¿Cómo sobrevivirá el país sin petróleo?

El protagonismo de Ecopetrol en la economía es incuestionable. Este año, entre dividendos, impuestos y regalías, le transferirá a la Nación 5,5 billones de pesos. Esto es casi lo que se recaudará en 2017 con la reforma tributaria que aprobó el Congreso el año pasado. Es decir, sin el aporte de la petrolera estatal, se requeriría otra reforma de impuestos de tamaño similar. Como si fuera poco, Ecopetrol realiza compras de bienes y servicios por más de 25 billones de pesos cada año, lo cual dinamiza la economía de las diferentes regiones y genera más de 30.000 empleos, entre directos y contratistas.

Su impacto en la economía es tan relevante que dentro de las medidas de choque puestas en marcha para incentivar el crecimiento, un punto clave es acelerar el gasto de la petrolera que tiene planeado invertir 3.500 millones de dólares en todos los eslabones de la cadena (650 millones en exploración). Ninguna otra empresa invertirá una cifra ni cercana.

Si se mira en retrospectiva, el aporte de Ecopetrol a las finanzas públicas ha sido determinante. En los últimos cinco años, la petrolera y su grupo le han girado a la Nación entre dividendos, impuestos y regalías 106,6 billones de pesos. Solo en regalías les aportó a las regiones del país 33 billones de pesos, un promedio de casi 7 billones por año.

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Pero todo lo anterior puede estar en peligro. Existe una fuerte arremetida contra Ecopetrol desde distintos frentes, desde los más legítimos y legales hasta los más violentos e ilegales. Atentados del ELN, sabotajes, actos de vandalismo y bloqueos, por un lado, y consultas populares, activismo judicial y agendas políticas, por el otro, están empezando a estrechar el cerco contra la mayor empresa del país.

Esta escalada se da en un momento crítico: la economía se ha desacelerado hasta niveles que son preocupantes dadas las inmensas necesidades del país. El PIB está creciendo menos que la población, lo cual puede tener efectos sobre la pobreza y el empleo. Y la causa principal es, precisamente, el deterioro de la economía petrolera en el campo internacional.

Menos halagadoras aún son las perspectivas futuras. Según datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, las reservas probadas de crudo alcanzan los 1.605 millones de barriles. Es decir, a Colombia le quedan 5,1 años de autosuficiencia petrolera. Si no se encuentra petróleo pronto (este año o el próximo), el país está muy cerca de volver a ser importador con gravísimas consecuencias (ver recuadro).

Nadie discute que la dependencia de la economía colombiana del crudo ha tenido graves consecuencias para Colombia: enfermedad holandesa, despilfarro y falta de apuestas en otros sectores productivos. Y se podría decir que cualquiera con dos dedos de frente prefiere que la economía dependa del agro, el turismo, la economía naranja, la industria, los servicios y de exportaciones no minero-energéticas.

Sin embargo, después de tres años de la caída de los precios del petróleo y de una fuerte devaluación, ni las exportaciones han reaccionado, ni los demás sectores están despegando, ni la productividad se ha movido, ni la competitividad del país ha mejorado (y ha caído en ciertas mediciones). Por eso, mientras Colombia se prepara, y le apuesta de verdad a sectores más amigables y estratégicos que puedan remplazar las rentas petroleras, los ingresos del crudo seguirán siendo cruciales para el presupuesto de la Nación y la inversión social en Colombia.

Ecopetrol bajo ataque

La situación es tan sensible que solo los atentados del ELN contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas del año pasado representó medio punto del PIB según el Ministerio de Hacienda. Las 43 voladuras en 2016 produjeron una parálisis de más de 49 días en el oleoducto -una de las más prolongadas desde su apertura a mediados de la década de 1980- y habrían significado una pérdida de producción de más de 1,4 millones de barriles, al dejar fuera de producción los campos de Caño Limón y Caricare ubicados en el departamento de Arauca, que en promedio producen 52.000 barriles diarios de petróleo.

