nazca.
La serranía abarca doscientos cincuenta kilómetros de montañas selváticas que se precipitan en el litoral norte del Chocó biogeográfico, desde Cabo Corrientes hasta la provincia de Darién, en Panamá. Al recostarse sobre las costas del océano, va formando prominentes acantilados, interrumpidos a veces por pequeñas bahías y ensenadas donde descansan las playas.
Esas ensenadas, el intercambio de sus masas de agua, la morfología de su relieve oceánico, son una excepcionalidad de la naturaleza.
En Chocó, a la altura del golfo de Tribugá, la plataforma continental es pendiente; a poca distancia de la costa, la batimetría cae vertiginosamente: doce, dieciocho, veintidós metros, y de inmediato profundidades de hasta dos kilómetros.
Las aguas profundas del golfo de Tribugá son también aguas limpias de sedimentos y ricas en nutrientes. Con la selva encima y los suelos rocosos, sus abundantes zonas estuarinas de manglar y sus barras litorales son capaces de atrapar los materiales arrastrados por los ríos caudalosos que allí desembocan.
Ese filtro complejo, sumado a la profundidad de las aguas, es lo que permite que las ballenas, en su ruta migratoria, confíen en sus ensenadas. Allí se detienen, dan a luz, alimentan a sus ballenatos con la altísima disponibilidad de nutrientes y les enseñan a nadar antes de regresar al sur del continente.
Estas aguas profundas, tan cerca de la costa, hacen que el golfo de Tribugá sea visto también como un activo del desarrollo portuario del país. Allí, desde hace años, empresarios y políticos del Eje Cafetero, en alianza con las gobernaciones de la región y algunos congresistas de la República, han querido construir un puerto para buques de hasta doscientas mil toneladas y todo un sistema de infraestructura y comunicación de vías terrestres y fluviales.
Hoy, en torno a la ensenada puntual de Tribugá, al norte de Nuquí –el pueblo grande del municipio, donde están el aeropuerto y la mayoría del comercio– y al sur del Parque Nacional Natural Utría –543 kilómetros cuadrados de área protegida desde 1987–, crece una tensión entre dos visiones de progreso: una que entiende el medioambiente como fuente y condición del sustento prioritario de los nativos del territorio, y otra en la que prima el interés privado en alianza con un modelo de desarrollo nacional dictado desde las capitales andinas del país.
Luego de años de esta incertidumbre, y ante la alarma actual que producen la emergencia climática y las amenazas a la biodiversidad en el mundo, 2020 y 2021 serán quizá momentos definitivos para Tribugá: o bien porque el proyecto portuario recibirá la licencia ambiental y sorteará la consulta previa con las comunidades, o bien porque los bosques primarios y las costas profundas del norte del Chocó serán protegidas definitivamente.
EXPEDICIÓN TRIBUGÁ
Recorro el golfo de Tribugá en lanchas a motor castigadas por las olas. Estoy detrás del rastro de seis documentalistas medioambientales que llevan años visitándolo, registrándolo, preguntándose cómo contarlo y cómo contribuir a su conservación.
Ellos están ahora en las distintas ciudades donde viven –Medellín, Santa Marta, Barcelona, Bratislava–, concentrados en la posproducción de su película definitiva sobre el golfo y en la negociación para llegar al mejor modelo posible de distribución y exhibición, y que así todos los colombianos puedan verla. El documental se titula Expedición Tribugá y su estreno será entre marzo y abril de 2020.
En la ensenada de Tribugá nació el documental colaborativo Expedición Tribugá. Es un lugar de fábula por la exuberancia de la naturaleza, pero también por su historia de abandono.
Expedición Tribugá es un esfuerzo de documentación colaborativa con seis socios como núcleo (Felipe Mesa, Francisco Acosta, Luis Villegas, Jack Farine, Mariana Rivera y David Betancur) y decenas de sujetos orbitales.
Los primeros registros del documental resultaron del acercamiento que Felipe (fotógrafo de naturaleza), Francisco (documentalista) y Poito (guía indígena emberá) hicieron al cerro Jánano, cerca a Arusí, al sur del golfo, en septiembre de 2017. Aunque no son expertos, Francisco y Felipe bajaron alucinados con el tipo de vegetación que encontraron allí y convocaron a distintos científicos con el ánimo de volver y estudiar mejor el territorio. Escribieron una propuesta, la Fundación Sofía Pérez de Soto aceptó financiarlos y así regresaron en febrero de 2018.
Por esos meses, los rumores sobre la construcción de un puerto de aguas profundas en Tribugá se intensificaron. Contactaron entonces a la productora Pavoreal, de Luis y Jack (director y productor; hay un tercer socio, Carlos García), y empezaron a darle vueltas a la idea de hacer una pieza en tres entregas: selva, mar y comunidades.
