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14 personas fueron capturadas por realizar explotación ilegal minera durante el confinamiento obligatorio. Foto: Ejército Nacional. | Foto: Minería Dabeiba - Ejército

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Casa por cárcel a líder social, al parecer, vinculada a grupos ilegales

La presidenta de la Junta de Acción Comunal del municipio de Cáceres, Antioquia, estaría, según la Fiscalía, vinculada a Grupos Armados Organizados.

12 de febrero de 2021

Se trata de Aída Cecilia Silva, presidenta de la Junta de Acción Comunal del municipio de Cáceres en el departamento de Antioquia, que de acuerdo con una investigación de la Fiscalía estaría relacionada con el Grupo Armado Organizado (GDO) conocido como Los Caparros, que delinque en esa zona del país.

Según los investigadores del caso, la líder social estaría vinculada a ese grupo criminal a través de la asistencia que entregaba, la información que llevaba y la colaboración que quedó sustentada en las interceptaciones y los seguimientos que adelantó la Fiscalía y que ahora sirvieron para judicializarla.

“De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, la mujer habría coordinado el envío de víveres a integrantes del GAO Los Caparros que delinquen en esa zona del Bajo Cauca antioqueño. Además, era la encargada de entregar información a los ilegales sobre el movimiento de las tropas en ese sector”, señaló la Fiscalía tras conocer la imputación de cargos en contra Aída Cecilia.

La líder social fue capturada en un operativo que se adelantó en compañía del Ejército Nacional en el departamento de Antioquia, con información entregada por exintegrantes de ese grupo criminal y que dejó a la líder como la responsable de facilitar las operaciones al margen de la ley de Los Caparros.

“Silva Algarín, quien fue capturada este lunes 8 de febrero en un operativo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional, no se allanó a los cargos imputados”, señaló el fiscal del caso durante las audiencias preliminares que se adelantaron en esa zona del país y donde se expusieron las pruebas en contra de la líder social.

Los Caparros, según la Fiscalía, es una organización criminal dedicada a las extorsiones, el tráfico estupefacientes, el secuestro y otras actividades delictivas que generan temor entre la población. La fuerza pública adelanta constantes operativos para lograr la captura de los integrantes de esta estructura criminal. Sin embargo, la información que tenía la Fiscalía es que la líder social facilitaba los detalles de algunos operativos que se pensaban adelantar en la zona.

“El Juzgado Promiscuo Municipal de Tarazá (Antioquia) impuso medida de aseguramiento de carácter domiciliario contra Aída Cecilia Silva Algarín, presidenta de la Junta de Acción Comunal del municipio de Cáceres (Antioquia), por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado”, advirtió la Fiscalía al considerar que la medida impuesta por la juez no se compadeció con los elementos materiales probatorios que presentó el fiscal del caso.

Precisamente, al finalizar la audiencia de medida aseguramiento y tras conocer que el juez decidió enviar a la detención domiciliaria a la líder social señalada de entregar información y servir a esa organización criminal, que tanto daño le ha hecho al departamento de Antioquia, el fiscal apeló la decisión a la espera de que la segunda instancia ordene la captura y reclusión de la líder en una cárcel.

“La medida domiciliaria fue apelada por el fiscal del caso, quien solicitó una medida restrictiva de la libertad en centro carcelario”, dijo la Fiscalía.

Aseguraron desde el ente acusador que la captura de esta líder social, la investigación que se adelantó y la presunta vinculación que tendría con esa organización criminal, forma parte de los lineamientos que dispuso el fiscal general Francisco Barbosa en su “plan estratégico para luchar contra la criminalidad y velar por la seguridad ciudadana”.

Anticiparon desde la Fiscalía que aun con la detención domiciliaria otorgada por el juez promiscuo, la líder continuará vinculada a la investigación y en una etapa posterior del proceso pedirán una condena en su contra por el delito de concierto para delinquir.