Director de Échele Cabeza fue denunciado por presunto abuso sexual y suministro de drogas; lo apartaron de su cargo

La investigadora y activista Yarelix Estrada presentó una denuncia pública en la que afirma haber sido víctima de presunto abuso sexual y de que le fue suministrada cocaína durante un encuentro en la sede del proyecto Échele Cabeza, dependiente de la Corporación Acción Técnica Social (ATS).

Según su denuncia, los hechos ocurrieron el 25 de julio de este año, en la casa de la organización, en la localidad de Teusaquillo, Bogotá. La investigadora estadounidense dedicada a la reducción de riesgos y daños por consumo de drogas y experta en análisis de sustancias, relata que tras beber en una reunión social se quedó dormida en la sala y despertó en otra habitación, en la cual Julián Quintero la estaba tocando y le ofrecía cocaína mientras ella estaba “muy sedada”. Ella dijo que “no fue un malentendido” y que en ese estado no existía posibilidad de consentimiento.

Estrada también remonta otro episodio que describe como similar, en marzo de este año, durante una estancia en Viena en el marco de reuniones internacionales sobre política de drogas. Yarelix afirma que en esa ocasión también terminó en una habitación tras haber bebido y que optó por fingir dormir para evitar una situación que describió como coercitiva.

La junta directiva de la Corporación ATS confirmó que, ante la denuncia, retiró a Julián Quintero del cargo de director ejecutivo y de cualquier representación institucional mientras se adelantan los procedimientos correspondientes.

En un comunicado, la junta aseguró su “tolerancia cero” frente a la violencia por motivos de género y manifestó el compromiso de garantizar medidas de protección y procesos que eviten la revictimización.

El caso movilizó a varias organizaciones que trabajan en temas de drogas y derechos humanos. Colectivos y centros de investigación —entre ellos Dejusticia, Temblores, la Fundación Ideas para la Paz, Elementa DD. HH., Corporación Humanas y el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed)— publicaron un pronunciamiento en el que rechazaron la denuncia y exigieron una investigación independiente, garantías para la denunciante y medidas de reparación.

Algunas de estas organizaciones anunciaron, además, la revisión o suspensión de sus mecanismos de articulación con ATS mientras avance la indagación.

Quintero, por su parte, negó la veracidad de la acusación y dijo que no pretende polemizar públicamente. En un comunicado, informó que evaluará vías de reparación y que adelantará “los trámites judiciales pertinentes” para proteger su nombre y reputación.

ATS aseguró que activó protocolos internos y que la salida de Quintero responde a la obligación de preservar el proceso de investigación y la seguridad de las partes.