Desarticulan banda de ‘gota a gota’ que amenazaba de muerte a personas en el Atlántico

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la desarticulación de una organización delincuencial vinculada a la modalidad de ‘gota a gota’ en Barranquilla y los municipios de Galapa, Baranoa y Soledad (Atlántico).En el operativo fueron capturados los 11 integrantes de esta estructura criminal, señalada de hacer préstamos de dinero a personas vulnerables con tasas exorbitantes (‘gota a gota’).Una vez efectuados los préstamos, los ‘cobradores’ amenazaban de muerte a las víctimas cuando incumplían las elevadas cuotas de interés, lo que generaba temor y zozobra en los habitantes de esta región del país.Fueron casi 36 meses de investigación financiera minuciosa, análisis de información, vigilancias y seguimientos e interceptaciones telefónicas, que permitieron establecer la modalidad que utilizaba la organización criminal para encubrir el incremento inusitado de dinero.Este operativo permitió realizar la primera judicialización por el delito de lavado de activos a partir de la configuración de usura, en conexión con el enriquecimiento ilícito, lo que conlleva una pena que está contemplada entre los 3 a 30 años de prisión.Los investigadores evidenciaron que estas personas creaban empresas fachadas de estaciones de servicio de combustible y adquirían bienes muebles e inmuebles (casas, apartamentos, lotes, vehículos de alta gama, entre otros) para dar apariencia de legalidad al dinero producto de las actividades ilícitas que recaudaban.Estas personas habrían declarado ante los organismos de control cerca de 300 millones de pesos en patrimonio y una deuda inexistente con proveedores por un valor de 1.500 millones de pesos.En el momento de cruzar dicha información declarada con la reportada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se determinó que todo el movimiento de dinero lo realizaban en efectivo, con el fin de evitar la trazabilidad de los recursos y así poder inyectar dinero ilícito al torrente financiero.En función de la usura, esta estructura criminal habría creado un emporio económico con la capacidad de lavar más de 10.000 millones de pesos, alcanzando a recaudar diariamente montos aproximados de 18 millones de pesos.Según las indagaciones, la organización delincuencial habría mandado a diseñar una aplicación para teléfono móvil llamada “COBROS WABR3” a través de la cual hacían el balance en tiempo real de las actividades de recaudo y préstamo. Con esta herramienta los cabecillas de la organización tenían la información disponible en todo momento.Para facilitar su accionar criminal durante la pandemia de la covid-19, los integrantes de la organización contaron con la participación de un exfuncionario público para tramitar licencias que acreditaban a los ‘cobradores’ como empleados y emprendedores de domicilios y tenderos de diferentes barrios.Así operaba red de “cuenta gota”. Autoridades revelan audios:Dentro de los capturados se encuentran una pareja de esposos conocidos como ‘los patrones’, quienes serían los cabecillas principales de la organización delincuencial, encargados de coordinar y controlar las actividades criminales de la banda, y a su vez, dar la apariencia de legalidad al dinero obtenido ilícitamente.También gestionaban las licencias de funcionamiento de los establecimientos de comercio y tramitaban los permisos de movilidad de los cobradores junto con otra persona conocida como Oscar.Mono, a su vez, era el encargado del control de las rutas de los ‘escoltas’ y ‘cobradores’ y de monitorear la aplicación móvil de los préstamos y recaudos. De igual forma, transmitía las órdenes de ‘los patrones’ a los demás integrantes de la red criminal.Pulgar, David y 3Palacios fingían como escoltas responsables de los ‘cobradores’, a cargo de la supervisión de los datos ingresados a la aplicación móvil, de algunas rutas y la sectorización de las víctimas para la comisión de los hechos a diario.Los otros capturados conocidos como Omar, José, Eider y Julio corresponden a los ‘cobradores’, responsables de recoger el dinero a las víctimas y de infundir las amenazas y el temor entre los habitantes de la zona en las que fueran designados.Las 11 personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de usura, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos