La Corte Suprema de Justicia le volvió a decir ‘no’ al proyecto de ley que presentó el Gobierno Petro al Congreso, para dar beneficios penales a grupos armados como las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN.
El concepto de la Corte Suprema de Justicia se conoció después de la mesa de trabajo que adelantaron los magistrados de ese alto tribunal, el Consejo Superior de la Judicatura y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
La Corte Suprema de Justicia envió como representante a la magistrada Myriam Ávila Roldán, presidente de la Sala de Casación Penal, quien firmó el concepto dirigido a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
“Precisamente, por tratarse de un tema tan delicado que reclama una estrategia de sujeción o sometimiento sólida, permanente y efectiva, la Sala de Casación Penal considera que la construcción de una propuesta de esta envergadura necesita mayor deliberación pública, consensos más robustos y un análisis más reposado de varias de las medidas que pretenden implementarse” es uno de los apartes del documento.
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