La posibilidad de tres entregas creó un problema técnico: el registro subacuático. Así llegaron a Mariana (bióloga marina y documentalista) y a David, ambos propietarios de Coral Studio, dedicados durante años a la producción de contenidos para publicidad.
En 2018, los seis abrieron un crowdfunding con el objetivo de recolectar veinte mil dólares para financiar una tercera salida de inspección científica y registro documental. Solo consiguieron 7.200, pero eso no los detuvo. Recortaron el plan de exploración y rodaje de quince a diez días. Mucha gente en el municipio, desde propietarios de hoteles hasta dueños de restaurantes, terminaron ayudándolos.
Los socios orbitales son biólogos y geólogos que recogen muestras de plantas y suelos para avanzar hipótesis sobre la antigüedad y conformación de la serranía costera –cómo y cuándo salió del mar, cuánto impactó el vulcanismo y por qué se llenó de plantas tan rápido–, así como activistas y pobladores interesados en la defensa del golfo de cara al desarrollo portuario.
Más allá del deseo de impactar en la opinión pública, Expedición Tribugá quiere ser el clamor de la necesidad de una gran expedición científica que comprenda al fin aquella dinámica oceánica excepcional: el movimiento de tierra en las playas; el intercambio de aguas en los manglares; la circulación de corrientes en aguas someras y profundas; la geomorfología del fondo marino. Quiere mapear el espacio antes de que lo destruyan. Y si consigue conservarlo, quiere regresar esa información estructurada al territorio y sus comunidades en la forma de un saber conocido hoy como Planeación Espacial Marina.
Desde el principio, los socios nucleares del documental tuvieron que decidir si tomaban el camino riesgoso de la denuncia o el camino de la conmoción de los sentidos.
Tomaron el segundo.
“Luis no quiere que sus hijos crezcan sin padre”, me explica Jack.
Ahora, tras decantar 2,7 teras de registro audiovisual, tienen una curva dramática y un corte de setenta y cinco minutos donde la biodiversidad del golfo de Tribugá enciende al espectador con la fuerza con que el agua corre allí en todos sus colores. Verlo y oírlo resulta estremecedor.
SOBREVUELOS
En 2002, Andrés Uriel Gallego, ministro de Transporte del gobierno de Álvaro Uribe, trajo como asesor para la región del Chocó al arquitecto oriundo Darío Prado Misas, a quien encargaron traducir la voluntad siempre postergada de “integrar la región Pacífica a la economía y desarrollo del país”. Prado estructuró una visión que bautizó Plan Arquímedes.
“En Colombia, para pensar el desarrollo la gente habla de ‘proyectos’. Nada más equivocado. Arquímedes es una visión de pensamiento sistémico que desplazaría el triángulo de oro tradicional en Colombia (Bogotá-Medellín-Cali), enmarcado en las montañas, y lo acercaría a los mares, a la cuenca del Pacífico, que hoy representa el 60 % del pib del mundo”.
Uno de los científicos que ha visitado la zona vio operar esta retroexcavadora todos los días durante su trabajo de campo. “La cantidad de minería ilegal es impresionante. La operación de una máquina de esas vale millones al día”, dijo.
Sentado en una cafetería en Medellín, luego de leer varias de sus publicaciones sobre el Plan Arquímedes, escucho a Prado defender la arquitectura del plan. También me expone las diferencias sustanciales que hoy tiene con los administradores de las sociedades involucradas: la Sociedad Promotora Arquímedes y la Sociedad Portuaria del Pacífico Tribugá S. A. “Han manejado muy mal las cosas con las comunidades, y sin ellas esa tierra ni existiría”.
En varias ocasiones, el propio Uribe asoció el desarrollo del Pacífico con “el avance de la carretera hacia el océano”. Incluso, en el tiempo breve de armonía que sostuvo con la República Bolivariana de Venezuela, él y Hugo Chávez hablaron del gasoducto Maracaibo-Tribugá. En 2004, el embajador de la República Popular China visitó Chocó. Cuentan que hizo varios sobrevuelos y que se reunió con el alcalde de Dosquebradas, en Risaralda, donde manifestó el deseo de que empresas chinas se establecieran en el territorio costero para aprovechar sus ventajas exportadoras.
El sobrevuelo de los chinos no ha sido el único determinante en la historia de las costas del golfo de Tribugá. Hubo uno anterior, por la década de los setenta. Lo hizo la avioneta de Germán Gaviria Rodríguez, un comerciante del Eje Cafetero que divisó desde el cielo un banco formidable de peces, preguntó cómo se llamaban esas costas y mandó a comprar toda la tierra posible. Así nació Filetes del Mar, la única enlatadora de pescado del Pacífico hasta la apertura económica en los años noventa. “Ellos acá en Nuquí les daban trabajo a 1.500 personas”, me cuenta un comerciante que llegó al territorio en 2005 como empleado de Gaviria Rodríguez.
