Home

Nación

Artículo

| Foto: Guillermo Torres

CONGRESO

El minuto a minuto de la consulta anticorrupción

La iniciativa ha pasado por diferentes etapas y finalmente llega al Congreso para que sean los senadores los que decidan si pasa a la siguiente instancia o no. El Centro Democrático pide que se aplace la votación hasta la primera vuelta.

17 de abril de 2018

A las congresistas Claudia López y Angélica Lozano, así como al partido Alianza Verde, les cayó como anillo al dedo que el debate sobre la consulta anticorrupción en el Senado tuviera lugar en el ecuador de la campaña presidencial. A seis semanas de las elecciones, y cuando todos los candidatos exponen fórmulas para combatir la corrupción, los partidos políticos tuvieron este martes el momento de pasar de las palabras a los hechos.

Hace un año, las congresistas de la Alianza Verde presentaron a la Registraduría 4.312.653 firmas (fueron aprobadas 3.100.000) con el propósito de convocar a la ciudadanía que se pronuncie sobre siete medidas para combatir la corrupción. Nunca antes una iniciativa de origen popular había tenido semejante respaldo en la democracia colombiana.

Los siete mandatos, como los denominó Claudia López, consisten en bajar el salario a los congresistas y altos funcionarios; quitar los beneficios de cárcel especial a corruptos y prohibirles contratar con el Estado; contratación transparente con pliegos tipo en todo el país; presupuestos públicos con participación ciudadana a través de audiencias públicas; rendición de cuentas de la gestión de los congresistas; publicación de las declaraciones de renta e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio; limitar la reelección de legisladores a máximo tres periodos en corporaciones públicas.

Seis de estas siete medidas ya habían sido aprobadas por al actual Senado en distintas reformas constitucionales y leyes de la república, sin embargo muchas de ellas se hundieron en la Cámara de Representantes.

Antes del debate, las fuerzas favorecían a Claudia López. ¿Qué partido político se manifestaría en la tribuna de la plenaria del Senado contra la corrupción? Parecía lógica la respuesta.

Además el gobierno en boca del ministro del Interior, Guillermo Rivera, reiteró el respaldo a los mecanismos de participación ciudadana y anticipó que si el Senado autoriza la convocatoria a las urnas, garantizará su libre realización.

“Esta consulta ya cumplió con los requisitos en materia de recolección de firmas y la autoridad electoral ya avaló este procedimiento, y nos parece muy importante que los colombianos se pronuncien en esta materia”, dijo el funcionario.

Pese a ello, el debate tuvo dos inconvenientes. De un lado, 30 senadores se declararon impedidos para votar por lo que la plenaria tuvo que resolverlos. Tres horas ocupó a la plenaria este asunto. 

Antes, Paloma Valencia tomó la vocería del Centro Democrático. Aprovechó su tiempo para reivindicar lo que ha hecho el partido en materia de lucha contra la corrupción, rendición de cuentas, y los compromisos que ha adquirido el candidato presidencial Iván Duque, a quien Claudia López mencionó como uno de los autores de algunas iniciativas.

Sin embargo, la senadora Valencia la calificó de inconveniente porque en plena campaña electoral podría interferir el debate. Propuso a la Alianza Verde el aplazamiento y que el Senado se pronuncie después de la primera vuelta de las presidenciales, entre otras porque una de las promotoras de la consulta es fórmula a la vicepresidencia de uno de los candidatos. “Eso genera distorsión”, explica.

En consecuencia, la plenaria del Senado deberá decidir si aplaza la discusión hasta después de las elecciones o si le da el visto bueno a la consulta, que de hacerlo, se podría llevar a cabo el día de la primera vuelta.

Los puntos de la consulta anticorrupción son:

1. Los congresistas no podrán estar más de tres periodos en el Legislativo.

2. Acabar con la “mermelada”.

3. Los funcionarios elegidos por voto popular deberán presentar sus declaraciones de renta.

4. Los congresistas estarán obligados a rendir cuentas.

5. Será obligatorio el trámite del presupuesto público de Alcaldías y Gobernaciones.

6. No habrá beneficios penales para los condenados por corrupción.

7. El Estado podrá cancelar de forma unilateral los contratos con personas que sean sancionados por delitos de corrupción.