Así se quería desviar la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Intentaron atentar contra los testigos

Para la Fiscalía General, es necesario y justificable enviar a la cárcel a Harold Barragán Ovalle, el séptimo detenido por la planeación del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En la solicitud, la fiscal le manifestó al juez de control de garantías que desde hace varios meses se puso en marcha una estrategia con el fin de desviar la investigación, atentando contra los principales implicados en este caso.

También se buscaba eliminar la información, como fue el hecho de borrar varios mensajes del grupo Plata o Plomo, el cual se conformó en WhatsApp para coordinar el atentado contra el congresista del Centro Democrático, compartiendo información sobre los seguimientos y la logística.

SEMANA ya había revelado la forma en cómo estas organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en el centro de Bogotá tuvieron una activa participación en las actividades de logística para reclutar al menor de edad y obtener el arma de fuego.

La organización conocida como Gancho Mosco, que tiene una historia criminal de vieja data y nexos con la Segunda Marquetalia, habría coordinado todo el atentado que acabó con la vida del precandidato a la Presidencia.

El Gancho del Centro, según conoció SEMANA, habría cobrado cerca de tres mil millones de pesos para ejecutar el crimen. El pago se habría realizado con dinero en efectivo y con droga proveniente justamente de los laboratorios en el Caquetá, departamento en el que fue detenida una de las jóvenes que participó en el atentado entregándole el arma al menor de edad.

Pese a que Harold Barragán Ovalle le entregó su teléfono celular a la Fiscalía, los investigadores encontraron que mucha información contenida en el dispositivo había sido manipulada y eliminada.

“Después de que cometieron el hecho, comenzaron a borrar todas las informaciones”, explicó la fiscal al sustentar la medida de aseguramiento en centro carcelario.

El jefe de la organización, quien todavía no ha sido detenido, reunió a los partícipes en la planeación del atentado en un establecimiento comercial pocas horas después de que se confirmara la acción contra el dirigente político.

“Se desplazan a un establecimiento para ingerir alcohol y sustancias estupefacientes, y en ese lugar llegan y destruyen el celular. O sea, le sacan la SIM, lo venden, para evitar alguna evidencia de efectivamente que hayan participado en esa comisión de este hecho”, detalló.

“Igualmente, todos los teléfonos que fueron utilizados ese día fueron desconectados al día siguiente. De acuerdo con la información que se ha solicitado a través de búsqueda selectiva en base de datos, se ha establecido que todos esos teléfonos que estuvieron presentes en ese lugar, al siguiente día, fueron eliminados, fueron desconectados para no dejar rastro de esa información”, detalló.

Durante la imputación se confirmó la existencia del informe de análisis criminal de la Fiscalía revelado por SEMANA, en el que se puso de presente una alerta temprana de riesgo frente a la búsqueda de un sicario para atentar contra todos los que estuvieron involucrados.

“Fechado en julio y en el cual se indicaba que presuntamente estarían contratando a una persona de la zona para tratar de que asesinara a las personas que se encontraban capturadas, pues precisamente para que no fueran a suministrar ninguna información. De manera que se encuentra evidencia de que en este caso existe ese riesgo de que se obstruya la justicia”, aseveró.

Igualmente, se manifestó que Harold Barragán Ovalle fue la persona que pidió al Costeño “mantenerse oculto”, cuando era más que conocida la orden de captura que pesaba en su contra, “con lo cual se produjo una obstrucción a la justicia”.

En varias comunicaciones interceptadas se pudo establecer que Barragán Ovalle daba instrucciones para que se ocultara, “pues están calientes por lo de atentado”.

La Fiscalía General le imputó a Ovalle este martes, 2 de septiembre, los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.