Durante años, quienes hicieron las compras de tierra en Tribugá para Gaviria Rodríguez fueron los hermanos William y Javier Antonio Mejía Ochoa, hoy accionistas de Arquímedes y dos de los diecinueve propietarios de predios en Tribugá donde ocurriría el desarrollo portuario.
Le pregunto a William Naranjo, actual gerente de la Sociedad Arquímedes, por una historia que una fuente, que me pidió proteger su nombre, me contó en mi visita al municipio: según ella, parte de la tierra de los Mejía Ochoa en Tribugá estuvo en pleito jurídico con los herederos de Gaviria Rodríguez. Naranjo me contesta: “No existe una sola controversia jurídica, se trata de un rumor falso y malintencionado”.
SOMOS LA RIQUEZA
Las bambas y las raíces serpenteantes de los árboles pueden tener muchos metros de longitud.
Durante 2018 y 2019, el cubrimiento periodístico de lo que viene sucediendo en este territorio chocoano equiparó Sociedad Arquímedes con Puerto de Tribugá, lo que resulta impreciso porque detrás de Arquímedes está también la Sociedad Portuaria –que vendió paquetes accionarios desde antes de 2007– y porque el Plan Arquímedes supone muchas más obras de infraestructura aparte del megapuerto; tantas, que el plan completo tiene un componente norte y un componente sur.
De hecho, para los científicos con los que hablé, involucrados en el golfo, el mayor daño ambiental no lo causaría el puerto, sino la terminación de la carretera Ánimas-Nuquí, o el tren que han propuesto en los últimos dos años tras no haber obtenido las licencias ambientales para tres tramos de la carretera que suman cincuenta y siete kilómetros entre El Afirmado y Copidijo. Estos proyectos, dicen, obligarían a romper la cobertura vegetal del bosque primario, crucial para mantener compacta una topografía absolutamente sensible a la erosión. “La montaña se vendría sobre las playas”, dicen.
El Plan Arquímedes está cimentado sobre lo que podría denominarse la lógica nbi. nbi es la metodología que utiliza el Dane para medir el cubrimiento de las necesidades básicas insatisfechas. De acuerdo a ella, el Chocó es un departamento abiertamente pobre donde urge entonces intervenir con propuestas de infraestructura como Arquímedes, que a su vez traerá “desarrollo”, que a su vez traerá “empleo”, que a su vez traerá el hospital que el municipio de Nuquí lleva décadas esperando.
Pero no termina uno de leer la cadena de subordinaciones y ya entiende la trampa del argumento: ¿por qué el hospital, obligación del Estado, resulta hoy condicionado, para estas comunidades del Pacífico, a la aceptación del Plan Arquímedes?
La vida de Josefina Klinger, lideresa territorial y fundadora de la organización Mano Cambiada, bien puede comprenderse como respuesta a esta pregunta y a la lógica nbi. “No todo nos falta. La selva y el agua, que desde que éramos niñas nos dijeron impedían nuestro ‘progreso’, no son nuestros enemigos. Nosotros somos la biodiversidad. Este territorio y sus comunidades somos la riqueza”.
Klinger empezó a trabajar en turismo en 1991. Rápidamente descubrió que todo iba a salir mal. Si no hacían algo, el golfo iba a convertirse en otra Cartagena. “Nosotros no somos un hotel con pueblo; somos un pueblo con historia”. Cambiar el paradigma que señala al Chocó como “tierra pobre” requería, a juicio de Klinger, poner en marcha un modelo económico acorde con otra visión de desarrollo. “Hace veintidós años, cuando empezó a hablarse del puerto, la comunidad no estaba preparada. Ni siquiera hoy acabamos de estar unificados”.
Mano Cambiada administró la concesión del Parque Utría a través del modelo de turismo comunitario –donde representantes de la comunidad participan de manera directa como proveedores y gestores de servicios turísticos– entre 2010 y 2018. Solo al séptimo año alcanzaron punto de equilibrio. Tardaron tanto por el tipo de contrato que ofrece Parques Nacionales Naturales y por la falta de infraestructura turística. “Nadie quería encargarse de eso. Pero yo tenía que romper el paradigma de que lo comunitario no es serio o es de pobres”.
Hoy el turismo comunitario convive con el ecoturismo de alta gama para extranjeros en el golfo de Tribugá. Sin embargo, tal convivencia está lejos de ser una tensión resuelta. “Hay gente de afuera que usted ve de activistas contra el puerto. Pero también vienen y compran territorio barato por cinco o quince millones. Con esos personajes tengo mis distancias. Son otras formas de desplazar”.
