Home

Mundo

Artículo

Un partidario del gobernante partido socialista ondea una bandera venezolana al margen de una conferencia de prensa del excanciller Jorge Arreaza, quien concedió la repetición de las elecciones para gobernador del día anterior al candidato opositor Sergio Garrido en Barinas, Venezuela, el lunes 10 de enero de 2022. (AP Photo/Matias Delacroix)
La decisión también ha sido aplaudida por la ONG Human Rights Watch (HRW), que la considera “un paso fundamental” para que haya rendición de cuentas por los “delitos graves” que se habrían cometido en Venezuela. | Foto: AP

MUNDO

ONU renueva por dos años su misión internacional sobre derechos humanos en Venezuela

La decisión también ha sido aplaudida por la ONG Human Rights Watch (HRW), que la considera “un paso fundamental” para que haya rendición de cuentas por los “delitos graves” que se habrían cometido en Venezuela.

10 de agosto de 1997

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó este viernes 7 de octubre ampliar dos años más su misión internacional de expertos independientes, así como su oficina del alto comisionado en Venezuela.

“Esta renovación es esperanza y justicia para las víctimas y para todo un país. Nuestro profundo agradecimiento”, celebró en su cuenta de Twitter el opositor Juan Guaidó, para quien esta decisión significa que en la comunidad internacional “repudian cada una de las atrocidades cometidas” por el presidente, Nicolás Maduro.

“Los informes que la misión ha presentado detallan los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen. La renovación permite que los responsables sean investigados y la justicia sea posible”, expresó.

De los 47 estados que conforman el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, son 19 los que han apoyado esta prórroga, por los cinco que han votado en contra —la propia Venezuela, Cuba, Bolivia, China, Eritrea—, mientras que el resto se ha abstenido.

La decisión también fue aplaudida por la ONG Human Rights Watch (HRW), que la considera “un paso fundamental” para que haya rendición de cuentas por los “delitos graves” que se habrían cometido en Venezuela.

HRW recordó que esta misión independiente de Naciones Unidas ha publicado ya cuatro informes que considera “lapidarios”, ya que en ellos se dejaría constancia de “crímenes de lesa humanidad” con la “complicidad judicial”.

“Esta resolución muestra que los gobiernos de América Latina pueden unirse en el respaldo a las víctimas de abusos, independientemente de las ideologías políticas”, dijo la subdirectora para el continente de HRW, Tamara Taraciuk Broner, a pesar de que solo Brasil y Paraguay votaron a favor.

La misión se estableció en 2019 para investigar las supuestas ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas que se habrían cometido desde 2014 tras una propuesta presentada por la alianza regional conocida como Grupo de Lima.

Las pruebas que ha reunido hasta ahora la misión podrían contribuir a una investigaciónde la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI), que desde noviembre de 2021 hace seguimiento de cara a establecer posibles responsabilidades individuales por crímenes internacionales.

Venezuela amenaza a promotores de Misión de la ONU

La semana pasada, la Cancillería venezolana rechazó las conclusiones de un informe de una Misión Internacional Independiente de la ONU que da cuenta de “crímenes de lesa humanidad” presuntamente cometidos por agentes del Estado contra opositores.

“Venezuela expresa su más categórico repudio a las acusaciones falsas y sin fundamento realizadas por la supuesta Misión Internacional de Determinación de los Hechos, en un nuevo panfleto presentado este 26 de septiembre de 2022 ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas”, dice un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores.

El informe de la misión, cuyo resumen fue presentado la semana pasada en Ginebra, denunció al Servicio Bolivariano de inteligencia (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en la represión de disidentes “mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad”.

La cancillería venezolana señaló: “Este mecanismo, creado en el año 2019 a partir de una cuestionada resolución promovida por un reducido grupo de gobiernos con graves situaciones internas de violación de derechos humanos, es muestra patente del doble rasero, la selectividad y el “uso politizado de los derechos humanos como herramienta para socavar la soberanía” de algunos países.

“Venezuela reitera su absoluto desconocimiento a este tipo de mecanismos paralelos, bárbaros e injerencistas que, a través de sus pronunciamientos, aúpa y alienta a los sectores más extremistas a reincidir en la violación masiva de los derechos humanos de los venezolanos y la desestabilización del país”, añadió el texto.

Venezuela, en tanto, consideró que este “nuevo pseudo informe sin el más mínimo sustento metodológico” busca “seguir atacando a las instituciones venezolanas, como parte de la estrategia criminal de “cambio de régimen” que se impulsa desde Estados Unidos con la complicidad de sus gobiernos satélites en el mundo”.

La misión de ONU, que ya presentó dos informes, en 2020 y en 2021, haciendo hincapié en las violaciones de los derechos humanos en Venezuela e insiste en que estos hechos, especialmente los cometidos por el Sebin y la DGCIM, “continúan hasta hoy”.

Desde su creación en 2019, el grupo de la ONU no ha sido autorizado a entrar en Venezuela y ha llevado a cabo sus investigaciones en las regiones fronterizas y a partir de entrevistas a distancia.

“En algunos casos, Maduro y personas de su círculo cercano, así como otras autoridades de alto nivel, “participaron en la selección de los objetivos”, según el informe de la ONU.

Las conclusiones se fundamentan en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia.

De acuerdo con el más reciente informe, los servicios de inteligencia de Venezuela cometen crímenes de lesa humanidad bajo las órdenes de las altas esferas del Gobierno para reprimir a la oposición.

“Este plan fue orquestado al más alto nivel político, liderado por el presidente Nicolás Maduro (...)”, aseguró Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

Señaló: “Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”.

Con información de Europa Press