Corte ordena a EPS cubrir cirugía de abdominoplastia a mujer que se hizo un bypass

La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional ordenó a una EPS en La Guajira que, en menos de 48 horas, cubra los gastos de una cirugía de abdominoplastia para una mujer que se sometió a un bypass por obesidad mórbida.Según la sentencia proferida por el magistrado Antonio José Lizarazo, dichos procedimientos no pueden ser calificados como una cirugía plástica “estética” o “cosmética”, pues cumplen fines reconstructivos.Todo inició cuando el 15 de septiembre de 2015, como resultado de una tutela contra la extinta Caprecom, a una mujer le fue ordenada una cirugía de bypass bariátrica, que se practicó en noviembre de 2016.Como consecuencia de ese procedimiento, perdió 51 kilos de peso, pero la flacidez y el exceso de piel limitaban su funcionalidad para algunas actividades cotidianas.Luego, con ocasión de la liquidación de la EPS Caprecom la mujer fue reasignada a Anas Wayuu E.P.S.I. y los procedimientos postquirúrgicos le fueron interrumpidos.Fue entonces cuando presentó una tutela en contra de esa EPS con el propósito de que sus derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social fueran amparados.En su argumento, la ciudadana explicaba que esa entidad se negó a practicarle procedimientos médicos ordenados por su médico tratante, que corresponden a tratamientos postquirúrgicos, como la abdominoplastia.La tutela indicaba que, en atención a las recomendaciones de su médico especialista, se le habían ordenado una serie de procedimientos para completar el proceso de recuperación de su funcionalidad total, lo que consistía en reconstrucción mamaria bilateral con colgajos; abdominiplastia en círculo funcional y braquioplastia bilateral.Pero Anas Wayuu E.P.S.I. dio respuesta a la solicitud del Juzgado Segundo Promiscuo e informó que, desde el momento de afiliación de la actora, la entidad había “garantizado la prestación de los servicios que establece el Plan de Beneficios en Salud definidos en la Resolución 5269 de 2017”.Bajo ese argumentó, el 5 de julio de 2018 autorizó la valoración por especialidad de cirugía plástica y constató que, en efecto, la mujer presentaba “secuelas de flacidez de piel y tejidos blandos”, como consecuencia de la cirugía.La EPS sostuvo entonces que los hallazgos encontrados en la valoración “no limitan la funcionalidad” de la paciente. Por el contrario, manifestó que el médico tratante se limitó a resumir las secuelas producto del proceso secundario de un bypass, dentro del contexto de obesidad mórbida de la mujer.Además, según esa EPS, estas secuelas no representaban “ningún tipo de disfuncionalidad y que los procedimientos solicitados quedan enmarcados en el límite de las cirugías con fines estéticos”. Por lo que, según la entidad, no hacen parte del plan de beneficios en salud.Ante esto, en octubre de 2018, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Maicao decidió amparar los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad de la señora y ordenó al representante legal de Anas Wayuu E.P.S.I. que garantizara los procedimientos quirúrgicos ordenados por el médico tratante.El juzgado precisó que, si bien es cierto que las cirugías estéticas y procedimientos de cirugía plástica se encuentran excluidos del PBS, la Corte Constitucional había avalado su realización cuando se trata de cirugías plásticas reconstructivas con fines funcionales.Sin embargo, Anas Wayuu E.P.S.I. impugnó la sentencia argumentando que los procedimientos ordenados por ese juzgado tenían un propósito cosmético o suntuario que no se encuentran relacionados con la recuperación o mantenimiento de la capacidad funcional o vital de la accionante.Ante esto, en noviembre de 2018 ese mismo tribunal revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó el amparo constitucional solicitado por la accionante.El caso llegó a manos del magistrado Antonio José Lizarazo, por lo que la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional ordenó revocar esa sentencia y confirmar parcialmente la anterior orden judicial, fallando a favor de la paciente.Por eso, el alto tribunal ordenó a Anas Wayuu E.P.S.I. que, en un término de 48 horas, autorice y garantice los procedimientos y tratamientos ordenados por el especialista en salud que valoró a la mujer.Según la corte, “los procedimientos quirúrgicos ordenados a la accionante por el médico tratante, aparentemente excluidos del PBS, buscan corregir problemas generados por el diagnóstico de obesidad mórbida de la accionante”.La abdominoplastia y los otros tratamientos “están orientados a dar solución a las secuelas que quedaron de la cirugía de bypass bariátrico que le fue practicada a la actora en 2016”.Por consiguiente, para esa sala es claro que dichos procedimientos no pueden ser calificados como una cirugía plástica “estética” o “cosmética”, pues cumplen fines reconstructivos funcionales que buscan impedir afectaciones físicas y psicológicas en la vida de la actora y que le permitirán llevar una vida en condiciones dignas.