Los exmagistrados de Cúcuta enredados en otro 'carrusel'

Poner la justicia y los derechos de los trabajadores al servicio de la corrupción es una táctica que hace más de una década concentró los reflectores de los medios de comunicación. Esta modalidad para desangrar las arcas del Estado tuvo nombres propios: Foncolpuertos o el ‘carrusel’ de falsos pensionados del magisterio, escándalos que a pesar de los años les siguen apareciendo coletazos.

En lo que sería una nueva edición de esta modalidad, la Fiscalía llevó a cabo una investigación bautizada como ‘el pozo de la dicha‘. La víctima en esta ocasión es Ecopetrol, la empresa estatal que a través de fallos de tutela se vio obligada a pagar más de 137.000 millones de pesos a trabajadores sindicalizados.

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Aunque los fallos se profirieron entre el 2010 y el 2011 por parte de jueces y magistrados del Tribunal Superior de Cúcuta, Sala Laboral, el ente investigador acaba de sentar en el banquillo de los acusados a uno de los cerebros. Se trataría del exmagistrado Félix María Galvis Ramírez, quien fue capturado para que responda por los delitos de prevaricato por acción, peculado por apropiación a favor de terceros y concierto para delinquir. También está prófugo de la justicia el exmagistrado Fernando Castañeda Cantillo.

Ambos exfuncionarios concedieron derechos a trabajadores sindicalizados que reclamaban igualdad de condiciones con trabajadores no sindicalizados en cuanto a su incremento salarial. En una acción de tutela revisada por la Corte Constitucional en el año 2012, el alto tribunal tumbó estas decisiones, al considerar, entre otras, que se brincaron los tiempos para interponer la tutela y por los retrasos las acciones resultaban improcedentes.

La Fiscalía los señala en principio por 18 decisiones en las que concedían beneficios a 580 trabajadores. Sin embargo, se investigan fallos de tutela de 10 años que no aparecen revocados por la Corte Constitucional, donde la justicia habría sido la protagonista de estos hechos de corrupción. Otros 7 fallos laborales ordinarios que afectaron a Ecopetrol también están siendo revisados.

Por lo pronto, las pesquisas de la Fiscalía apuntan a que los magistrados se habrían aliado con jueces y abogados litigantes para sacar adelante de manera irregular estas decisiones.