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Además de estos ataques, el hurto de petróleo al oleoducto Transandino, que une los campos de Putumayo con los puertos del Pacífico, se ha incrementado ante el aumento de los cultivos ilícitos en el sur del país, dado que disidencias de las Farc y otros grupos delictivos usan el petróleo como precursor para el tratamiento de la hoja de coca. Para esto, perforan y ponen válvulas a lo largo del oleoducto dejando no solo un gran impacto sobre el medioambiente, sino sobre la producción. Con esto, los principales oleoductos del país han estado bajo el ataque de grupos al margen de la ley. Según el gobierno, esto habría contribuido a una caída del 10 por ciento en la producción de petróleo.

Sabotajes y malestar regional

Al igual que los actos de violencia, se han intensificado las protestas y bloqueos por parte de comunidades y grupos ciudadanos en todas las regiones del país. Según la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), esto podría deberse, entre otras razones, al cambio en el régimen de regalías que redujo los recursos hacia las zonas productoras. “Desde que entró en vigencia el nuevo Sistema General de Regalías, en 2012, los bloqueos de las comunidades a los proyectos petroleros han aumentado: entre 2011 y 2012 hubo un incremento de 80 por ciento”, dice el gremio.

En los últimos meses se han acrecentado los bloqueos contra Ecopetrol: 90 en 5 meses, prácticamente uno por día. Y han sido en sitios estratégicos como La Cira, Acacías y El Paujil, con grandes afectaciones.

Muchas de estas protestas son legítimas y quieren defender los derechos de las comunidades o el medioambiente. Pero otras manipulan el discurso ambiental y recurren al chantaje y la violencia. Por ejemplo, los bloqueos y sabotajes en La Cira-Infantas, el campo más antiguo del país ubicado en el municipio de Barrancabermeja, no solo dejaron fuera de producción 700 de los 950 pozos que lo componen, sino que estuvieron a punto de afectar al acueducto de este municipio cuna de la actividad petrolera. “Encapuchados abrían válvulas para derramar el crudo e impedían, a través de múltiples retenes ilegales en las vías, que las autoridades atendieran la emergencia. Amenazaban el resto de trabajadores, quemaron una camioneta al servicio de Ecopetrol. Esto se encuentra lejos de ser una protesta ciudadana espontanea”, afirmó una fuente en la zona, quien además aseguró que por participar en los bloqueos a la gente le pagaban 50.000 pesos al día.

Con 40.000 barriles diarios, este campo era el de mayor producción de Ecopetrol en el Magdalena Medio, pero con los sabotajes cayó a menos de 7.000 barriles diarios. Las pérdidas económicas alcanzaron los 31.000 millones de pesos y se tuvo que suspender temporalmente el trabajo a más de 1.200 empleados. El campo aún está produciendo por debajo de su potencial afectando la generación de regalías, los programas de inversión social y el empleo en la región, sin contar el daño ambiental.

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Por esto, para muchos especialistas del sector es claro que detrás de la protesta ciudadana y del discurso proambiente también se esconden muchos intereses particulares y políticos. Algunos conocedores de la zona de Barrancabermeja afirman que el alcalde, Darío Echeverri Serrano, está motivando y apoyando una protesta contra Ecopetrol, debido a que se encuentra en medio de un proceso de revocatoria que se votará el próximo 18 de junio. Para buscar respaldo ciudadano, Echeverri Serrano estaría haciendo campaña a costa de exigencias de más inversión a Ecopetrol y de retomar las inversiones en la refinería de Barrancabermeja. El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, ha dicho en varias ocasiones que la empresa se dedicará a buscar petróleo y por ahora no emprenderá la modernización de esta refinería, a la que ya se le han invertido muchos recursos.

En esta búsqueda de salvarse, sacrificando a Ecopetrol, fuentes de la región dicen que el alcalde habría hecho una alianza con la Unión Sindical Obrera, USO, para que este sindicato apoye abiertamente la abstención en la revocatoria.

