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| Foto: Archivo SEMANA

JUSTICIA

Corte constitucional definirá juez en caso Santrich

Por primera vez, el alto tribunal entrará a definir un conflicto de competencias entre la Jurisdicción Especial para la Paz y el Tribunal Superior de Bogotá (Sala Penal). El caso acaba de ser repartido al magistrado Luis Guillermo Guerrero.

23 de mayo de 2018

El 9 de abril fue capturado Jesús Santrich como consecuencia de una solicitud de extradición de Estados Unidos, que lo investiga por delitos de narcotráfico cometidos después de la firma del acuerdo de paz. Semanas después, el abogado del ex jefe guerrillero, Gustavo Gallardo, interpuso una acción de tutela en contra de la actuación de la Fiscalía, los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, la Presidencia y la Jurisdicción Especial para la Paz, en donde alegaba que el procedimiento de detención y allanamiento a la residencia de Santrich fue ilegal. 

La defensa del exguerrillero perdió los primeros rounds, sin embargo, su petición de tumbar todo lo ocurrido elevada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá se abrió camino entre los jueces, hasta que este miércoles cayó en manos de la Corte Constitucional. 

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El magistrado Luis Guillermo Guerrero será el encargado de resolver el primer conflicto de competencias entre la nueva jurisdicción transicional y el Tribunal Superior de Bogotá. Este último es el que tiene la competencia para revisar la actuación de la Fiscalía y de los órganos de gobierno que intervinieron en el inicio del trámite de extradición.

El abogado Gallardo explicó a este medio de comunicación que entre las autoridades accionadas estaba la Jurisdicción Especial para la Paz. Ello implicaba que según las reglas de juego la controversia debía ser resuelta por la misma jurisdicción transicional.

De este modo nace el conflicto de competencia negativo ya que la JEP no puede pronunciarse frente a la actuación de la Fiscalía y los órganos de gobierno, aunque sí mantiene su competencia para pronunciarse sobre sus propias actuaciones. El intringulis jurídico es clave porque la Corte Constitucional tendrá que resolver quién tiene la competencia para pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de un operativo de captura que puso a prueba el proceso de paz. 

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El fiscal general ha sido enfático en afirmar que la JEP debe emitir concepto alrededor de la fecha de ocurrencia de los supuestos hechos delicitivos para verificar si sucedieron después de la firma del proceso de paz. Sin embargo, sostiene que no pueden pronunciarse sobre el operativo de captura del exjefe guerrillero, así como tampoco pueden entrar a analizar las circunstancias sobre las cuales se dio el allanamiento que llevó a la incautación de 10 computadores. Un pronunciamiento en este sentido -dice Néstor Humberto Martínez- pondría en riesgo la detención y la legalidad de las pruebas recogidas.

La Procuraduría también anunció sus propios recursos ante lo que considera una decisión inconstitucional de la JEP de suspender la extradición de Santrich y pedirle información a la Fiscalía sobre el proceso de captura. Sin embargo, la Corte Constitucional tiene en sus manos una decisión clave que podría desenredar este nudo jurídico que hay alrededor del trámite de extradición de un jefe guerrillero.