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El CNE en sala plena decidirá qué hacer con la solicitud de la Contraloría Distrital. Mientras tanto, Petro ordenó interponer las acciones administrativas y judiciales “que sean necesarias”. | Foto: Fotomontaje SEMANA

POLÍTICA

¿A Petro le pueden embargar el dinero de la reposición de votos?

La Contraloría Distrital ordenó al CNE embargar el dinero de reposición de votos para que Petro pague la sanción de 40.500 millones de pesos por presunto detrimento patrimonial al comprar los camiones de basura. Desde la campaña del líder de la Colombia Humana aseguran que esto es "ilegal" y que el contralor estaría prevaricando.

19 de febrero de 2019

Las millonarias sanciones contra Gustavo Petro le siguen pasando factura. La Contraloría Distrital le ordenó al Consejo Nacional Electoral, CNE embargar el dinero que le darán a la Colombia Humana por reposición de votos en las elecciones presidenciales. El ente de control, en cabeza de Juan Carlos Granados, está adelantando un proceso de cobro coactivo de 40.500 millones de pesos que corresponden a la multa por presunto detrimento patrimonial en el sistema de aseo al comprar 218 vehículos para prestar el servicio de recolección de basuras, durante la administración Petro.

Lo que pide la Contraloría es que el CNE no consigne lo correspondiente a la reposición de votos a la cuenta de la campaña, sino al Banco Agrario, "mediante título de depósito judicial" a favor de la Contraloría de Bogotá. Tras conocer la solicitud, Heriberto Sanabria, presidente del CNE, aseguró que analizarían el documento y procederían conforme a la Constitución y “de ser posible, atenderemos la orden de embargo que ha emitido frente a la reposición de votos”.

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Según los expertos consultados por esta revista, nunca antes se había presentado un caso igual, en el que la Contraloría ordenara el embargo de dinero que el Estado da por reposición de votos en el marco de un proceso sancionatorio a un funcionario público.

Desde la óptica de Petro, esta orden de la Contraloría tiene un tinte político, pues asegura que existe una “persecución” por parte de Granados, cercano a Cambio Radical, el partido de uno de sus más duros contradictores en campaña: el ex vicepresidente Germán Vargas. “Este es una abuso criminal del contralor Granados contra los derechos políticos. Embargar cuentas de la Colombia Humana como si fueran mis ingresos personales. Le pido a mis abogados no solo interponer las acciones administrativas, sino penales a este claro prevaricato”, aseguró en su Twitter.

La Contraloría ordenó embargar dineros a título de honorarios, comisiones, cuotas, arriendos y otro tipo de ingresos de Gustavo Petro. Sin embargo, lo que alega el senador es que la reposición de votos no corresponde a ninguna de estas categorías.

“La Contraloría entiende como si la plata de reposición de votos le llegara como ingresos a Gustavo Petro, eso no es así. La reposición se hace sobre los gastos y las deudas de la campaña. Toda esa plata no está a nombre de Gustavo Petro, sino que entra a una cuenta bancaria de donde inmediatamente se paga más de la mitad de esa plata a los bancos y la otra mitad a los proveedores. No es posible que embarguen una plata que no es del candidato sino de los acreedores. Es ilegal embargar las cuentas de la reposición de votos”, aseguró a SEMANA Blanca Durán, gerente de la Campaña Petro Presidente.

Ahora, existe un concepto que dio el CNE en 2013 que dice que el dinero por reposición de votos en el caso de candidatos independientes entrará a "formar parte del patrimonio de la persona natural que fungió como candidato".

“La ley prevé de manera expresa que la suma por reposición de gastos de campaña cuando se trate de candidatos inscritos por grupos significativos de ciudadanos, le debe ser entregada por parte de la organización electoral "al candidato o a la persona, natural o jurídica que él designe", lo cual permite concluir por virtud de la norma, que la disposición de estos recursos se transmite al candidato como titular del derecho.

