Daños y protestas en los peajes de Cartagena, tras denuncias de la Contraloría sobre el contrato

La situación cada momento se torna más tensa y peligrosa en los tres peajes que forman parte del corredor de carga en la ciudad de Cartagena, luego de los señalamientos por algunas irregularidades hechas al contrato de dicha concesión por la Contraloría General de la Nación y la posterior petición del alcalde William Dau de suspender el cobro de la tarifas de circulación por la vía a los ciudadanos cartageneros.En las últimas horas varios grupos de ciudadanos obligaron a los operadores y recaudadores de estos peajes a que los dejen pasar por la vía sin pagar, negándose a cancelar la tarifa establecida y argumentando que el cobro ya fue suspendido por las autoridades.Otros conductores y habitantes de la ciudad realizaron protestas simbólicas y hasta una ‘pitatón’ masiva contra el cobro.La situación, según René Osorio, gerente de la Concesión Vial S.A., compañía que tiene a cargo el contrato, se está saliendo de control y podría generar un tragedia.Para el representante legal de la empresa, la actitud y las acciones realizadas por algunos ciudadanos “están motivadas por las palabras” del propio alcalde Dau.“La gente está envalentonada porque el alcalde, que es la primera autoridad administrativa y policiva, está actuando como líder de esas protestas, haciendo la “V“ de la victoria y arengando que no paguen y todo eso. Es una situación que está generando el alcalde y que de verdad nos preocupa”, declaró el gerente, en diálogo con El Universal.Según Osorio, varios de los operadores de las casetas de los peajes no solo han sido amenazados, sino que ya fueron agredidos por algunos conductores. El gerente detalló que, entre otras cosas, han partido los vidrios de las cabinas, dañado las talanqueras y han pasado sin pagar el dinero del peaje. “Incluso nuestras mujeres recaudadoras han recibido escupitajos, una situación inaceptable en medio de la crisis sanitaria”, agregó.Sobre la finalización del contrato de concesión y, por ende, la suspensión del cobro de los peajes, el gerente indicó que no se puede hacer de manera unilateral como ha pretendido el alcalde y que hay que esperar que todo surta un proceso legal, en el que deben ser tenidos en cuenta los argumentos de la empresa.Por su parte, el alcalde Dau anunció que este domingo se había reunido con los altos mandos de la Policía en la ciudad para garantizar el derecho a la protesta de los ciudadanos contra el cobro de los peajes y “que se cumpla la norma de que cuando haya más de 20 vehículos en fila, se baje la talanquera, con lo que ratificó su posición ante la petición por las denuncias de la Contraloría.“He solicitado a la Policía Nacional que haga cumplir esa norma. Ellos están del lado de la ciudadanía y para cumplir la ley. Evitemos la violencia, porque la institución policial nos va a respetar”, dijo Dau.El alcalde de los cartageneros insistió en que su equipo jurídico está trabajando para poder materializar lo más pronto posible la decisión de no cobro de los peajes.“Todo dentro de las leyes y el debido proceso para lograr la liquidación del contrato con la actual concesión, teniendo en cuenta el proceso de responsabilidad fiscal emanado por la Contraloría General de la República”, explicó.La ContraloríaLa semana pasada, el contralor general Carlos Felipe Córdoba señaló que el contrato con la empresa Concesión Vial S.A., por la concesión de los peajes internos del corredor de carga de la ciudad, en los puntos de Mamonal, Manga y Ceballos, tendría un detrimento fiscal de $300.000 millones para las arcas de Cartagena y que la Tasa Interna de Retorno (TIR) se cumplió en el año 2015.Con base en ese informe, William Dau solicitó al contratista levantar las talanqueras de manera inmediata.Córdoba señaló en su informe que después declarar el caso como hechos de impacto nacional en octubre de 2019, al proceso de responsabilidad fiscal fueron vinculados siete exalcaldes de Cartagena, varios exdirectores del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena (VAL) y exgerentes y exsubgerentes de la Empresa de Desarrollo Urbano (Edurbe).