“Nuestro enfoque es claro: recuperar el control territorial y combinarlo con proyectos productivos que reemplacen economías ilícitas”: Dilian Francisca Toro

La seguridad en el Valle del Cauca enfrenta un momento crítico. A la expansión del Estado Mayor Central en Jamundí se suma la presencia del Clan del Golfo en el norte del departamento y del ELN en Buenaventura, mientras que distintas bandas criminales mantienen disputas en ciudades como Cali, Tuluá, Buga y Buenaventura. Estos niveles de violencia se reflejan en las cifras: el 80% de los homicidios están ligados a ajustes de cuentas entre estructuras ilegales, según cifras oficiales.

Frente a este panorama, la Gobernación del Valle del Cauca, bajo el liderazgo de Dilian Francisca Toro, ha recurrido a una estrategia que combina ofensivas militares, aumento del uso de tecnología e inversión social para contener la inseguridad. En el centro de este plan está la Tasa de Seguridad, un instrumento que ha permitido financiar batallones de alta montaña, dotar a la Fuerza Pública con chalecos y cascos antibalísticos, adquirir radios satelitales, sistemas antidrones y más de 500 cámaras de vigilancia.

Gracias a estos recursos, que también incluyen el fortalecimiento del Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad en Buga, ha sido posible neutralizar ataques con drones, recuperar vehículos robados y respaldar la captura de delincuentes de alto impacto. Toro insiste en que la seguridad no se mide únicamente con estas cifras. La Tasa también financia programas de convivencia y prevención como Fuerza Joven, que vincula a miles de jóvenes y les ofrece alternativas frente al reclutamiento forzado.

SEMANA: ¿Cuáles son los principales retos de seguridad en el Valle del Cauca, tanto en zonas urbanas como rurales?

Dilian Francisca Toro (D.F.T): En las zonas rurales, los principales retos que tenemos en este momento son la expansión del Estado Mayor Central en Jamundí, donde se han fortalecido mucho, la presencia del Clan del Golfo en el norte del Valle, por su cercanía con Chocó, y el ELN en el norte del Valle y en el Bajo Calima, en Buenaventura. En las zonas urbanas, el desafío es contener y acabar con las bandas criminales en ciudades como Cali, Tuluá, Buga y Buenaventura. Todo esto incide directamente en la tasa de homicidios: el 80% de los homicidios son por ajustes de cuentas entre grupos ilegales, solo el 20% se debe a intolerancia. Por eso nuestra prioridad es golpear tanto a los grupos como a sus finanzas, que provienen del narcotráfico, el microtráfico y la minería ilegal.

SEMANA: ¿Cómo está enfrentando estos desafíos de seguridad?

D.F.T: Desde el inicio de mi mandato establecimos una ofensiva sostenida en zonas críticas, especialmente contra estructuras como la columna Jaime Martínez. Actualmente hay operaciones del Ejército que llevan más de cuatro meses continuos y que seguiremos sosteniendo. Además, estamos impulsando la creación de cuatro batallones de alta montaña en puntos estratégicos del Valle y el Cauca, incluido uno en Jamundí, que será fundamental para contener la ilegalidad en la región. Nuestro enfoque es claro: recuperar control territorial y combinarlo con proyectos productivos que reemplacen economías ilícitas por lícitas.

SEMANA: ¿Cuál es el balance de la Tasa de Seguridad? ¿En qué han invertido los recursos y hasta cuándo espera que siga vigente?

D.F.T: La Tasa de seguridad ha sido esencial para aumentar las capacidades de la Fuerza Pública. Con esos recursos hemos adquirido automotores, chalecos y cascos antibalísticos, radios de última tecnología, además de financiar recompensas por más de 983 millones de pesos. Somos el primer departamento en comprar equipos antidrones, lo que nos permitió contener 28 ataques. De igual forma hemos invertido en cámaras de seguridad: 200 en Buenaventura, 77 en Jamundí y cerca de 200 más en todo el Valle. Con esto fortalecemos el CGES en Buga, un Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad que conecta 29 municipios y que ha sido clave en la recuperación de vehículos robados y en investigaciones de homicidios. Esta Tasa está prevista hasta 2030, pero la mantendremos mientras sea necesario, porque necesitamos esos recursos para apoyar a la Fuerza Pública y garantizar seguridad a los vallecaucanos.

SEMANA: ¿Qué papel han jugado programas como Fuerza Joven o los mediadores de convivencia dentro de la política de seguridad del departamento?

D.F.T: Han sido fundamentales porque ofrecen oportunidades a los jóvenes y los alejan del riesgo del reclutamiento forzado. Con Fuerza Joven, por ejemplo, damos un incentivo de un millón de pesos cada dos meses y ya tenemos más de 2.000 jóvenes vinculados, de los cuales 230 están en Buenaventura. Ellos participan en labores de seguridad, convivencia y resolución de conflictos en sus barrios y comunas. Además, con programas como Valle Emplea, Digicampus o el de Desarrolladores de software, hemos llegado a más de 5.000 jóvenes, brindándoles formación y proyectos de vida.

SEMANA: ¿Cómo se está articulando el trabajo regional con la Fuerza Pública y los municipios para garantizar una estrategia de seguridad integral?

D.F.T: La seguridad del Valle no puede pensarse de manera aislada. Trabajamos de forma articulada con Ejército, Policía, Armada, Fuerza Aérea, Fiscalía y alcaldías, pero también con departamentos vecinos, porque la seguridad del Valle depende de lo que ocurra en el Pacífico y el suroccidente colombiano. Por eso impulsamos operaciones conjuntas y corredores seguros que protegen tanto a las ciudades como a las zonas turísticas y rurales.

SEMANA: Mirando hacia adelante, ¿qué ajustes o nuevas acciones considera necesarios para consolidar la seguridad en el Valle del Cauca durante lo que queda de su gestión

D.F.T: Necesitamos decisiones del Gobierno nacional para golpear la minería ilegal y los cultivos de coca, que son las principales fuentes de financiación de los grupos armados. La política de paz total fortaleció a esas estructuras durante el cese al fuego, y ahora nuestra tarea es recuperar el control territorial con la institucionalidad del Estado. Eso significa no solo presencia militar y policial, sino inversión social para transformar las economías ilícitas en lícitas. El objetivo es que en ningún lugar del Valle del Cauca los delincuentes controlen el territorio.