En el discurso de Klinger recurren dos elementos más: la metáfora de la ensenada de Utría como fuerza femenina y la importancia de educar a los jóvenes del municipio en una visión alternativa de desarrollo: “Los docentes te declaran no grata cuando los confrontas. La educación va por un lado y la dinámica social y productiva del territorio, por otro. Mientras más desesperanzados estemos, mientras más consigan sembrar esa desesperanza en los jóvenes, más vamos a creer que la salvación viene de afuera”.
“SU VIDA ES EL BOSQUE”
Los poblados del golfo de Tribugá son muy distintos entre sí en tamaño, en manejo de playas, en acceso a servicios públicos, en cercanía al turismo extranjero o al turismo comunitario. Tribugá, dentro de la ensenada en cuya costa exterior está planeado el puerto, es hoy el único pauperizado. Hay menos comercio, la vida nocturna es escasa y se habla del 30 % o 40 % de su población desplazada.
Estas tierras litorales chocoanas tienen otras singularidades biogeográficas. Comprendí varias cuando conversé con María José Sanín, una de las primeras científicas en sumarse a Expedición Tribugá. Sanín es especialista en biogeografía de plantas y conoce el golfo desde niña. Sus principales intereses en los últimos años han sido la ecología y la genética de poblaciones. Ha venido recogiendo datos y trabajándolos con geólogos para comprender cómo se levantaron los Andes. Intentó conseguir financiación para investigar en la serranía del Baudó, pero nunca se la dieron. Por eso acabó concentrándose en los Andes.
En las montañas costeras, cuando hay exceso de humedad, con subir unos pocos metros sobre el nivel del mar suelen ocurrir recambios de especies. Ese reemplazo, llamado “zonación”, en Jánano se acorta y se compacta de manera asombrosa. “A cuatrocientos metros cambia por completo el ambiente abiótico. Hay palmas y árboles diferentes, la luminosidad misma se transforma. Y en la cima, a 623 metros, es como si estuvieras en un bosque de niebla a dos mil metros, achaparrado, lleno de musgo, de epífitas, de helechos arbóreos, con el mar al frente. Todo esto explica en parte la altísima presencia de plantas endémicas”.
De aquella cima que hizo en Jánano en 2018 junto al equipo de Expedición Tribugá, Sanín recuerda con lujo de detalles la destreza de Veneno y Poito, los guías emberá: la manera como levantaron el campamento en minutos; los cortes con que construyeron camarotes para ellos. Mientras ella abría la bolsa de lentejas, Veneno caminó hasta la quebrada, cazó una langosta de veinte centímetros, hizo un fuego y empezó a cocinarla.
Sanín me habló del conocimiento indígena de las plantas medicinales de la serranía y de nuestra absoluta ignorancia al respecto como colombianos. “¿Qué ha determinado que haya tantas especies en nuestros ecosistemas? Para mí no hay otra pregunta más importante para definir nuestra cultura. Queremos definirnos como exportadores de café, como futbolistas, pero esos no son los rasgos contundentes de la biodiversidad de nuestro territorio, que es nuestra fortaleza”.
Le pregunté por un asunto que hace años me perturba: ¿por qué, a pesar de la enorme cantidad de información científica disponible, y ante la emergencia climática, la mayoría de las personas no transformamos nuestros hábitos? “Desaparecimos una pieza fundamental: la experiencia. Si le preguntas a un indígena emberá por qué es importante el bosque, él no va a listarte todo lo que sabe, porque para él la pregunta es ilógica. Él es el bosque, su vida es el bosque”.
MERCADO DE CARBONO
Paso la mañana del viernes 8 de noviembre de 2019 en Nuquí con Harry Mosquera, representante legal del Consejo Comunitario General Los Riscales –detentor del título colectivo que recoge a las nueve comunidades afro que habitan el golfo de Tribugá–. Sigue agitado por el trabajo de vigilancia electoral de la semana anterior y atiende la visita de Samira Moreno, coordinadora en Bogotá del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico.
Arriba, el grupo de Expedición Tribugá. Abajo, Juan Sebastián Jaramillo mira en detalle las características de las rocas de Jánano. Y a la derecha, Dino Jesús Tuberquia sostiene una inflorescencia de una planta de la familia Cyclanthaceae, que él estudia.
Entramos al local de Riscales. Están Yefer Gamboa y dos sujetos de su equipo. Gamboa acaba de ser elegido alcalde de Nuquí (Mosquera fue su jefe de debate). El ambiente no es de celebración. Ganaron con 1.425 votos. El segundo en la contienda, Guillermo Mena, del Partido de la U, representante de doce años de continuismo y partidario del puerto, sacó 1.384 votos. Cuarenta y un votos de diferencia en un electorado potencial de 5.894 personas. “El sábado el voto lo estaban pagando a quinientos mil pesos”. Recojo mi mandíbula del piso. ¿Quién puede pagar semejante cantidad de dinero por un voto, considerando que más del 75 % de la población participó?
