Confinamiento y desplazamiento: la dura situación en Tibú por combates entre ELN y el Clan del Golfo

Enfrentamientos entre grupos armados ilegales en zonas rurales de Tibú y Cúcuta, en Norte de Santander, tienen en alerta y con total preocupación a comunidades, organizaciones protectoras de derechos humanos y a la Defensoría del Pueblo.

El domingo último, 40 familias de la vereda La Silla, de Tibú, abandonaron el poblado por falta de garantías en seguridad, pues desde diciembre se vienen presentando enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas y el ELN para hacerse por el control del territorio.

Las personas que salieron de la vereda llegaron hasta la escuela El Ambato, donde se refugiaron, y hasta el momento han recibido atención de la Alcaldía de Tibú, la personería municipal y la Defensoría del Pueblo.

Esta no es una situación nueva y por ello se ha insistido en la presencia de la fuerza pública en la zona. Según lo detalló Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar y defensor de los derechos humanos, los enfrentamientos entre estos grupos ilegales tienen a la comunidad en vilo desde diciembre. “El 28 de diciembre varias familias tuvieron que resguardarse en la iglesia para poderse proteger” debido a un enfrentamiento. Posteriormente, el Ejército hizo presencia en la zona y aunque se ha brindado acompañamiento, las comunidades piden presencia permanente.

Cañizares dijo que “10 veredas de la zona rural de Cúcuta se encuentran en estado de alerta” por estos enfrentamientos y destacó que hay familias que debido a la situación tienen reportados hasta tres desplazamientos.

La Defensoría del Pueblo detalló que “desde el pasado sábado 9 de enero funcionarios de la entidad acompañan a los pobladores, quienes expresaron que muy cerca al caserío se presentaron combates e incluso manifestaron la presencia constante de grupos armados ilegales en la zona”.

Asimismo, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, pidió seguridad y acompañamiento por parte de la fuerza pública, “junto con el apoyo oportuno e integral a la población para que sus derechos fundamentales sean protegidos”.

En esta zona del país se cometieron tres masacres en 2020, situación que generaliza el miedo entre las comunidades, que deben permanecer encerradas y no pueden usar sus celulares. “Es una situación dramática”, aseguró Cañizares, quien insiste en mayores acciones para proteger a la población.