“Demoler el Aquarela traería serias consecuencias legales para el Distrito de Cartagena”: constructora

La discusión parece no tener fin. A pesar de las órdenes legales emitidas por las autoridades correspondientes, la polémica por la demolición del Edificio Aquarela, en cercanías del Castillo San Felipe de Barajas en Cartagena, sigue creciendo.En las últimas horas, el alcalde de la ciudad, William Dau Chamat, anunció que el convenio que pondría punto a final al proceso y con el que se procedería a realizar la demolición completa del edificio está cerca de ser publicado.Ante esto, los representantes legales de la constructora Promotora Calle 47 S.A.S., dueña del proyecto, advirtió que en caso de que esto suceda el Distrito de Cartagena podría enfrentar duras consecuencias legales.El principal argumento de la empresa, ante la posible cercanía de la orden de demolición es que “no existen fundamentos técnicos ni jurídicos para hacerlo”.A través de un comunicado de prensa, la Promotora Calle 47 agregó que desconocen el convenio suscrito por la Alcaldía de Cartagena con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) con miras a la eventual demolición del proyecto habitacional.“Como lo dictaminó el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia de segunda instancia emitida el 7 de diciembre de 2020, no existen fundamentos técnicos ni jurídicos para una demolición total del edificio, motivo por el cual este Tribunal rechazó la Acción de Tutela instaurada por la Procuraduría buscando una orden judicial para su demolición”, señaló la empresa constructora.Además, expresó que una orden judicial vigente no habla de una demolición total, sino que “en adición, el fallo policivo que ordena la restitución de 24 m² de superficie (619 metros en 25 pisos) versa sobre una parte ínfima de la obra y no incluye ni ordena la demolición total de la estructura”.La empresa inmobiliaria indicó también que las acciones anunciadas por la Alcaldía y los organismos del Gobierno nacional podrían estar fuera de la ley.“Por lo tanto, cualquier actuación antijurídica por parte de la Alcaldía de Cartagena conllevará el pago de onerosas cargas para el Distrito, tal y como reza en la demanda de reparación directa instaurada por los constructores contra el Estado colombiano”, concluyó el documento.A finales del pasado mes de diciembre, Dau había anunciado que el convenio interadministrativo que dará fin a la polémica construcción y que respaldará la demolición, para la restitución de 619 metros cuadrados del espacio público en la zona de influencia del Castillo San Felipe, estaba en revisión final.En este convenio participan la UNGRD –con cargo al fondo de Fiduprevisora S.A.–, el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Cartagena, y busca “aunar esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para implementar la demolición de la obra”. Todo eso amparado en la orden de octubre de 2018, emitida por la inspectora de Policía de la Unidad Comunera de Gobierno No. 2 del Distrito de Cartagena, que después fue respaldada por los órganos de control y por la Oficina de Defensa Jurídica del Estado.Lo que se sabe es que después recibir el convenio, la Alcaldía de Cartagena se lo regresó a la UNGRD y al Ministerio de Cultura para la revisión final.“La demolición del edificio Aquarela la pensamos hacer dentro de la legalidad, siguiendo todos los pasos necesarios”, precisó el mandatario en ese momento. Ahora, según publicó El Universal, la Oficina Jurídica de Cartagena señaló que prácticamente lo que falta es la firma de formalización del acuerdo por parte del Ministerio de Cultura.Esto después de que la UNGRD ya ratificó el compromiso para realizar las gestiones necesarias que garanticen que no se registren emergencias en el momento de la demolición.El alcalde Dau señaló que la demolición del Aquarela costará entre $2.000 y $3.000 millones, recursos que serán aportados en su mayoría por el Gobierno nacional. Así, el lío que se inició en 2017, cuando el Ministerio de Cultura instauró una acción popular contra el Distrito de Cartagena por haber aprobado la licencia de construcción al Aquarela, una torre de 30 pisos de la promotora, sigue entre anuncios, pero sin una decisión final.