El 10 de agosto, un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó al país frente a un panorama bastante crítico y desolador. En medio de la tragedia, el mecanismo de Obras por Impuestos empezó a cobrar verdadero sentido.
No es un mecanismo nuevo. Nació en 2016, con la firma del Acuerdo de Paz y se reglamentó en 2017 para canalizar inversión privada hacia los territorios más golpeados por el conflicto armado. La lógica es simple, en lugar de que una empresa le gire su impuesto de renta a la Dian y espere a que ese dinero recorra el laberinto presupuestal hasta convertirse en una vía, un colegio o un acueducto, la empresa presenta un proyecto viable y lo ejecuta directamente. Paga impuestos, sí, pero en forma de obra terminada, no de transferencia que se diluye en el camino.
No obstante, el Estado tardó en entender que ceder la ejecución no es ceder el control, y que un contribuyente convertido en ejecutor de obra pública necesita reglas claras, bancos de proyectos ágiles y acompañamiento técnico constante. Las empresas, por su parte, tardaron en confiar que ejecutar realmente les resultaba más eficiente que simplemente pagar y desentenderse. Ese desencuentro de fondo, más que cualquier limitación legal, es lo que ha mantenido el mecanismo por debajo de su potencial real.
El sismo lo que hizo fue quitarle a ese desencuentro el lujo del tiempo. A los pocos días de la tragedia, el Grupo Argos y la Federación Colombiana de Municipios le propusieron al Gobierno ampliar el mecanismo para financiar la reconstrucción. Los alcaldes de los municipios afectados pidieron que las empresas pudieran destinar hasta el 50 por ciento de su impuesto de renta a proyectos de reconstrucción en sus territorios. Y senadores de distintas bancadas pidieron algo más de fondo, extender de inmediato la cobertura del instrumento a todos los municipios y territorios golpeados por el sismo.
Esa última exigencia es la que revela el verdadero cuello de botella. Hoy, Obras por Impuestos sólo opera, por regla general, en municipios ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado) y territorios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), 344 municipios definidos por el Decreto 1650 de 2017 en función del conflicto armado, no del riesgo de desastre. Ningún municipio de Risaralda, Caldas o buena parte de Quindío y Valle del Cauca está cubierto de forma automática. Es decir, la misma herramienta que hoy todo el mundo reclama para reconstruir el occidente del país legalmente no aplica, salvo que el Gobierno decrete una excepción extraordinaria. Ese es exactamente el tipo de rigidez que ya no podemos darnos el lujo de sostener.
Aquí está el punto que quiero dejar más claro, esto no puede esperar el ciclo normal de ventanas de postulación, ni el trámite reposado de un proyecto de ley. Cada semana que pasa sin que la cobertura se amplíe es una semana en la que miles de familias en Chocó, Eje Cafetero y Valle del Cauca especialmente, siguen viviendo en carpas o en casas que amenazan colapso, mientras el instrumento que podría movilizar billones de pesos en infraestructura sigue amarrado a un mapa que dibujó el posconflicto y no la necesidad.
El Gobierno ya está analizando la ampliación. Eso es positivo, pero no basta con su análisis, se tiene que decretar, publicar y abrir un banco de proyectos para los municipios del terremoto en cuestión de días, no de meses. Cada mes que pase tiene un costo medible en obra que no se ejecuta, en familias que no regresan a una vivienda digna, y en confianza empresarial que se erosiona cada vez que el sector privado ve una ventana de oportunidad y encuentra, en su lugar, un protocolo rígido.
Hay una idea que se repite en el discurso oficial y es que “el Estado no puede solo”, Obras por Impuestos es la materialización más honesta de esa frase.
Dicho de otra forma, el mecanismo no compite con la meta del Gobierno, la cumple. Cuando una empresa ejecuta un hospital en Quibdó o una vía en el Valle del Cauca a través de Obras por Impuestos, no está haciendo algo distinto a lo que el Ministerio de Hacienda o el Departamento Nacional de Planeación tienen en su plan de reconstrucción. Está haciendo exactamente lo mismo, pero sin los cuellos de botella de la ejecución presupuestal ordinaria, sin esperar giros, sin depender de la capacidad de contratación de una alcaldía golpeada por el desastre, sin que el dinero se quede represado en una cuenta mientras se define el operador.
Por eso la discusión de fondo no debería ser si se amplía o no el mecanismo. Debería ser por qué, después de ocho años y con la evidencia de que funciona, seguimos discutiéndolo, en lugar de tratarlo como una herramienta estructural del desarrollo territorial.
Ana Ibarra es CEO de Grupo Axir