Y precisamente, la USO es un jugador clave para entender lo que ha venido pasando en Ecopetrol. Según fuentes de la industria, durante sus últimas acciones, la Unión Sindical Obrera ha pasado de los espacios de diálogo y concertación a las vías de hecho. El ingreso de manera irregular a las instalaciones de la Refinería de Cartagena el pasado mes de febrero, violando los protocolos de seguridad, poniendo en riesgo la vida de los mismos trabajadores y amenazando con afectar el normal suministro de combustibles de todo el país, es algo que va contra la sostenibilidad de la misma empresa.

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Además, detrás de las fuertes protestas y la ola de violencia que se vivió durante el mes pasado en Acacías, Meta -uno de los principales centros de producción de hidrocarburos del país-, estaría el rechazo de la entrada en vigencia del decreto de intermediación laboral que, según fuentes locales, develó las mafias que se habían apoderado en distintos municipios de la contratación de la mano de obra para los proyectos petroleros.

Cabe anotar que antes del decreto, y con la exigencia de que la mano de obra no calificada debería ser de la región donde se realizaba cada proyecto, las Juntas de Acción Comunal manejaban la expedición de los certificados de residencia para poder participar de dichas contrataciones. Hay denuncias de los propios trabajadores de las zonas, en el sentido de que estas bolsas de empleo le cobraban a la gente -por incluirla y permitir contratarla- entre el 15 y 20 por ciento del salario. Incluso la disputa por controlar esta millonaria contratación en el departamento del Meta sería la causa del asesinato de líderes sociales.

Con dicha norma (Decreto 1668 de 2016) expedida por los Ministerios de Minas y Trabajo, ya no es necesario ser de una vereda en particular, sino del municipio. Así, todas las convocatorias se hacen por internet a través del servicio público de empleo del Sena. Con esto, se le imprimió más transparencia al proceso y se les quitó el ‘negocio’ a las Juntas de Acción Comunal. Y eso ha desatado muchas de las protestas y sabotajes.

Sin embargo, es claro que detrás de estas presiones en contra de la industria petrolera también estarían grupos ilegales interesados en retrasar la llegada de compañías y del mismo Estado, a zonas tradicionalmente copadas por la guerrilla en departamentos como Caquetá y Putumayo. Se habla de bandas como los Pelusos que estarían generando problemas de seguridad y “planes pistola contra los contratistas” en algunas zonas del país.

El dilema: ¿Agua o petróleo?

En medio de todo este cúmulo de intereses ocultos y problemas de seguridad, están floreciendo consultas populares como la de Cumaral (Meta), que se lleva a cabo este fin de semana.

Si bien en este municipio la molestia es contra la compañía india Mansarovar y la china Sinopec, no directamente contra Ecopetrol, el problema es que las consultas son contra la actividad petrolera en general. De hecho, la pregunta de la consulta es si desea que dentro del municipio, “se ejecuten actividades de explotación sísmica, perforación exploratoria y producción de hidrocarburos”.

Cabe recordar que en este departamento se centra la mitad de la producción de petróleo del país, y que precisamente Ecopetrol estaría buscando explorar dos pozos claves para determinar la extensión de una franja de crudos pesados en dicho departamento: Lorito y Trogón en zona del municipio del Guamal, donde ya habrían comenzado a presentarse las primeras oposiciones.

Por esto, un resultado negativo marcaría un mal precedente para otros municipios en un momento en que el país tiene la necesidad de aumentar las reservas y no perder la autosuficiencia petrolera. De las 40 consultas que hay contra el desarrollo de distintas clases de proyectos, 16 buscan frenar la actividad petrolera.

