Caso Santrich: ¿en qué anda la Farc?

"Solo un sicario moral es capaz de semejante ignominia”, dijo Rodrigo Londoño, Timochenko, al final de la semana en un tuit que posteriormente borró. Era un duro ataque contra el fiscal Néstor Humberto Martínez, a raíz de la detención con fines de extradición de Jesús Santrich. El tono duro contrastaba con sus primeras declaraciones inmediatamente después de la reunión con el presidente Juan Manuel Santos: “El partido Farc está firmemente comprometido con el acuerdo (de paz). Hemos cumplido y seguiremos cumpliendo”, había tuiteado, y había lanzado una frase que dejaba abierta la puerta a un escenario en el que la cúpula exguerrillera tomaba distancia frente a la conducta de Santrich: “La paz de Colombia no está condicionada por los problemas, ni las personas que formamos parte de esta organización”, dijo.

El cambio de tono de Rodrigo Londoño coincidió con declaraciones de otros miembros de la Farc que también enviaron mensajes contradictorios. Fueron duras las de Iván Márquez, en Twitter, y conciliatorias las de Victoria Sandino, en entrevista con Vicky Dávila. Las diferencias de matices resultan elocuentes sobre la profundidad de la crisis por la que atraviesa el proceso de paz, de una parte, y sobre las divisiones en el seno de la exguerrilla, de otra.

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La semana pasada, con la captura de Santrich, se asemejó a la difícil coyuntura que vivieron las Farc en 2011 cuando las Fuerzas Armadas bombardearon y dieron de baja a Alfonso Cano, en momentos en que se exploraban diálogos sobre la apertura de una negociación formal con el gobierno de Juan Manuel Santos. En ese entonces, la cúpula guerrillera siguió adelante y al final entró al proceso que terminó con la firma del acuerdo para ponerle fin al conflicto. ¿Seguirán la misma línea ahora?

Más allá del futuro individual de Santrich y del proceso de paz, la pregunta es cuál era su intención al aceptar un plan para exportar cocaína y recibir 15 millones de dólares. ¿Para qué es el dinero? Dado que Santrich estaba ad portas de convertirse en representante a la Cámara por el Atlántico, con buen sueldo y escenario para hacer política, las hipótesis van por caminos distintos a los del enriquecimiento personal: 1. financiar las actividades políticas del partido de la Farc; 2. armar las disidencias; y 3. sostener un plan B para volver a la lucha armada en el caso de que definitivamente se acabe el proceso de paz.

Pero hay indicios claros de que en las Farc no hay consenso sobre el camino a seguir. Desde la cúpula hasta el último miembro de la guerrillerada hay desconfianza hacia el Estado y sus Fuerzas Armadas, y sospechas de que el imperio norteamericano va por ellos. Esa sensación ha existido siempre y nació con la captura de Santrich. En el proceso de paz habían quedado claras dos corrientes sobre la manera de enfrentar esos temores. Una línea dura, encabezada por Iván Márquez, Joaquín Gómez, Andrés París y Santrich, y otra más flexible con Timochenko, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Carlos Antonio Lozada al frente. En el último congreso de la organización las dos alas se midieron en votos, y resultó triunfadora la línea dura. Y ahora, ante la captura de Santrich con fines de extradición, las dos visiones vuelven a salir a flote.

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En un panorama interno que parece dividido, la decisión sobre el camino a seguir exacerba las diferencias. Si Santrich, al aceptar la oferta del agente encubierto de la DEA para exportar cocaína a Estados Unidos en alianza con el cartel de Sinaloa, no buscaba un provecho individual, sino la viabilidad de continuar un proyecto colectivo armado, habría motivos de profunda preocupación. Significaría que la Farc estaría regresando a una nueva fórmula de combinar formas de lucha, con una bancada de diez miembros en el Congreso y grupos alzados en armas en el territorio. Una variación sería que, ante el desgaste del proceso de paz, la guerrilla tuviera un plan B que incluiría rearmarse, y que podría aprovechar como socios a los exmiembros disidentes de las Farc. Si, hasta ahora, estos últimos grupos parecían ser fenómenos díscolos que defendían sus intereses mafiosos como rentistas del narcotráfico, la captura de Santrich obliga a repensar la posibilidad de que formen parte orgánica de un proyecto coordinado con las Farc.

La captura del exnegociador deja en entredicho la credibilidad en el proceso de paz en las dos partes. El gobierno necesita pruebas de que la conexión con Sinaloa es individual y no colectiva. Y la Farc requiere seguridad de que el ahora extraditable Jesús Santrich, recibirá un debido proceso, y que no hay una estrategia para montar casos similares contra toda la cúpula. Si vinieron por Santrich vendrán por los demás, piensan muchos en una guerrilla marxista con más de 50 años de existencia.

Esas dos visiones antagónicas se convierten en una prueba de fuego para la justicia, el juez y árbitro natural. Las acciones de la Fiscalía y de la JEP estarán bajo la lupa, en Colombia y en el exterior. Será la oportunidad para que demuestren que no tienen agendas marcadas, como le señala la izquierda a la Fiscalía y la derecha a la JEP. Y la solidez de las pruebas que suministre la DEA y la Fiscalía será definitiva para determinar que el caso es tan sólido como se ha planteado.

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El éxito de los procesos de paz, según los expertos, depende de la certeza sobre los escenarios que enfrentan las partes. Y el de las Farc con el gobierno de Juan Manuel Santos, después de la captura de Santrich, quedó abocado a tres incertidumbres delicadas. 1. La seguridad jurídica de los exguerrilleros: ¿vienen ahora pedidos de extradición contra otros miembros? 2. La ineficacia en la implementación de los programas de incorporación: ¿se pondrá las pilas el gobierno con los decretos sobre tierras y proyectos productivos? Y 3. el cambio de gobierno: ¿hasta dónde van en serio las propuestas del candidato favorito, Iván Duque, de revisar el proceso de paz?

Si en las horas que siguieron a la captura de Santrich cundió el pánico en las filas de la Farc sobre la inminente captura de otros miembros, ese escenario quedó, por ahora, descartado. Y sobre los problemas en los proyectos de reincorporación, el presidente Juan Manuel Santos se comprometió con Rodrigo Londoño a buscar acelerarlos. Esta semana saldrá el esperado decreto que establece los mecanismos de asignación de tierras a los excombatientes y se activará la aprobación de proyectos productivos a cargo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Esta hasta ahora solo ha evacuado uno de un centenar de proyectos presentados.

¿Bastará todo esto para tranquilizar a las partes y salvar el proceso de paz? A pesar de las horas convulsionadas en los últimos días, los dirigentes de la Farc han mostrado intenciones de continuar adelante. El propio Santrich, desde la cárcel, envió un audio en el que apoya la continuación del proceso. La exguerrilla no cree que habrá garantías en el proceso judicial, cosa que deberán desmentir, con actos, los tribunales. Pero las mayores dificultades están en el territorio, donde la crisis actual fortalece las voces que defienden la opción de las disidencias o de un plan B ante el fracaso de la paz. La unidad de la Farc y el control de la cúpula son un punto clave.

Y la opinión pública general también está expectante. Necesita pruebas, no solo sobre los vínculos de Santrich con el cartel de Sinaloa, sino de que estos solo existen a título individual y no forman parte de un proyecto colectivo de combinación de formas de lucha, como sucedió en los años ochenta con la Unión Patriótica. Por una vez, y ante la evidencia de que un miembro tan simbólico como Santrich ha roto los acuerdos de paz, convendría que los voceros de la Farc no desafíen a las mayorías en aras de mantener el apoyo de sus propias bases.