Moreno es la que más habla. Tira línea y hace preguntas. Su principal preocupación es la formulación del Plan de Desarrollo. Ambas autoridades territoriales le reportan: el plan recogerá necesidades básicas insatisfechas demandadas por la gente. “La interconexión a una central eléctrica. El alcantarillado y el pavimento en las calles. Temas sociales: los jóvenes se nos están devolviendo, pero para buscar cocaína en el mar”.
Moreno les cuenta sobre cierta gestión que intentó hacer en la Dirección Nacional de Planeación: producir un instructivo que indicara cómo deben formularse los Planes de Etnodesarrollo y los Planes de Vida de comunidades afro e indígenas, y obligar a alcaldes y gobernadores, con población étnica en sus territorios, a incorporarlos. No tuvo éxito. “En el DNP no se enteran… Es el racismo estructural; el racismo no es ‘me discriminaron’; el racismo es que se niegan a incorporar la mirada de desarrollo de los indígenas y los negros en la planeación de país”.
Más tarde, en el muelle de Nuquí, pensando en Klinger y en sus tesis sobre la necesidad de un modelo alternativo de desarrollo para la región, le pregunto a Mosquera por los avances de Riscales en materia de bonos de carbono.
El mercado de carbono es la punta de lanza de los “servicios ecosistémicos”, que permiten tasar en dólares los servicios de la naturaleza; calcular, por ejemplo, el valor de una hectárea de manglar en términos de su condición de salacuna y fijador de carbono. Un análisis reciente del fmi estimó el valor de una ballena en varios millones de dólares, considerando que cada una puede llegar a absorber treinta y tres toneladas de co2 a lo largo de su vida, para no hablar del equilibrio que constituyen junto al zooplancton y el fitoplancton, organismos que aportan la mitad del oxígeno en la atmósfera de la Tierra.
En particular, el mercado de carbono se refiere a la compra y venta de “crédito” que representa la captura o emisión evitada de una tonelada métrica (t) de dióxido de carbono equivalente (tCO2e). Sé que Riscales lleva años concretando esta posibilidad, en marcha en otras nueve zonas de protección de bosques del Chocó biogeográfico.
Mosquera me actualiza. En octubre de 2019, el Fondo Sueco-Noruego, sus socios en una primera fase, cerraron la línea de bosques y climas en Colombia. Buscaron entonces otro socio y encontraron a ICO Internacional. “Ellos pondrán los recursos que hacen falta para la fase de verificación. Para julio de 2020 queremos tener ya en la plataforma carbono disponible para el mercado”.
Le pregunto si Riscales no ha tenido reservas frente a este mecanismo –creado por Naciones Unidas en 2005–, porque parece un invento de la propia economía de mercado para paliar los excesos del capitalismo salvaje. Me contesta despacio, con la seguridad de quien lleva generaciones meditando las cosas. “En este siglo, las comunidades hemos decidido un viraje. El mercado de carbono nos asegura la permanencia de los recursos naturales, nuestra subsistencia, al tiempo que nos permite capitalizarnos. No es la lógica capitalista imponiéndonos nada. Somos nosotros en un negocio compatible con el modelo de desarrollo que hemos elegido para resolver tareas inaplazables que aún tenemos en los territorios”.
SABERES TRANSFORMADOS
Andrés Osorio tiene un PhD en Ingeniería Portuaria. Dirige el grupo de investigación Oceánicos de la Universidad Nacional sede Medellín. Paula Zapata tiene un PhD en Biología Marina y Ecología, volvió al país hace tres años y se incorporó al grupo de robótica submarina de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en la Facultad de Ingeniería. Ambos formaron parte de la tercera salida de Expedición Tribugá.
Para Osorio, la ingeniería portuaria es cada vez más una forma de bioingeniería. “Ya no podemos pensar en domar la naturaleza”. Osorio me habla de la emergencia climática y de la desaparición acelerada de las costas sembradas de cemento por nuestra especie desde hace siglos. Luego me cuenta sobre las nuevas tareas en su campo: “Ahora empiezan a pedirnos la restauración de un bosque o de un ecosistema de manglar”. Una mutación similar describe Zapata: hoy la biología marina que trabaja con equipos de exploración submarina está obligada a recolectar datos de acuerdo a intereses públicos definidos.
En buques o pequeñas embarcaciones equipadas con sensores acústicos y ópticos, científicos e ingenieros como Zapata y Osorio procuran información oceanográfica y geomorfológica del fondo marino: dónde hay pendientes, rugosidades, sedimentos; de qué tipo son; cómo se comportan las columnas de agua. Con esa información levantada, y la intervención de inteligencia artificial, producen mapas. A partir de esos mapas y del intercambio de conocimientos con pescadores nativos, eligen ciertos puntos estratégicos y se sumergen con buzos o con vehículos autónomos no tripulados para caracterizar la biodiversidad: corales, peces, distribución de las especies, comerciales y ecológicas. “Así funciona la Planeación Espacial Marina”, explica Zapata.
