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Comunidades en Cauca, Putumayo y Caquetá están en alto riesgo, advierte la Defensoría del Pueblo

La primera alerta temprana de la Defensoría en 2021 muestra que más de 71.000 pobladores de distintos municipios corren grave peligro.

La Defensoría del Pueblo emitió la primera alerta temprana de 2021, en la que dice que los habitantes de los municipios de Piamonte, Cauca; Puerto Guzmán, Putumayo; San José del Fragua, Curillo y Solita, Caquetá, se encuentran en grave riesgo por la presencia de grupos al margen de la ley.

Las AUC, frentes de las disidencias de las FARC, el autodenominado Sinaloa, entre otros, son los responsables de sembrar el terror y el peligro sobre 73.141 personas. El documento, bastante alarmante, advierte que quienes están en peligro son 37.797 mujeres y 35.344 hombres, la gran mayoría de ellos en el municipio putumayense.

Niños, niñas, adolescentes, indígenas, afrocolombianos(as), mujeres, población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD), líderes, lideresas y defensores de derechos humanos son los grupos sociales vulnerables.

La entidad identificó, específicamente, a la población en mayor riesgo. Por un lado, habla de quienes viven o trabajan en los territorios mencionados, desde hace menos de un año. Por lo general, los señalan de ser colaboradores, informantes y/o auxiliadores de los actores armados ilegales o del Estado. Las acusaciones incluyen a personas en proceso de reincorporación y sus familias.

Por otro lado, debido a que los grupos armados imponen pautas de comportamiento y controles para ganar legitimidad de las comunidades por medio de ofrecerles seguridad, la Defensoría ha conocido sobre amenazas y ataques selectivos contra personas que forman parte de la población estigmatizada, entre las que se encuentran supuestos ladrones, consumidores y expendedores de sustancias psicoactivas, compradores de coca que no tienen el permiso de los grupos armados ilegales o que favorecen el acciones de alguno de ellos.

Las lideresas y los líderes comunales y campesinos que están asociados a la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) corren peligro, que también se origina por la intromisión de los actores armados ilegales en los asuntos comunitarios y las presiones para hacer cumplir sus órdenes.

Algunas de las organizaciones sobre las que la Defensoría ha identificado un riesgo son: las juntas de acción comunal, la asociación municipal campesina de trabajadoras y trabajadores del Cauca, la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte Cauca y Cofanía Jardines de Sucumbíos, Marcha Patriótica, Junta Patriótica Departamental y Comisiones de Trabajo de Putumayo, Piamonte y Jardines de Sucumbíos, Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), entre otros.

Sumado a esto, debido a la confrontación entre el frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC y el autodenominado grupo Sinaloa o La Mafia, quienes transitan por el corredor fluvial del río Caquetá entre los municipios de Puerto Guzmán, Piamonte, Curillo y Solita, incluyendo pasajeros, transportadores y comerciantes, están en peligro.

Asimismo, niños, niñas y adolescentes pueden ser reclutados, usados o utilizados en los municipios ya mencionados, mientras que ellos y sus familias, así como los directivos y docentes de los centros educativos ubicados en las áreas advertidas, por ser sus principales entornos protectores, pueden ser desplazados.

Como suele ocurrir, las mujeres se encuentran en una situación de riesgo especial, pues afrontan la posibilidad de que ejerzan violencia de género en su contra, sobre todo violencia sexual, para atemorizar a la población civil y así mantener o consolidar el dominio del territorio que pretenden los grupos armados ilegales.

Finalmente, la Defensoría identificó que los servidores públicos, en particular aquellos que se dedican a implementar políticas de seguridad del Estado y quienes se manifiestan a favor de los derechos de las comunidades, también están en peligro.

Entre los intereses de los grupos armados ilegales en los territorios está la riqueza natural de los municipios advertidos, que les permiten establecer zonas de aprovisionamiento, descanso, campamentos y áreas de repliegue que favorecen su acción armada, facilitan la movilidad de hombres, armas e insumos para procesar la hoja de coca y, en general, el desarrollo de actividades relacionadas con el narcotráfico a nivel internacional.

Cuando hay operativos de erradicación manual, las disidencias obligan a la comunidad a realizar asonadas contra miembros de la fuerza pública.

La Defensoría del Pueblo hace un llamado para que se adopten medidas integrales efectivas para disuadir, alejar o mitigar el riesgo garantizando la plena vigencia de los derechos humanos de la población civil.

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