Hace unos días atendí a una empresaria que llegó a mi oficina con una carpeta llena de documentos y una pregunta que me detuvo: “¿Es verdad que si me meto a ese proceso de insolvencia me van a meter a la cárcel?”. Llevaba algunos días leyendo noticias sobre el llamado ‘cartel de la insolvencia’ y había concluido, con toda la lógica del miedo, que la ley era la trampa y no la salida. Su miedo no era irracional: era el resultado de una confusión que le está costando muy caro a muchas personas y empresarios colombianos que sí necesitan de esa herramienta.
La Asociación Bancaria de Colombia, Asobancaria, ha denunciado la existencia de redes criminales que operan en los márgenes del sistema de insolvencia. El esquema es conocido: abogados y asesores sin escrúpulos captan clientes a través de publicidad engañosa en redes sociales, les prometen eliminar deudas sin consecuencias y luego inflan artificialmente los pasivos con acreedores ficticios para manipular los procesos que se adelantan ante un centro de conciliación. El propósito es defraudar a los acreedores. Las penas para quienes participan en estas maniobras pueden llegar a doce años de prisión por fraude procesal, falsedad documental y concierto para delinquir. No es un asunto menor. Pero tampoco es lo que parece cuando se lee en titulares.
Lo que los titulares no siempre aclaran es que este fenómeno se concentra casi exclusivamente en los procesos de insolvencia de persona natural no comerciante, que se tramitan en centros de conciliación y notarías. La insolvencia empresarial —la que regula la Ley 1116 de 2006 y la ley 2437 de 2024 y se adelanta en la Superintendencia de Sociedades— opera con un estándar completamente distinto.
El daño colateral del cartel no es solo judicial. Es reputacional, y recae sobre quienes menos lo merecen. Personas naturales, comerciantes y empresarios en crisis real, con deudas legítimas y voluntad genuina de pagar, escuchan la palabra ‘insolvencia’ y retroceden como si fuera sinónimo de fraude. Esperan. Aguantan. Se endeudan más para pagar lo que ya no pueden. Y cuando finalmente no hay más opciones, llegan tarde al proceso, cuando ellos o la empresa ya han perdido el margen que habría permitido una reorganización viable. El cartel no solo roba el nombre del mecanismo: roba el tiempo que muchos empresarios necesitaban para usarlo bien.
La historia de muchas personas que se declaran en insolvencia sintiéndose ‘ahogados por las deudas’, no es la historia de defraudadores. Es la historia de personas que encontraron en la ley una salida estructurada antes de que el estrés financiero terminara por enfermar a toda su familia.
Eso es lo que el proceso de insolvencia hace cuando se usa con buena fe: suspende los embargos, detiene los intereses de mora, abre un espacio de negociación con los acreedores y permite que una persona o una empresa respire lo suficiente como para hacer algo distinto.
La Corte Constitucional ha reconocido ese espíritu en su jurisprudencia: estos procesos hacen efectivo el principio de solidaridad cuando el deudor enfrenta una situación de debilidad manifiesta que compromete sus derechos fundamentales. Eso no es un tecnicismo. Es una declaración de valores.
Como abogada, me preocupa que la conversación pública sobre ese cartel esté sirviendo, sin quererlo, a los intereses de quienes prefieren que las empresas no acudan a estos mecanismos. Un empresario paralizado por el miedo es un empresario que sigue pagando intereses, que sigue siendo ejecutado, que sigue posponiendo la única decisión que podría haber cambiado el rumbo. La respuesta al abuso del sistema no es alejarse del sistema: es conocerlo mejor, exigir asesoría de calidad y distinguir con precisión entre el instrumento y quienes lo distorsionan.
La ley de insolvencia colombiana no es perfecta. Tiene demoras, vacíos y una cultura jurídica que todavía no ha terminado de entenderla como una herramienta de gestión y no como un último recurso. Pero es, en esencia, un mecanismo diseñado para proteger lo que se ha construido. Cuando un cartel la mancha, la respuesta no es abandonarla. Es defenderla, usarla bien y asegurarse de que llegue a manos de quienes de verdad la necesitan.
Esa empresaria, por cierto, terminó iniciando su proceso de reorganización. Hoy su empresa sigue abierta. Y ella duerme más tranquila.
Catalina Hernández Prada, directora Legal de AC Sorar SAS - Estrategias Legales y Financieras