Ambos científicos, junto a otros colegas que participaron en el documental, han empezado a planear este trabajo sofisticado de cartografía del golfo de Tribugá con el propósito de que las comunidades tomen decisiones informadas –los estudios de Invemar hasta ahora disponibles son viejos e insuficientes–. En 2020 cerrarán una propuesta y saldrán a buscar fondos internacionales.
En 2019 quisieron presentarse a la convocatoria de Colciencias para fortalecer el Sistema Territorial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Necesitaban aliarse con un proponente local. La entidad natural debía ser Codechocó, pero, a su juicio, la corporación es un fortín politiquero y está a favor del puerto, así que no perdieron el tiempo. (Le escribí a Teófilo Cuesta-Borja, director de la corporación entre 2016 y 2019, preguntándole al respecto, pero no me contestó.)
Para el productor Jack Farine, ejecutar una propuesta de exploración y documentación de gran envergadura será más importante para la protección del golfo que el documental mismo. En diciembre de 2019, cuando volvimos a encontrarnos en Medellín, su postura había cambiado. Las marchas en torno al paro nacional habían elevado sus esperanzas: “De pronto sí es posible despertar la conciencia de la ciudadanía”.
LICENCIA AMBIENTAL
Hoy el objetivo de los interesados en construir el puerto en Tribugá es conseguir que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) entregue los “términos de referencia” para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y así poder continuar con el proceso de licenciamiento.
No obstante, desde 2015, la Anla condicionó la entrega de esos términos de referencia a la elaboración de un Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), documento que exige presentar dos lugares diferentes a la ensenada de Tribugá para la construcción del puerto, así como un “análisis de sensibilidad ambiental”.
Según William Naranjo, el DAA fue radicado; esto a pesar de que, en varias ocasiones, interesados en el proyecto como el exgobernador de Caldas Guido Echeverri (2016-2019) se quejaron por escrito ante el ejecutivo por tener que hacerlo. La queja de Echeverri, dirigida en agosto de 2018 al recién posesionado ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, consiste en no aceptar la idea de que el puerto pueda ser construido en otro lugar: “La solicitud de un DAA despoja de su razón de ser al proyecto portuario”.
Luego de estudiar ese primer DAA, la Anla solicitó en noviembre de 2018 una “profundización”. Arquímedes la preparó durante 2019 y la radicó la penúltima semana de diciembre. Le pregunté a Naranjo por detalles. Me dijo que son reservados, pero luego me contó que fueron a campo. “Un DAA se hace con fuentes secundarias. Nosotros, sin embargo, quisimos hacerlo más completo con la ayuda de nuestros amigos en Chocó”. Le pregunté por esos amigos, pero ya no me contestó.
A raíz de la atención que esta historia recibió en medios de comunicación a mediados de 2019, cuando el gobierno Duque incluyó el proyecto de Tribugá en su Plan de Desarrollo y llegó a convocarse una audiencia pública en el Congreso, la Procuraduría le preguntó a la Anla por el estado del proceso de licenciamiento. Aunque no sepamos cuál será el veredicto de la agencia respecto al segundo DAA, en esas respuestas a la Procuraduría existe una pista crucial.
La “carta verde” más importante con que cuenta Arquímedes es un pronunciamiento de Codechocó de julio de 2017. Según la autoridad ambiental del departamento, el proyecto del puerto es “compatible” con la declaratoria de Distrito Regional de Manejo Integral (DRMI), figura que desde 2014 cobija al golfo entero y que tiene como espíritu proteger lugares naturales sensibles con un grado ya considerable de intervención, es decir, lugares donde es necesario conciliar el desarrollo local de comunidades con los servicios ambientales prestados por los ecosistemas protegidos.
Para la Anla, sin embargo, y tras haber consultado con otras entidades públicas, el concepto de Codechocó es insuficiente: “[…] a la fecha, esta autoridad no cuenta con los elementos técnicos ni jurídicos suficientes para poder determinar la viabilidad ambiental del proyecto desde la óptica de las actividades permitidas y compatibles con los objetivos de la declaratoria del área protegida en mención”.
Más aún: luego de poner en duda la principal carta verde de Arquímedes, la Anla desarrolló para la Procuraduría General de la Nación una lista de “atributos” de la ensenada de Tribugá y reconoció su condición de “sitio de congregación de ballenas jorobadas”, donde se aparean, paren, lactan y crían a los ballenatos, y no de mero “lugar de paso”, como ha sostenido Arquímedes. También reconoce la relación entre la preservación de los ecosistemas y los medios de vida tradicionales de las comunidades: agricultura, pesca sin trasmallo, ganadería a pequeña escala, servicios no maderables del bosque, ecoturismo.