"El Estado, por conducto del fondo de dineros públicos adscritos al Consejo Nacional Electoral repone los valores económicos invertidos por el candidato en la respectiva campaña electoral, y una vez cursado el trámite para su reconocimiento, estos recursos entrarán a formar parte del patrimonio de la persona natural que fungió como candidato”, se lee en el concepto.

Una de las claves del caso está en la cuenta que previamente la campaña de Petro registró para que se hiciera el pago de la reposición de votos con base a la información consignada en el portal Cuentas Claras del CNE. Si esta cuenta estuviera a nombre de Petro entraría a su pecunio, pero según explicó la gerente de la campaña a este portal, la cuenta está a nombre de ella.  Esto implicaría una contradicción, puesto que al que están embargando es a Petro, no a ella ni a la campaña.

Lo que advierte Petro y Durán es que al embargar la reposición de votos se estaría afectando a terceros, los acreedores, quienes prestaron el dinero. La campaña de Petro en primera vuelta tuvo dos grandes préstamos; uno con Bancolombia (12.000 millones de pesos) y otro con Confiar Cooperativa Financiera (2.000 millones de pesos). A esto se deben sumar los 464 millones de personas naturales.

En segunda vuelta se registró un préstamo de 5.000 millones de pesos del Banco GNB Sudamesis, y otros más, al igual que personas naturales por 754 millones de pesos. Petro instó a las organizaciones financieras y personas naturales que le prestaron dinero para la campaña presidencial a que demanden a la Contraloría Distrital “porque pretende quedarse con sus recursos contrariando la ley”.

Como la reposición de votos se hace con base a los gastos declarados, para la primera vuelta se repondrán 23.000 millones de pesos, los cuales ya están autorizados pero no han sido desembolsados. Y para la segunda vuelta, la gerente de la campaña asegura que el monto es por 10.000 millones de pesos, que tampoco habrían sido desembolsados.

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“De aquí a que enfrentemos el proceso se han causado unos daños y perjuicios a terceros, por la terquedad del contralor distrital de perseguir a Gustavo Petro. Creo que todo es una confabulación, no se giró el dinero antes y ahora que se va a girar aparece el contralor obstaculizando”, explicó a SEMANA Dagoberto Quiroga, abogado de Petro en este caso. Además, Quiroga asegura que no fueron notificados de que había un proceso de cobro coactivo por el caso de los camiones de basura.

El pasado 21 de noviembre de 2018 el contralor de Bogotá confirmó la existencia de nuevas sanciones contra Petro, en el marco de procesos de responsabilidad fiscal por la implementación del esquema de basuras durante su administración como alcalde de Bogotá. No obstante, el abogado de Petro aseguró que van a presentar una demanda pidiendo medias cautelares ante el contencioso administrativo. “Tan pronto se presente la demanda se suspende el cobro, por eso es que se están adelantando con lo del embargo”, explicó.

Al consultar con una fuente muy cercana a la Registraduría, ésta advirtió que en el caso de Petro podría existir un vacío legal porque Colombia Humana no tiene personería jurídica y por tanto los dineros sí entran a la persona natural, y los créditos fiscales tienen prelación.

Sin embargo, en el caso de la campaña de Petro esto no es tan sencillo. Existe un acuerdo de coalición que hicieron Colombia Humana y el Movimiento Alternativo Indígena y Social, Mais. “El dinero que gira el CNE no van al pecunio individual del candidato, sino que tienen una destinación específica determinada por la rendición de cuentas ante el CNE. Tienen que ver si hay un acuerdo de distribución de los recursos de reposición entre quienes hicieron la coalición”, explicó a SEMANA el exmagistrado del CNE Armando Novoa.

Según Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, una campaña así no tenga personería jurídica adquiere compromisos con sus deudores y con la gente que ha trabajado para ella, además en caso de que el CNE acepte el embargo es un “mal mensaje de que el dinero de reposición de votos se concibe como un dinero de los candidatos y no para pagar los gastos de una campaña”.

El CNE en sala plena decidirá qué hacer con la solicitud de la Contraloría Distrital. Mientras tanto, Petro ordenó interponer las acciones administrativas y judiciales “que sean necesarias”.