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CORTE SUPREMA DE JUSTICIAEn una parte de la opinión se alimentó la idea de la existencia de un sector de la corte politizado y antiuribista, que solo buscaba poner a Uribe preso.
Corte Suprema dejó en firme condena de 20 años de cárcel contra prestamistas ‘gota a gota’

JUSTICIA

Corte Suprema dejó en firme condena de 20 años de cárcel contra prestamistas ‘gota a gota’

Los condenados se dedicaban a prestar dinero e intimidar a sus clientes.

11 de abril de 2021

La Corte Suprema de Justicia decidió mantener una condena de 20 de cárcel contra dos prestamistas ‘gota a gota’ por amenazar a sus clientes.

Los dos prestamistas, según un testigo, amenazaban e intimidaban a sus clientes para que les pagaran el dinero prestado.

El testigo dijo que había solicitado $200.000 a los prestamistas para poder solventar atenciones médicas que necesitaba. Según el ciudadano, en septiembre de 2016 terminó de pagar los $200.000, pero los prestamistas le dijeron que aún debía “el seguro de crédito”, el cual tenía un valor de $120.000 adicionales.

“Dos días después de negarse a pagar la suma correspondiente, empezó a ser seguido desde una moto, vigilado, intimidado y amenazado. El día 27 de ese mes y año, a las 6:30 de la tarde, un sujeto que se presentó en su casa lo golpeó, causándole lesiones que lo incapacitaron 45 días”, se lee en el expediente del caso citado por El Tiempo.

En octubre, luego de que el ciudadano cancelara $45.000 (en una cuota de $30.000 y otra de $15.000), las amenazas contra el deudor continuaron.

Según el expediente del caso, desconocidos en moto llegaron hasta la casa del deudor y le dijeron a su hija “que hiciera saber a su padre que ella y su mamá correrían la misma suerte si continuaba negándose a entregarles la suma reclamada”.

“Ellos llegaron a golpear super durísimo la puerta, yo salí por la ventana y me preguntaron por mi papá, pues no, casi tumban la puerta, ellos me dijeron ‘dígale a su papá que si no quiere que le pase lo mismo a él y a su mamá que pague esa plata’”, dijo uno de los testigos del caso.

El 1 de noviembre del 2016, el Gaula detuvo a los dos prestamistas luego de haber recibido el dinero, quienes tenían, al momento de su detención, lo que serían los historiales de sus clientes y sus respectivos créditos.

La Corte Suprema de Justicia dijo que el cobro violento o bajo amenazas por parte del prestamista o acreedor configura el tipo penal de constreñimiento ilegal y no el de extorsión.

El tribunal cuestionó que la negativa del pago del seguro del préstamo “le costó (al deudor) un daño a su integridad física propiciado por los extorsionistas e inexplicablemente dejado de investigar por la Fiscalía, error enmendado por el Tribunal Superior al disponer la expedición de copias para que dicha conducta sea averiguada”.

La Corte señaló que en el proceso quedó probado que la víctima, además de haber sido amenazada junto con su familia, fue agredida por quienes le venían exigiendo el pago de unos intereses ilícitos e indebidos.

Otras capturas a prestamistas ‘gota a gota’

En una redada de las autoridades en contra de los prestamistas bajo la modalidad de ‘gota a gota’, fueron capturadas 11 personas que estaban cobrando intereses impagables a quienes les prestaban dinero.

“En el operativo fueron capturados los 11 integrantes de esta estructura criminal, señalada de hacer préstamos de dinero a personas vulnerables con tasas exorbitantes, bajo la modalidad de ‘gota a gota’. Una vez efectuados los préstamos, los ‘cobradores’ amenazaban de muerte a las víctimas cuando incumplían las elevadas cuotas de interés, lo que generaba temor y zozobra en los habitantes de esta región del país”, indicó el general Fernando Murillo, director de la Dijín.

Agregó el oficial que “fueron casi 36 meses de investigación financiera minuciosa, análisis de información, vigilancias y seguimientos e interceptaciones telefónicas, que permitieron establecer la modalidad que utilizaba la organización criminal para encubrir el incremento inusitado de dinero, lo cual permitió de manera histórica, la primera judicialización por el delito de lavado de activos a partir de la configuración de usura, en conexión con el enriquecimiento ilícito, lo que conlleva una pena que está contemplada entre los 3 a 30 años de prisión”.