Mineros se quejan por el alto precio de los explosivos

A los problemas tradicionales asociados a la producción minera en Colombia, se sumó ahora el alto precio de los explosivos que usan en canteras y minas. El presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel, aseguró durante el cuarto congreso del sector, que se trata de un tema sensible para esta actividad industrial y al cual poco se le presta atención.

“Un impuesto aprobado para el sector salud incrementó el precio en los últimos años (de una tasa del 5% al 20%) lo que genera nuevas cargas al sector. El 60% de las industrias mineras utilizan explosivos”, aseguró el dirigente gremial.

Este tipo de materiales son fabricados por la empresa estatal Indumil, adscrita al Ministerio de Defensa. Y es el Anfo el explosivo más utilizado en la explotación de minas y la construcción de túneles y vías.

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“En Indumil fabricamos cada año unas 5.000 toneladas de Anfo granulado y el principal insumo es el nitrato de amonio, que es importado. Sin embargo, el precio de producción no se ha incrementado, es más un tema asociado a nuevos impuestos”, explicó una fuente de Indumil.

De hecho, del valor total del producto, cerca de 43% se va en impuestos. Al impuesto a la salud hay que añadir el incremento en el IVA, que pasó del 16% al 19% en la más reciente reforma tributaria.

Indumil también fabrica en su planta de Sibaté, Cundinamarca, los detonadores para este tipo de procedimientos, así como otros agentes de voladura como cables y explosivos en gel.

Entre los planes de la compañía está el de exportar sus productos a mercados como Nicaragua.

Otras quejas

Durante el cuarto Congreso Nacional de Minería, llevado a cabo la semana pasada en Cartagena, algunos empresarios también se quejaron por los fallos judiciales de los últimos años que están espantando la inversión en grandes y pequeños proyectos. Algunas de estas decisiones judiciales se toman – según los mineros- sin tener en cuenta el impacto económico que se pueden derivar de eso fallos.

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Entre los fallos más polémicos están los que permiten a los alcaldes y gobernadores adelantar consultas para prohibir la minería. También están los que avalan nuevas comunidades en el área de influencia de los proyectos y los que llevan a más demoras para la consecución de licencias ambientales.

El mal ambiente es tal que una encuesta llevada a cabo por los propios empresarios concluyó que en el último año se incrementó la intención de cesar operaciones en el país de 27% a 34%.

Así las cosas, los principales problemas del sector -según esta misma encuesta denominada Brújula Minera- son: obtener licencia ambiental, falta de estabilidad jurídica, falta de apoyo del gobierno y rechazo de las comunidades.