15 años después siguen cayendo protagonistas del Carrusel de la Contratación de Bogotá. A la cárcel exsubsecretario de Salud, Juan Eugenio Varela

Luego de valorar un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Bogotá condenó al exsubsecretario de Salud de Bogotá, Juan Eugenio Varela Beltrán; y a los contratistas José Antonio Bonnet Llinás, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, por su participación en un entramado de corrupción que direccionó un contrato de compra de ambulancias y otros elementos necesarios para atender emergencias en Bogotá.Y es que el de las ambulancias fue otro de los muchos y gigantescos contratos que fueron direccionados durante el corrupto mandato de Samuel Moreno Rojas en la alcaldía de Bogotá. En este caso ya habían caído varios de los protagonistas y también se supo que uno de los intermediarios fue Iván Moreno, entonces senador, y hermano del alcalde. Los dos del Polo Democrático Alternativo.La decisión revocó un fallo de primera instancia que había absuelto a estas personas e impuso diferentes penas de acuerdo con el nivel de responsabilidad.En ese sentido, el exsubsecretario fue sentenciado a 18 años, 7 meses y 7 días de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación; y los contratistas a 10 años, 8 meses y 28 días de prisión por el delito de peculado por apropiación.El contrato en el cual se dio este nuevo hecho de corrupción tienen que ver con el trámite y celebración del contrato N°1229 de septiembre de 2009, suscrito entre la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá y el Fondo Financiero de Salud del Distrito, con una unión temporal compuesta por tres empresas.“El objeto previsto contempló la compra de 55 ambulancias medicalizadas y 15 vehículos de respuesta rápida, y la contratación del talento humano necesario para la atención de emergencias en la ciudad. El monto establecido ascendió a 67.203 millones de pesos”, informaron desde la Fiscalía.Justamente, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción demostró que el exfuncionario entregó información privilegiada en la etapa precontractual a los representantes de la unión temporal seleccionada, situación que les permitió ajustar la propuesta para reunir los requisitos y las condiciones para recibir con el millonario contrato.De otra parte, quedaron en evidencia sobrecostos en la prestación del servicio profesional de médicos, siquiatras, enfermeras, auxiliares de enfermería y conductores. Se pagó por concepto de sueldos, prestaciones sociales y liquidaciones, un total de 34.739 millones, pero en realidad este gasto alcanzó los 17.196 millones de pesos.