En otras palabras, uno lee las trece páginas de respuesta de la Anla a la Procuraduría y percibe una masa crítica que no hace imaginable la aprobación de una licencia ambiental. Contra esa masa crítica construida sigue trabajando hoy Arquímedes.
PUNTO ESPERANZA
Expedición Tribugá está cerca de estrenarse y los seis socios nucleares que participaron en la producción ya no son los mismos. “El documental es un organismo vivo que se transforma. Nosotros todos nos transformamos con él”.
Pavoreal, la productora de Luis y Jack, que antes hacía documentales de manera convencional (“escribes el proyecto, buscas financiación, esperas; acá era diferente, teníamos urgencia”), hoy está resuelta a continuar en la línea de la documentación ambientalista colaborativa. “Te conmueve la cantidad de gente dispuesta a sumarse: Diego Cardeñosa, de la Fundación Colombia Azul, que estaba trabajando allí con tiburones, nos compartió sus vuelos de dron; Natalia Botero, especialista en cetáceos y directora de la Fundación Macuáticos, aportó material audiovisual; Alejandro Escobar, el sonidista, cobra durísimo, pero aceptó trabajar por una fracción de su tarifa; Merlín Producciones, Juancho Valencia, de una dijo sí; la musicalización es exquisita”, cuenta Luis emocionado.
El compromiso ciudadano que la historia del golfo de Tribugá despierta se metió también a la vida íntima de Felipe Mesa, el fotógrafo de naturaleza que primero se obsesionó con la idea de subir al cerro Jánano. Su novia, Carolina Gaviria, que no había ido al territorio, pero sabía de la obsesión de Mesa, averiguó sobre una cierta denominación Hope Spot (Punto Esperanza), otorgada por la organización Mission Blue, la alianza para la conservación de los océanos más poderosa del planeta.
Los Puntos Esperanza son hoy alrededor de ciento veinte. Entre ellos están los canales patagónicos en Chile y los arrecifes coralinos profundos del golfo de México. La denominación quiere contribuir al esfuerzo de las comunidades locales por proteger zonas excepcionales de los océanos. Mission Blue es dirigida por la célebre oceanógrafa Sylvia Earle, cuya historia fascinante está contada en un documental de Netflix ganador en 2015 de tres premios Emmy.
Carolina coordinó la repartición de las preguntas que había que contestar para que el golfo de Tribugá obtuviera la denominación y el mundo pusiera los ojos en él. Juntó las respuestas y las evidencias de varios científicos y se ocupó del envío. El golfo de Tribugá fue reconocido como Punto Esperanza en agosto de 2019.
A propósito de escalas internacionales, un dato más: en el Environmental Justice Atlas, www.ejatlas.org, pueden ubicarse y leerse detalles de cientos de casos de conflictos ambientales alrededor del mundo. Se trata de una base de datos escalofriante: uno pasa una mañana allí y sale con la sensación de un mundo en guerras ambientales a baja escala.
En la última sección sobre el conflicto en Tribugá, tras presentar una lista de empresas y oficinas de gobierno involucradas, el atlas enumera veinticinco posibles impactos ambientales: polución del aire, pérdida de biodiversidad (agraria y de fauna silvestre), desertificación, sequías, incendios, inundaciones, flujo de lodo, polución auditiva –el más sensible de los impacto para la concentración de las ballenas en la zona–, contaminación genética, pérdida de paisaje, deforestación, pérdida de cobertura vegetal, inseguridad alimentaria, contaminación y erosión de suelos, desbordamiento de residuos, contaminación de aguas superficiales, contaminación y disminución de aguas subterráneas, disminución de la calidad del agua (fisicoquímica y biológica), perturbación a gran escala de sistemas hídricos y geológicos, reducción de la conectividad ecológica, calentamiento global.
UN ESCALOFRÍO
A cincuenta kilómetros al interior del departamento, algo al sur del paralelo entre Tribugá y Quibdó, en el corregimiento La Victoria, municipio Cantón de San Pablo, un científico que me pidió proteger su nombre pasó el mes de mayo de 2019 investigando anfibios. En una de sus salidas se atrevió a acercar su cámara a la retroexcavadora que vio operar todos los días durante su trabajo de campo. “La cantidad de minería ilegal es impresionante. La operación de una máquina de esas vale millones al día”.
¿Qué saldría entonces por aquel eventual puerto en Tribugá? Todos los científicos con los que hablé, e incluso Marcelo Mejía, subdirector de la Federación Nacional de Departamentos, coinciden en un mismo temor: el puerto no estimularía las exportaciones del país –bien se conoce que la capacidad exportadora del puerto de Buenaventura está subutilizada–; estimularía la salida de recursos naturales: madera, oro, especies vegetales y animales.
