La firma del Decreto 0769 de 2026 marca un hito sin precedentes en la gobernanza del entorno digital en América Latina. Por primera vez, Colombia deja atrás el plano de las recomendaciones voluntarias para avanzar hacia un marco más exigente de responsabilidad algorítmica, supervisión educativa y protección de la infancia en internet.
El decreto es contundente. Exige a las plataformas tecnológicas implementar mecanismos de privacidad por defecto y sistemas de verificación de edad. Al mismo tiempo, impone a las instituciones educativas la actualización de sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y de sus Manuales de Convivencia para incorporar la gestión de los ciberriesgos y del acoso escolar digital.
Sin embargo, quienes trabajamos en ciberseguridad sabemos que las normas, por sí solas, no transforman los comportamientos. El papel lo aguanta todo; el riesgo, en cambio, se materializa en las decisiones humanas.
La experiencia internacional lo demuestra. Iniciativas como las carteras digitales y los mecanismos de doble anonimato impulsados en países europeos han evidenciado que las leyes pueden establecer límites y responsabilidades, pero no sustituyen la educación ni construyen una cultura de protección.
Ese será, precisamente, el gran desafío del Decreto 0769: evitar que se convierta en una carga burocrática difícil de implementar para rectores, docentes y familias.
Para los colegios, la norma representa mucho más que una modificación del código disciplinario. Implica una reestructuración de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y plantea tres retos inmediatos:
- Riesgo reputacional y legal. Un manejo inadecuado de un caso de ciberacoso o violencia digital puede derivar en sanciones administrativas por parte de las secretarías de Educación o incluso en investigaciones disciplinarias.
- Brecha de conocimiento. Durante años, los manuales de convivencia trataron el ciberespacio como un asunto “extracurricular”. Hoy, el entorno virtual de los estudiantes forma parte integral de la responsabilidad institucional.
- Falta de herramientas. Pedirles a docentes y padres de familia que “protejan los datos del menor” sin ofrecerles orientaciones claras y recursos prácticos genera frustración y parálisis.
Frente a la rigidez de los decretos y las leyes, la narrativa se convierte en uno de los caminos más efectivos para construir una verdadera cultura de ciberseguridad. «En ese contexto, iniciativas como Las Ciberaventuras de Nala, de mi autoría, surge como una respuesta cercana y humana para traducir conceptos técnicos y regulatorios a la cotidianidad de niños, padres y profesores.
En ella planteo que, a través de las historias y desafíos que enfrenta Nala, los colegios tienen la posibilidad de transformar sus manuales de convivencia, tradicionalmente concebidos como instrumentos sancionatorios, en herramientas vivas de ciudadanía digital. Estas historias permiten convertir situaciones complejas, como el ciberacoso, la suplantación de identidad o la huella digital, en casos prácticos que facilitan la prevención y la reflexión antes de que ocurra una falta.
Además, el Decreto 0769 exige fortalecer los espacios de formación dirigidos a las familias. En ese sentido, la narrativa ofrece una alternativa pedagógica para dinamizar las escuelas de padres mediante un lenguaje sencillo, alejado de tecnicismos y más cercano a las preocupaciones reales del hogar.
Porque, aunque la norma imponga límites a las plataformas tecnológicas, la primera línea de defensa sigue estando en la mesa del comedor. La conversación cotidiana entre padres e hijos continúa siendo el principal mecanismo para construir hábitos digitales seguros.
Todo ello revela una realidad ineludible: la protección de la infancia en el entorno digital solo será posible a partir de un verdadero modelo de corresponsabilidad. Las plataformas tecnológicas deben garantizar mecanismos de seguridad, transparencia y controles por diseño. Las instituciones educativas están llamadas a actualizar sus proyectos pedagógicos y sus rutas de ciberconvivencia; y las familias deben asumir un papel activo en el acompañamiento del desarrollo digital de niños y adolescentes.
El Decreto 0769 de 2026 nos proporciona las herramientas legales y las obligaciones institucionales necesarias para avanzar en la protección de la infancia en Colombia. Sin embargo, la ley solo establece el estándar; es la cultura la que garantiza que esa protección perdure en el tiempo.
Integrar procesos de concientización basados en historias, como la saga de Las Ciberaventuras de Nala, dentro de las estrategias educativas y familiares no constituye únicamente una manera más cercana de cumplir con la regulación. Representa, sobre todo, la posibilidad de construir una ciudadanía digital más consciente y responsable.
Porque, al final, la única forma de garantizar que la tecnología siga siendo un motor de oportunidades y no un entorno de vulnerabilidad para las próximas generaciones consiste en transformar las normas en hábitos y las obligaciones legales en una cultura compartida de protección.
Andrea García Beltrán es Partner y Head of Cyber Europe en Nirvana MGA, co-fundadora de CyberSpecs® y creadora de Cibervoces.