Defensoría del Pueblo reporta que en 2020 aumentaron las muertes de líderes sociales

La Defensoría del Pueblo realiza el monitoreo de muchas de las grandes vulneraciones de derechos humanos en Colombia. El asesinato sistemático de defensores de derechos humanos, así como las amenazas que viven constantemente, han sido una de las prioridades de esa entidad en los últimos años.El organismo acaba de publicar un informe que señala que “durante el año 2020, la entidad registró 979 conductas vulneratorias en contra de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, que corresponden a 607 amenazas, 182 homicidios, siete secuestros, 51 atentados, cinco retenciones arbitrarias, 13 desplazamientos, dos desapariciones forzadas, dos imposiciones de normas de conducta y 22 casos de otro tipo de hechos violentos”.En comparación con lo ocurrido en el año 2019, la Defensoría del Pueblo advierte “una disminución en los casos registrados de amenazas, pasando de 858 en 2019 a 697 en 2020. En el de homicidios de líderes sociales, advierte un aumento en comparación con el año anterior, pasando de 134 a 182 en 2020″.“En los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Putumayo, Huila, Córdoba, Meta, Bolívar, Santander, Quindío, Casanare, Boyacá y Guaviare se presentaron incrementos, mientras que en Caquetá, Arauca, Risaralda, Magdalena, La Guajira y Vichada, disminuciones. Atlántico y Caldas no reportaron homicidios de líderes sociales durante 2020″, señala el documento.Sobre las muertes, la defensoría observa un hecho preocupante. “El total de casos de homicidios registrados por la Defensoría del Pueblo en 2020 ocurrieron en 103 municipios del país. El 50 % de estos se concentran en cuatro departamentos: Cauca, Antioquia, Nariño y Chocó. Es importante destacar que, de conformidad con lo identificado en las alertas tempranas, estos territorios en donde se concentran los homicidios de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos coinciden con los departamentos en los cuales se ha emitido un mayor número de advertencias debido a la existencia de escenarios de riesgo asociados a la lucha por el control territorial entre grupos armados organizados y la presencia de economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando”, dice el documento.La información contenida en este reporte sobre las conductas vulneratorias registradas por la Defensoría del Pueblo ha sido puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación en el marco de sus competencias (artículo 250 de la Constitución Política y artículo 66 de la Ley 906 de 2004).Según el informe, “la violencia, contra las personas defensoras de derechos humanos, tiene expresiones particulares a nivel territorial, cuyos rasgos están marcados por la recomposición de dominios armados que se encontraban bajo la influencia de las FARC - EP; la persistencia de otros actores armados ilegales que en diferentes niveles usufructúan economías legales”.El documento advierte que “la Defensoría del Pueblo ha identificado que la existencia de factores de amenaza para los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos se encuentra asociada a la presencia en territorio de economías ilegales”.Agrega que “se identifican como principales conductas vulneratorias que afectan la defensa de los derechos humanos: homicidios, atentados, desplazamientos forzados, retenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y secuestros. Hechos violentos que afectan los derechos de los líderes sociales a la vida, libertad, integridad personal y seguridad”.El informe también analiza quiénes son las principales víctimas. “Frente a los sectores sociales más afectados en el periodo 2016-2020, se encuentran los líderes comunales con 707 conductas vulneratorias registradas, seguidos por líderes indígenas con 624, 616 conductas en contra de líderes comunitarios, 564 en contra de líderes víctimas, 367 en contra de activistas de derechos humanos, 336 en contra de líderes campesinos y agrarios, 250 en contra de líderes afrodescendientes, 218 en contra de servidores públicos, 176 en contra de líderes sindicales, 126 en contra de mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, entre otros sectores sociales”, dice el documento.