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En el Chocó los vacunadores llegarán en lancha a decenas de caseríos.

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A juicio gobernador de Chocó por presunta corrupción en contratación de Covid-19

Ariel Palacios Calderón, gobernador del departamento, es investigado por haber suscrito contratos directos con una fundación,, sin invitar otro proponentes.

El coordinador de los fiscales delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, anunció este lunes que el actual gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, fue acusado de manera formal por presuntas irregularidades de contratación al amparo de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

La investigación contra Palacios arrancó por un contrato de prestación de servicios firmado el 15 de abril de 2020, “suscrito de manera directa con la Fundación Chocó Saludable, para realizar jornadas de salud y mitigar el impacto de la pandemia en 27 municipios”. dijo la Fiscalía en un comunicado.

El fiscal Jaimes aseguró que el contrato materia de investigación contempló “11 ciclos educativos en 116 comunidades indígenas, afrodescendientes y Rom-gitanos; así como un plan de difusión de mensajes a través de pasacalles, vallas, pendones, plegables, cuñas y piezas audiovisuales, entre otros productos”.

En criterio de la Fiscalía la firma de ese contrato vulneró decretos y resoluciones que establecen los parámetros de contratación, en virtud de la coyuntura por el Covid -19 y “adicionalmente, se conoció que en el proceso de selección no fueron invitadas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) del departamento”. La investigación permitió establecer que los contratos quedaron en manos de contratistas que no tenían las “competencias, perfil, experiencia, condiciones técnicas y operativas. Una de estas, la Fundación Chocó Saludable”.

“De otra parte, la finalidad del contrato, de carácter preventivo y publicitario, presuntamente desconoció las verdaderas necesidades de las poblaciones priorizadas, y desatendió las deficiencias en salud pública”, señaló el fiscal Gabriel Jaimes.

El gobernador Palacios Calderón fue investigado por los delitos de: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en la modalidad de tentativa, por esos mismos delitos se radicó el escrito de acusación contra el exmandatario y ante la Corte Suprema de Justicia.

El mandatario en distintos momentos explicó las razones de ese contrato y cómo se tuvieron en cuenta las necesidades del departamento en ese momento. Advirtieron desde la Gobernación cuál sería forma de contratación para cumplir con los requisitos mínimos de la misma, sin embargo la Fiscalía encontró en ese proceso algunas irregularidades que ahora se condensan en ese llamado a juicio.

La Fiscalía entregó en la rendición de cuentas un balance de casos de corrupción e investigaciones con notables resultados, precisamente los que tienen que ver con los contratos suscritos por alcaldes y gobernadores en época de pandemia. “Los resultados en lucha contra la corrupción y los retos que se avizoran con la época preelectoral. En ese sentido, anunció que entró en funcionamiento un equipo para avanzar en varias indagaciones al respecto”, señaló la Fiscalía cuando el fiscal Francisco Barbosa entregó los resultados de su gestión ante la Corte Suprema.

“Este año tendremos una acción muy importante contra política en Colombia, especialmente en año preelectoral. Ya están dándose elementos para poder avanzar en esas investigaciones y hay un grupo élite que está destinado en la Fiscalía. Ojalá para el mes de octubre o noviembre tengamos alguna respuesta muy importante”, dijo el fiscal Barbosa ante la Corte.