Ortega prohibió la candidatura de su principal opositora en Nicaragua

La Fiscalía empezó a investigar a Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), luego de que el Ministerio de Gobernación la señaló sorpresivamente por supuestas irregularidades en el manejo de la fundación que lleva el nombre de su madre (FVBCH), una organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión.Después de diez días de indagaciones, el Ministerio Público acusó este martes a Cristiana, de 67 años, “por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos”, según un comunicado.Las medidas solicitadas por la Fiscalía en contra de Chamorro comprenden “retención migratoria (...) prohibición de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados, más la inhabilitación para cargos públicos, por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal”.Su madre y expresidenta derrotó en 1990 a Daniel Ortega en las urnas, cuando este intentó reelegirse después de su primer gobierno (1985-1990).“Lo que hace bárbaro el Ministerio Público es despojarla de sus derechos civiles y políticos, cuando apenas están metiendo la acusación”, explicó la historiadora y exguerrillera Dora María Téllez.Según Téllez, “técnicamente Chamorro todavía no esta inhibida pero tiene la espada de Damocles y la decisión de Ortega de inhibirla”.Rival importante“Yo soy inocente hasta que no me demuestren lo contrario. Aquí no me han podido demostrar ningún cargo, por tanto podemos acceder a cargos de elección”, dijo Chamorro a periodistas más temprano el martes. Ella considera los cargos una “farsa” para sacarla de la contienda electoral.La opositora, que no milita en ningún partido, tiene un 21 % de apoyo ciudadano, el segundo mayor después de Ortega (30 %), según un sondeo de la firma Cid Gallup divulgado la semana pasada en medios locales.Las medidas de la Fiscalía son extensivas a otras tres personas, entre ellos la corresponsal de la cadena hispana Univisión, María Lili Delgado, extrabajadora de la fundación, y los periodistas María Arróliga y Guillermo Medrano, que cumplían funciones en la organización hasta su reciente cierre.La FVBCH cerró sus operaciones este año, luego de que una ley aprobada por el congreso oficialista extremara los controles a los aportes que ONG recibían desde el exterior, y a declararse como agentes extranjeros.El Gobierno ve en esos aportes un riesgo de intromisión en la política interna.Cerca de 20 testigos entre periodistas, dueños de medios de comunicación y personal de la FVCH han desfilado por la Fiscalía y, según allegados al Gobierno, la lista de personas que serán llamadas es amplia.El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, aseguró que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, teme “elecciones libres” tras el pedido de la Fiscalía de prohibir la candidatura presidencial de Cristiana Chamorro.“Prohibir arbitrariamente a la lideresa de la oposición Cristiana Chamorro refleja el temor de Ortega a unas elecciones libres y justas. Los nicaragüenses merecen una democracia real”, aseguró en Twitter el secretario de Estado de Estados Unidos, quien cumple su segundo y último día de visita en Costa Rica.La acción de la Fiscalía tuvo lugar luego que Chamorro, concurrió la mañana del martes a la sede de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CXL, derecha), para inscribirse en el proceso de selección del candidato de esa agrupación.El registro de candidatos a presidente, vicepresidente y diputados será entre el 28 de julio y el 2 de agosto. Para los opositores, Daniel Ortega, en el poder desde 2007, buscará una cuarta elección sucesiva.El gobernante de 75 años, enfrenta desde el 2018 una crisis política detonada por protestas masivas por algunas medidas de su gobierno que desencadenaron en pedidos de renuncia. Estas manifestaciones dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Para Ortega, se trató de un intento fallido de golpe de Estado, respaldado por Washington.(con información de AFP)