Por estos días, en México y en buena parte de América Latina se levantan los altares del Día de Muertos: flores de cempasúchil, pan, veladoras y la foto de quienes ya se fueron. La tradición tiene algo de sabiduría económica: se recuerda a los muertos para no olvidar lo que se perdió.
En Colombia, en cambio, parece que estamos armando el altar antes de tiempo. El Gobierno radicó en el Congreso la Ley de Rescate Económico, y en su artículo 53 propone reducir del 50 al 25 por ciento el límite de no causación del impuesto al carbono. Es decir, la porción del tributo que una empresa puede cubrir comprando créditos de carbono de proyectos que conservan y restauran bosques en el país. Según un análisis publicado por La Silla Vacía, la misma ley elimina además la destinación del 80 por ciento de ese impuesto al sector ambiental.
Son dos golpes en un mismo articulado. Menos demanda para los proyectos de carbono y menos recursos públicos para el ambiente. El efecto combinado es debilitar las dos fuentes de financiación del sector ambiental.
Lo más desconcertante del artículo 53 es que va en contravía de lo que ha anunciado el propio Ministerio de Ambiente. El ministro Fabio Arjona ha sido consistente y lo ha repetido en todos los escenarios: volver al 100 por ciento de la no causación.
En la Climate Week de Medellín, a finales de septiembre, anunció que le pediría al Congreso eliminar el tope del 50 por ciento. A mediados de octubre, en la Feria de Sostenibilidad de AmCham, fue más explícito: dijo que la reforma tributaria anterior recortó la no causación y que el resultado fue que “el mercado se vino al piso”.
Y en la II Semana de la Bioeconomía, en Barranquilla, el ministro lo resumió así: “El ABC quiere decir que producir y conservar no son enemigos. A punta de resoluciones restrictivas no se va a alcanzar ninguna conservación; se hace con hechos reales, como los mecanismos del mercado de carbono. Por eso vamos a llevar el 100 por ciento del impuesto al carbono a no causación, para fortalecer la restauración y la conservación forestal”.
La propia agenda ABC (agua, biodiversidad y comunidades) incluye entre sus metas restablecer al 100 por ciento ese mecanismo. Por eso el artículo 53 merece una segunda mirada en el Congreso.
Producir y conservar: lo que dice la economía
La frase del ministro no es un eslogan. Tiene respaldo en décadas de economía ambiental. Mauricio Mira, exjefe de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio de Ambiente y una de las voces que más ha impulsado los negocios verdes en el país, ha sostenido que generar riqueza y conservar los servicios ecosistémicos son actividades complementarias.
No está solo. La idea de una economía verde la formularon David Pearce, Anil Markandya y Edward Barbier en 1989, y la evidencia reciente la respalda con cifras. El informe Nexus de la IPBES, la plataforma científica de Naciones Unidas sobre biodiversidad, publicado en diciembre de 2024, estima que más de la mitad del PIB mundial (unos 58 billones de dólares) se genera en sectores que dependen moderada o altamente de la naturaleza.
El Banco Mundial llegó a una conclusión similar en The Economic Case for Nature. El estudio encontró que los pagos por carbono forestal hacen más eficaces las demás políticas de conservación y, al mismo tiempo, mejoran los resultados económicos. Y el informe del economista Partha Dasgupta para el Tesoro británico concluyó que la economía está contenida en la naturaleza y que la biodiversidad debe gestionarse como un activo productivo.
El impuesto al carbono colombiano es un buen ejemplo de esa lógica. Es un impuesto pigouviano: le pone precio a una externalidad. La no causación añade algo valioso. La empresa elige entre pagarle al Estado o financiar una tonelada reducida o removida en un territorio colombiano. En ambos casos paga por su emisión, pero en el segundo el dinero llega directamente al bosque. Como lo ha dicho el propio ministro, es mejor que el sector privado invierta a que el Estado simplemente recaude.
La lección de 2022 que el artículo 53 olvida
Ahora bien, no hay que especular sobre lo que pasará con un tope del 25 por ciento. Ya vimos la película con el tope del 50 por ciento. Los datos de Asocarbono lo muestran. Antes de diciembre de 2022, el precio de los créditos seguía de cerca al valor del impuesto: alrededor de 17.800 pesos por tonelada frente a 18.829. Desde que entró en vigor el límite, el impuesto siguió subiendo hasta 29.071 pesos, mientras el precio de los créditos cayó a cerca de 9.700.
La demanda bajó, la oferta se acumuló y hoy hay 92 millones de créditos en inventario, la mitad de ellos anteriores a 2021 y con pocas posibilidades de uso. Con un tope del 25 por ciento, ese inventario crece y el precio se hunde todavía más.
Detrás de esas cifras hay territorio. Según Asocarbono, Colombia tiene 248 proyectos certificados en 31 departamentos, más de 460.000 hectáreas de deforestación evitada y 169 millones de toneladas de CO₂ retiradas. Más de 100 consejos comunitarios y resguardos indígenas, y más de 100 comunidades campesinas, están vinculados a estos proyectos, con mayor presencia en la Amazonía y la Orinoquía. Entonces, cuando cae la demanda de créditos, caen también los recursos que llegan a esas comunidades.
Hay además una ironía fiscal. El proyecto propone subir la tarifa del impuesto en los próximos años mientras cierra la puerta a compensarlo con proyectos nacionales. El impuesto al carbono dejaría de ser un instrumento ambiental para convertirse en un tributo más, que va a la caja general y no al bosque.
Todavía hay tiempo de apagar las velas
El Día de Muertos no es un funeral. Es una fiesta de la memoria, y la memoria de 2022 debería servir para no repetir el error. El país necesita ordenar sus finanzas, nadie lo discute, pero rescatar la economía no puede significar desfinanciar a quienes cuidan el bosque.
Confío en que el Gobierno y el Congreso ajusten la Ley de Rescate Económico con incentivos a la conservación y al progreso económico, de la mano del Ministerio de Ambiente y su apuesta por la economía verde. El camino lo trazó el propio ministro: retirar el artículo 53 y llevar la no causación al 100 por ciento. Así, producir y conservar seguirán siendo, como dice la agenda ABC, aliados y no enemigos.
Ana Milena Plata, economista, Ph.D., Ingeniera Forestal