Funcionarios públicos: ¡corrupción desatada!

El martes de la semana pasada Óscar Martínez, fiscal delegado ante los jueces del circuito, entró a formar parte de un deshonroso listado. Ese día se convirtió en el funcionario número 200 en ser capturado por hechos de corrupción en los últimos seis meses. Las autoridades lo detuvieron porque supuestamente le pidió 100 millones de pesos al alcalde de Sincelejo para no imputarle cargos en una investigación en la que no estaba involucrado.   

“El racumín no se nos ha acabado”, dijo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, al anunciar esta captura, en referencia a un popular veneno para acabar con las ratas. La analogía del jefe del ente investigador tiene que ver con una agresiva y necesaria política de depuración. Entre los casos más sonados y recientes está el del jefe de la Unidad Anticorrupción, Gustavo Moreno, detenido y solicitado en extradición por solicitar y recibir un soborno del investigado gobernador de Córdoba Alejandro Lyons. Unas semanas antes el fiscal delegado ante los tribunales Rodrigo Aldana fue detenido y terminó aceptando haber recibido un soborno del polémico Otto Bula, pieza clave del escándalo de Odebrecht. Estos son tan solo algunos de los más de medio centenar de funcionarios arrestados, entre fiscales e investigadores del CTI.

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La batalla de Martínez por la depuración se ha extendido y va mucho más allá de sacar las manzanas podridas de su propia entidad. Desde comienzos de este año el fiscal selló una alianza estratégica con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía -Dijín-, comandada por el general Jorge Luis Vargas Valencia, y otras instituciones del Estado con el fin de enfrentar la corrupción. “Siguiendo las directrices del señor presidente, del director general de la Policía, general Jorge Nieto, que ha liderado el programa cero tolerancia a la corrupción, y con el liderazgo de la Fiscalía, creamos mesas de trabajo conjuntas para adelantar con prontitud y contundencia todos los casos de corrupción, comenzando por los delitos contra la administración pública, la administración de justicia y corrupción en fuerza pública”, afirmó a SEMANA el general Vargas.

Durante el primer semestre de 2017 la Fiscalía y la Dijín han ejecutado 17 operaciones conjuntas que han terminado con 200 capturados y 14 organizaciones delincuenciales desarticuladas. Esos dos centenares de detenidos comprenden funcionarios activos y retirados de diferentes niveles, a los que se suman otros 80 civiles que hacían parte de esas redes de corrupción. Se trata de estructuras que van desde robos a las arcas municipales hasta carteles de abogados que con jueces y funcionarios del Inpec favorecen a delincuentes. También hay fiscales que engavetan procesos, secretarios de Seguridad que alertan a los delincuentes sobre operaciones en su contra, e integrantes del CTI y la Policía involucrados en bandas de microtráfico o robo de viviendas y automotores. Más de 50 policías y una veintena de investigadores del CTI han sido arrestados por conformar o ayudar a esos grupos.

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La depuración ha llegado a tocar los más altos niveles de la Justicia. Hace pocas semanas 22 funcionarios de la Rama Judicial del Meta, entre los que están tres magistrados del Tribunal Superior de ese departamento, también fueron arrestados señalados de haber conformado un carrusel que a cambio de dinero concedía casa por cárcel o libertades a peligrosos delincuentes.

Cerca de 20 funcionarios y extrabajadores relacionados con diferentes entidades de la Gobernación de Chocó en la última década fueron detenidos como parte del saqueo continuado a las finanzas de la salud y educación en ese departamento. Dentro de esa lista también han caído una docena de exalcaldes y ex secretarios de Gobierno o Infraestructura de municipios en La Guajira, Meta, Valle, Chocó, Magdalena, Tolima y Cundinamarca.

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Las estadísticas de capturas de este año indican que prácticamente cada día caen tres funcionarios. Sin embargo, la importancia del grupo investigativo anticorrupción conformado por la Fiscalía y la Dijín consiste en que no los han trabajado como casos aislados o individuales, sino como estructuras de crimen organizado. Esto quiere decir que detienen desde la cabeza de la red hasta el más insignificante de los colaboradores. Actualmente, hay 236 investigaciones en curso, lo que significa que esta batalla contra los corruptos apenas está comenzando.