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| 11/21/2017 10:26:00 PM

Comienza la batalla final de la JEP, así llegan los partidos

Son muchas las polémicas que se han desatado con la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz. Los partidos buscan mantener su representatividad en el Congreso y no quieren perder votos con temas que el electorado suele castigar en las urnas. Comienza el último debate en la Cámara.

Así son las peleas políticas en la aprobación de la JEP La JEP entra a último debate en la Cámara. Foto: SEMANA

Este martes la Cámara de Representantes dio inicio al que es considerado el round definitivo de la Jurisdicción Especial para la Paz. La columna vertebral del acuerdo de paz firmado con las Farc entró a su debate final, una batalla que a nadie dejará indiferente, y en vísperas a un debate electoral, muchos serán los intereses que están en juego. Un Capitolio polarizado espera el desenlace. En juego, la principal política del Gobierno de Juan Manuel Santos. 

Tan arduas han sido las discusiones de la implementación de la paz que en los mismos pasillos del Capitolio se ha reproducido esa polarización que entre la opinión pública existe por todo lo relacionado con los acuerdos de La Habana. Es un ambiente que –en términos electorales– es el reflejo de la votación de hace un año del plebiscito por la paz que, si bien ganó el No, mostró la escasa diferencia que hay entre quienes apoyan y rechazan lo pactado.

En los últimos meses, la paz con las Farc ha generado todo tipo de roces. Como el que provocó la participación de Jesús Santrich en la Comisión Primera de la Cámara, donde tuvo lugar un econtronazo con el representante Edward Rodríguez, del Centro Democrático. Mientras se realizaba una audiencia pública por el proyecto que crea las denominadas circunscripciones especiales para la paz, el congresista llamó “asesino” al ahora exguerrillero, quien respondió con una tutela (que luego le fue negada) pidiendo una disculpa con retractación. Polarización pura y dura.

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Y ahora que el Congreso está debatiendo los contenidos de lo que será la base jurídica con la que se implementará la Justicia Especial para la Paz (JEP) se ha visto, a lo largo de los debates que lleva –solo le falta la aprobación en Cámara y la consolidación para culminar su proceso legislativo–, una situación similar. Eso sí, con más carga política que ideológica.

Cambio Radical, con su líder natural a la cabeza, el exvicepresidente y ahora candidato presidencial por firmas, Germán Vargas Lleras, ha dicho que se deben hacer ajustes para evitar que 48 millones de colombianos –a su juicio– cambien de juez natural y sean obligados a someterse a esta jurisdicción. La Corte Constitucional tuvo que salir a aclarar el tema, volviendo voluntaria la participación de los terceros civiles en esta instancia.

Muchos dicen que los peros de Cambio Radical y Vargas a la JEP están relacionados más con intereses políticos, pues se sabe que el tema de la paz no es lo más vendedor en términos electorales para las presidenciales de 2018 y por eso han buscado hacerse un espacio entre los argumentos que generalmente lidera desde la oposición el Centro Democrático de Álvaro Uribe.

Cabe recordar, además, que fue por Cambio Radical que se incluyó en el último paso por Senado la inhabilidad para que los magistrados de la JEP que hayan tenido que ver con procesos relacionados con derechos humanos, en demandas contra el Estado, no puedan conocer de los casos que lleguen a esta jurisdicción. Eso afecta a casi a todos los 21 magistrados de esta jurisdicción, por lo que el Gobierno quiere tumbar esta disposición.

Si bien el partido de Vargas Lleras apoyó la refrendación del acuerdo de paz, tras la candidatura del expresidente esta colectividad comenzó a alejarse del Gobierno y hasta perdió su representación ministerial. Es por eso que senadores liberales, como Horacio Serpa, y de La U, como Roy Barreras, han sido duros críticos de las posturas de Cambio Radical. Para nadie es un secreto que estas tres colectividades –hasta hace poco tiempo aliadas en la Unidad Nacional– pelean por mantener su representatividad en el Capitolio en las congresionales de marzo próximo.

El otro factor en juego es el apoyo del empresariado criollo,  que puede ser determinante en cualquier elección. Vargas Lleras ya los tiene charlados y varios de sus integrantes lo apoyan, por lo que quiso volverse vocero de sus dudas frente a la JEP y, para ello, se valió de Cambio Radical. El objetivo parece que se está cumpliendo.

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Por el otro lado, como ya se enunció, se juega la permanencia de las actuales fuerzas partidarias en el Legislativo. Eso quiere decir que varios congresistas buscan la reelección y lo que menos quieren es que los temas de discusión que llegan al Congreso los impacten negativamente en sus regiones y eso haga que sus votos se vean mermados.

En esta dinámica están todos, pero se refleja más en determinados partidos como el Conservador y Cambio Radical. En las toldas azules, por ejemplo, se está conformando un grupo que se va a oponer a varios aspectos de la JEP en la Cámara y se acercará más a las posturas del Centro Democrático y del partido de Vargas Lleras. Este anuncio se hará en cuestión de horas.

Además, esto refleja la forma en que las fuerzas políticas se están aliando de cara a las presidenciales. Este grupo de conservadores, por ejemplo, demuestra lo que será la derecha y que desde ya está buscando puntos de encuentro para ir a las urnas unidos. Mientras que los que apoyan los acuerdos con pocos reparos, como las bancadas de Alianza Verde, liberales, La U y el Polo, entre otros, analizarán sus propias coaliciones.   

Y la otra puja política se verá por la búsqueda de mayor representatividad en el Gobierno para poder enfrentar, precisamente, la campaña del otro año con mayor músculo burocrático. Eso, por ejemplo, se ve en las ausencias parlamentarias y en la cantidad de impedimentos que se suelen presentar. Solo en el Senado se radicaron 44 de estos y se aprobaron 12, jugada que el Gobierno capitalizó reduciendo el quorum necesario para aprobar el proyecto.

Ahora en la Cámara, como se vivió con la reforma política, el presidente de la corporación, Rodrigo Lara (Cambio Radical), puede controlar el debate con las citaciones de la plenaria y la entrega de espacios para hablar a los 166 representantes. Y eso sin contar los impedimentos que seguro vendrán.

El Gobierno, liderado por el ministro del Interior, Guillermo Rivera, seguro sacará adelante este proyecto, como lo ha hecho con otras iniciativas relacionadas con la paz. Eso sí, han tenido que ser modificadas –tras el aval de la Corte Constitucional para hacerlo– y muchos de esos cambios han generado polémica y hasta quejas de las propias Farc, que ya pidieron cita con Santos para pedir claridad. Esta se daría el viernes en Bogotá y es muestra de las pujas políticas del momento.

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“Con la aprobación de la JEP triunfarán las víctimas del conflicto, que tendrán un tribunal que les garantizará el resarcimiento de sus derechos”, ha dicho Rivera, en distintos escenarios. Y en esto lo ha respaldado Santos, quien ha urgido al Congreso para que apruebe cuanto antes esta ley.

Como se ve hay un duro pulso político detrás de la aprobación de este proyecto, cuyo último debate comenzó este martes en la Cámara, por lo que la filigrana legislativa será clave para que los intereses electorales de muchos –válidos en cualquier democracia– no resulten golpeando un proyecto clave para la implementación de la paz.

EDICIÓN 1888

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