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FRANCISCO BARBOSA, FISCAL GENERALLa Fiscalía iniciará la investigación de los dispositivos y memorias del caso que no han sido analizados.
Francisco Barbosa, fiscal general - Foto: GUILLERMO TORRES reina - semana

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Capturadas 16 personas por presuntos nexos con el frente décimo de las disidencias de las FARC

De los capturados, 11 formarían parte de una red de apoyo que habría abastecido de insumos al grupo armado y obtenía recursos producto de la extorsión.

Labores investigativas por parte de miembros de la Fiscalía General de la Nación en contra de las organizaciones criminales que delinquen en zona de frontera con Venezuela, ayudaron a identificar dos redes que servían a las disidencias del frente décimo de las FARC.

En total fueron 16 los presuntos integrantes de estas estructuras los capturados y enviados a la cárcel por su posible participación en diferentes acciones ilícitas en Arauca.

El ente de control judicializó ya a 11 personas, entre funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales, quienes formarían parte de una red de apoyo señalada de abastecer al grupo disidente de elementos y recursos para sostener su actuar ilegal en la región.

De igual manera, la entidad encontró bastante evidencia técnica y material de prueba, como testimonios, que demuestran que los sujetos habrían aprovechado sus roles públicos para conseguir dotación, víveres e insumos, y trasladarlos a los campamentos del grupo criminal.

Además, se conoció que estas mismas personas, presuntamente, identificaban víctimas para ser extorsionadas. “No es posible aceptar por parte de los colombianos y debe rechazarse que servidores públicos, que juraron proteger la institucionalidad, defrauden la confianza y el respeto que se les debe a las instituciones en Colombia”, dijo sobre el tema el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.

“Del mismo modo, no pueden existir argumentos para aceptar que miembros de organizaciones no gubernamentales terminen delinquiendo y permitiendo que algunas de esas organizaciones no cumplan la función que deben cumplir, que es la de proteger los derechos humanos”, agregó.

Así mismo, los funcionarios que estarían relacionados con el caso habrían entregado contratos a miembros y ayudantes de las disidencias para sacar provecho económico de los dineros del Estado.

Y de acuerdo con la Fiscalía, en otras oportunidades habrían alertado a los cabecillas de la estructura sobre las licitaciones de obras o servicios que se realizaban en municipios de Arauca, con el fin de que exigieran al ganador un porcentaje sobre el contrato asignado.

Investigadores del CTI de la Fiscalía General de la Nación y unidades de la Octava División del Ejército Nacional capturaron a estas 11 personas en la ciudad de Arauca, Saravena, Tame y Fortul (Arauca), y en Bogotá.

En el proceso se logró la incautación de documentos y listas de artículos comprados como uniformes, carpas, riatas y medicamentos para enfermedades tropicales.

Así mismo, entre los detenidos hay un secretario de la Gobernación de Arauca, dos concejales (uno de Fortul y otro de Saravena), un secretario de la Alcaldía de Fortul, una coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas y cuatro personas que, supuestamente, obtuvieron vehículos, servicios y esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) con amenazas falsas.

“No hay derecho a que estos delincuentes les quiten la posibilidad a tantas víctimas de este país a una verdadera protección, inventándose amenazas y, al mismo tiempo, utilizando la misma protección que les da el Estado para continuar y realizar actividades criminales”, puntualizó el fiscal.

También fue capturada una enfermera que presuntamente utilizó un documento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para movilizar integrantes de las disidencias que resultaban heridos en los combates y llevarlos al hospital de Saravena, donde los hacía pasar como lesionados en accidentes de tránsito.

Por estos hechos, un fiscal adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana imputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión. Además, a la enfermera le formuló el cargo de asesoramiento a grupos armados organizados, teniendo en cuenta que se habría valido de su conocimiento médico.