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Alto Baudó (Chocó) es el segundo municipio más pobre de Colombia. Un poco más del 70 % de su población es afrodescendiente y cerca del 27 % son indígenas. | Foto: Federico Ríos / SEMANA

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Anuncian presencia del ejército y ayuda humanitaria en el Alto Baudó

La Defensoría del Pueblo anunció que la guerra entre ELN, disidencias y AGC tiene afectadas a más de 4.741 personas.

24 de febrero de 2021

Las comunidades indígenas y afro del Alto Baudó, en Chocó, continúan en una zozobra que solo es comparable con los embates del conflicto armado de principio de la primera década de los años 2000. Se trata de una guerra sin cuartel entre el ELN, las disidencias de las Farc y los grupos post justicia y paz como la Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Según la Defensoría del Pueblo, hay 4.741 personas en medio de las balas y las amenazas.

La situación en la región es tan complicada que el ministro de Defensa, Diego Molano, y el ministro del Interior, Daniel Palacios, anunciaron una avanzada militar en la zona, además de la llegada de una misión humanitaria encabezada por la Cruz Roja Internacional y en la que también estará la Unidad de Víctimas y varias organizaciones de la comunidad internacional.

Según la misma gobernación, en la zona ya está el batallón de combate terrestre número 26 del Ejército, que se unió a los operativo de la Fuerza de Tarea Titán, que desde hace varios años le sigue los pasos a las organizaciones criminales.

Como suele suceder en estas regiones, quienes toman la vocería son los líderes sociales y religiosos. En días pasados, el obispo de Istmina, Mario de Jesús Álvarez, obispo de Istmina, les pidió a los grupos armados que miraran “el sufrimiento de nuestras comunidades”, levantando así un clamor para que en medio de la guerra no caigan personas inocentes que están al margen de las dinámicas violentas.

Desde septiembre de 2019 la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana con la que donde se alertó del riesgo que corre población civil “debido a la disputa territorial entre el ELN y el Grupo Armado postdesmovilización de las AUC-AGC”.

En un reciente comunicado, la Defensoría dijo: “Desde el viernes participamos del Comité de Justicia Transicional para evaluar la situación y solicitamos a las autoridades activar la ruta de protección, atención y prevención para las comunidades e iniciamos una Misión de Verificación a la zona para monitorear la evolución de la calamidad pública”. Y agregó: “La comunidad está sin alimentación, sin recursos y confinadas en el resguardo, y otras personas en desplazamiento”, puntualizó Camargo. Estas familias pertenecen a la comunidad indígena Moamía”.