Por esto, Ecopetrol ha salido en defensa de la industria y ha visitado las comunidades para explicarles que el sector no es responsable de los problemas de agua. “No es cierto que un pozo petrolero seque un acuífero o afecte los ríos. La mejor demostración es el campo La Cira-Infantas, ubicado en un área que lleva 99 años en producción, donde se han extraído más de 800 millones de barriles, en sana convivencia con ciénagas, quebradas y el río Magdalena”, afirmó Echeverry la semana pasada en Cumaral, frente a los líderes comunitarios, quienes manifestaron estar de acuerdo con Ecopetrol, pero no con empresas multinacionales.   

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De hecho, el sector petrolero utiliza tan solo el 1,6 por ciento del agua que se usa en Colombia, según el Estudio Nacional del Agua, y sectores como ganadería y agricultura serían mayores consumidores de este recurso.

Sin embargo, no hay que desconocer que las consultas están prosperando también por la caída en las regalías en esas regiones. Un análisis sobre el sector, realizado por la ACP, indica que departamentos petroleros como Arauca, Meta y Casanare vieron cómo sus ingresos por regalías se recortaron en más de un 40 por ciento, solo en el primer año de la reforma. Con la caída de los precios del crudo y la desaceleración de la actividad, la situación se hizo más crítica, aumentando la percepción de que esta industria trae impactos negativos sobre los territorios en los que opera, que no compensan de manera justa y suficiente a las comunidades.

Seguramente si un monto mayor de regalías se quedara en los territorios donde se explotan los recursos naturales, los mandatarios locales no estimularían las consultas populares en contra de las actividades extractivas, pues les representaría cuantiosos ingresos.

¿Qué hacer?

La situación ha llegado a un punto muy preocupante. Francisco Lloreda, presidente de la ACP, advierte que el país y los colombianos no han entendido la importancia del sector petrolero y lo que ocurriría sin él. “El escenario de un país con baja producción y una empresa como Ecopetrol languideciente no es lo deseable para Colombia. Es fundamental lograr las condiciones para poder explorar y explotar el petróleo y gas que existen en el país”, dice.

Lo cierto es que, si bien Colombia no es un país petrolero, sí depende en gran medida de su fuente de ingreso. El reciente auge del petróleo es responsable, en buena parte, de la recuperación económica del país y de los avances sociales de los últimos años. No en vano ante el boom del sector la pobreza y el desempleo han disminuido, y creció la clase media por un incremento del ingreso per cápita.

La desaceleración del sector y las nuevas condiciones de Ecopetrol ya le costaron al país un duro ajuste fiscal y una reforma tributaria. Por esto, los posibles impactos de la situación actual sobre Ecopetrol o el riesgo de perder la autosuficiencia petrolera son inimaginables. “El gobierno debe estar muy preocupado. Lo peor que le puede pasar a Colombia es que la industria no levante cabeza y que, por el contrario, se vaya a pique”, agrega Lloreda.

Ahora bien, es claro que el país tiene el reto de diversificar la producción y la canasta exportadora. No puede depender del petróleo. Es esencial desarrollar sectores como la agroindustria, el turismo, la infraestructura y los servicios. Sin embargo, estos son temas de mediano y largo plazo (aunque no se han visto tampoco planes concretos para lograrlo) y mientras tanto el petróleo y Ecopetrol son difícilmente remplazables en el corto plazo.

Incluso hay que ir más allá. Hay que plantear un debate serio sobre qué tipo de industria petrolera desea el país, qué expectativas existen sobre este sector y qué se debe hacer para que se cumplan. La discusión no puede plantearse en el falso dilema de petróleo o agua. El desarrollo del sector petrolero es necesario y es urgente realizarlo en armonía con el medioambiente, y respetando y beneficiando a las comunidades, como sucede en otros países desarrollados como Canadá y Noruega.

Sin duda el país tiene que buscar en el largo plazo fuentes de ingreso distintas al petróleo. Mientras tanto, y como están las cosas, se está ahorcando la gallina de los huevos de oro, y, como siempre, los más perjudicados serán los pobres a través de la inversión social.