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| 1/27/2018 10:15:00 PM

Un sensible vacío en la doble instancia para aforados

El máximo tribunal señaló que sí hay segunda instancia para aforados, pero todavía no. La corte conservará todas las facultades hasta tanto los nuevos magistrados se pongan la toga.

Corte Suprema dice que sí habrá segunda instancia para aforados Un sensible vacío en la doble instancia para aforados

Por fin. Con décadas de atraso, la Rama Judicial colombiana se pondrá a la par con los Estados democráticos modernos en materia de una garantía fundamental, el derecho de que un tribunal superior revise la condena proferida contra cualquier ciudadano.

En Colombia, hasta hace unos días, existía una excepción que privaba de esa garantía a los llamados aforados, es decir, a los congresistas, al vicepresidente, a los ministros, al fiscal general, a los embajadores y a los propios magistrados, entre otros dignatarios. Todos estos, a la hora de enfrentar un proceso penal, debían ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia y su veredicto resultaba inapelable. Esa limitación, además de retrógrada, implicaba líos mayúsculos. Basta recordar que en la llamada parapolítica el caballito de batalla de los congresistas y altos funcionarios procesados fue descalificar la justicia nacional porque no contemplaba el derecho universal a la segunda instancia. Ese argumento encabezaba muchos expedientes que los implicados llevaron a instancias internacionales.

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Por todo ello, resulta importante y conveniente la reforma constitucional que tramitó el Congreso en la pasada legislatura, y que el gobierno acaba de promulgar, con la que nace la segunda instancia para aforados. Implica que la Corte Suprema de Justicia tendrá una reingeniería interna. Aparecen la Sala Especial de Instrucción, integrada por seis magistrados, y la Sala Especial de Juzgamiento, que contará con tres. La primera sala tendrá la responsabilidad de investigar y acusar ante la segunda, que deberá proferir sentencia. Ambos órganos serán el primer juez de los aforados, y quienes quieran recurrir su fallo, podrán acudir a la Sala Penal de la Corte Suprema, que sigue siendo la máxima instancia en materia penal.

La nueva arquitectura judicial tiene un costo de 13.500 millones de pesos, la mayoría de los cuales ya están apropiados. El Ministerio de Justicia, Hacienda y el Consejo Superior de la Judicatura coordinan la logística necesaria para hacer las convocatorias, conseguir despachos y escoger al personal necesario. Los nueve magistrados que integrarán las salas especiales serán independientes de la Sala Penal y se ocuparán exclusivamente de procesos contra aforados. Actualmente, la Corte Suprema adelanta cerca de 400 investigaciones de este tipo y 41 expedientes ya están en la etapa final de juicio.

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Aunque todo parece muy halagüeño, no lo es. O por lo menos no para todos. El acto legislativo que dio a luz los ajustes en la Corte Suprema no previó un periodo transicional entre la promulgación de la reforma y su puesta en marcha. Por cuenta de ello, abogados de aforados con expedientes en curso están advirtiendo que la doble instancia ya está vigente y los debe cobijar.

Los magistrados de la Corte Suprema discutieron internamente y fijaron la posición unificada en torno a que mientras la reforma no sea un hecho concreto, las reglas y procedimientos actuales permanecen incólumes. Es decir que los procesos en marcha, ya sea en etapa de instrucción o a punto de ser fallados, no tendrán ningún cambio. La corte, además, señaló que el momento cero de la doble instancia llegará cuando los nuevos magistrados se posesionen.

La determinación se apoya en un argumento apenas lógico: no es posible aplicar una ley o una reforma constitucional antes de que entre en vigor, es decir, antes de ser promulgada. Eso ocurrió la semana pasada, y con esa diligencia se desataron los trámites de apropiación presupuestal y demás pasos para materializarla. Todo el galimatías se habría obviado con un parágrafo de transición. “El legislador dejó un vacío y la corte lo que hizo fue llenarlo”, le dijo a SEMANA el magistrado Luis Antonio Hernández.

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El problema ahora consiste en que los defensores no aceptan el argumento de que sí hay doble instancia, pero todavía no. Ya un par de penalistas anunciaron que acudirán, una vez más, a tribunales internacionales. Es evidente que hasta el último instante, la segunda instancia será un dolor de cabeza para el país.

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