ESPACIO PÚBLICO
El Pacífico colombiano alberga una gran diversidad de especies en sus ecosistemas marinos, costeros y terrestres. Aquí aparecen la colosal yubarta o ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), y animales más pequeños como la serpiente perico (Leptophis ahaetulla) y cangrejos que viven en las playas o en las zonas húmedas de las quebradas.
Seguir el rastro del documental colaborativo Expedición Tribugá me obligó a desentrañar puentes de sentido no convencionales entre la cultura, la política, distintos saberes y el activismo medioambiental. No son vínculos caprichosos. Vislumbrarlos demanda en parte abandonar nuestros binarismos urbanos habituales.
Recuerdo ahora la mirada de la científica Sanín: ¿qué elegimos comprender y reportar como rasgos distintivos de nuestra cultura? Por lo general, la biodiversidad deslumbrante de nuestras selvas, montañas y costas no es lo primero en lo que pensamos, y no lo es porque nuestra estrecha noción urbana de biodiversidad supone número-de-plantas-y-animales, y no el entramado complejo entre los ecosistemas y nosotros.
Oímos hablar del manglar y, en el mejor de los casos, pensamos en un espacio donde se recoge piangua y luego se cocina. Pero, ¿qué sabemos de lo que allí conversan y construyen madres y niños mientras trabajan aquellas raíces en los estuarios?
Quizás la ignorancia de estos puentes de sentido –de estas relaciones otras entre cultura, política y medioambiente–, propios de geografías como la serranía del Baudó y sus golfos, explica por qué la vida y la actividad de los líderes territoriales en Colombia son despreciadas por las instituciones centrales y buena parte de nuestros compatriotas. No conseguimos valorar quiénes son y lo que representan porque ignoramos de manera dramática las dinámicas sociales particulares de sus territorios.
En los próximos años, independientemente del avance o no del proyecto portuario en Tribugá, el municipio de Nuquí enfrentará tensiones como el ordenamiento territorial de largo plazo o el fortalecimiento del turismo comunitario frente al ecoturismo para extranjeros con gastos de trescientos dólares al día y poca generación de empleo para los locales.
Serán varias las trayectorias posibles en medio de un país que vuelve a ser presa del relato del orden público, la guerra contra el narcotráfico, las guerrillas –sus disidencias–, el neoparamilitarismo y un gobierno que le ha puesto barreras a la implementación del Acuerdo de Paz. En cualquiera de esas trayectorias, una cosa parece cierta: la protección o no de la biodiversidad excepcional del norte del Chocó no es una dicotomía simple entre una economía de mercado que busca el desarrollo comercial y un conservacionismo a ultranza que pretende la paralización de la región.
Cuando creímos que la emergencia climática significaba al tiempo la llana impugnación del sistema capitalista, descubrimos que la economía de mercado lleva al menos tres décadas imaginando y operando formas de revalorar nuestra medición, comprensión y relación con la naturaleza. Eso es lo que hacen la noción de servicios ecosistémicos y la Planeación Espacial Marina.
Cuando creímos que la gobernanza ambiental pasaba por la preservación de los ecosistemas de subsistencia de determinadas comunidades distantes de los centros urbanos, resulta que esas comunidades comprendieron el tejemaneje de la preservación como un negocio global. Es lo que ofrece la realidad del mercado de carbono.
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Recuerdo las playas de Nuquí, grises e inclinadas, largas como abrazos del cielo; recuerdo la tarde de domingo que pasé allí contemplando a la gente caminar, a las familias charlar, tomar cerveza, el picó rompiendo, los niños correteando garzas despistadas.
Recuerdo el sol naranja viajando despacio y yo tratando de imaginar la vida allí en aquellas 165.000 hectáreas de bosque húmedo tropical de los cuatro resguardos indígenas emberá que se traslapan con el Parque Nacional Natural Utría; la vida allí en las 31.000 hectáreas y riberas de territorio colectivo de las nueve comunidades negras que pueblan el golfo de Tribugá. Y me recuerdo repitiendo “este es su espacio público” –en un país donde la guerra hizo desaparecer para todos el espacio público–: aire puro, agua limpia, alimento asegurado; el sol cayendo despacio.
Pienso en aquel espacio público inconmensurable y me digo: son complejas las fuerzas en juego en estas tierras litorales chocoanas, es cierto, pero llegará pronto el día en que las tensiones entre estas fuerzas sean insostenibles y algo tenga que ocurrir. Y entonces, cuando algo vaya a ocurrir, ¿qué haremos nosotros como ciudadanos informados?
(Antes del cierre de este reportaje, el jueves 9 de enero, en la comunidad de Agua Blanca, corregimiento de Nuquí, fue asesinado el líder indígena y defensor de derechos humanos Anuar Rojas Isamará. Luego del crimen, más de cien indígenas emberá-wounaan huyeron de su tierra.)
Los viajes que hicieron posible este reportaje se hicieron gracias al apoyo de WWF.