El magistrado de la Corte Suprema que interpuso tutela a sus compañeros por discriminación, pide a la Corte Constitucional revisar su caso

Gerardo Botero es magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema. A mediados de 2020 radicó una tutela, por posible discriminación, que sorprendió a 21 compañeros de la Sala Plena. Su queja es que en las sesiones virtuales (las reuniones de todos los magistrados de la Corte Suprema) el voto venía siendo público cuando, por reglamento, debería ser secreto. A lo que se refería Botero en ese momento era a las discusiones y posterior elección de magistrados de tribunales en todo el país. De igual manera, a la elección de magistrados de la Corte Suprema.La comunicación, dirigida al saliente presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas (ya asumió en su lugar Antonio Lizarazo), advierte en su parte inicial: “Me dirijo a usted con el fin de solicitar la selección de la acción de tutela de la referencia para su revisión” y señala también que esta “es la primera acción promovida por un magistrado de Alta Corte contra sus compañeros de corporación a fin de que sea respetado su derecho al voto secreto, su dignidad, la no discriminación y la libertad de expresión”.Botero advierte en el documento conocido por SEMANA: “No todos los planteamientos y denuncias formuladas en el escrito tutelar fueron objeto de pronunciamiento por parte del juez constitucional de primer y segundo grado, pues observo con asombro, como la Sala decisoria no resolvió de fondo ninguna de los temas puntuales que sometí a su consideración, limitándose exclusivamente y en forma peregrina a tratar el asunto como ‘un hecho superado’, como si ninguna de las irregularidades planteadas, se hubieran cometido o materializado, avalando de esa forma el actuar antirreglamentario de la Sala Plena de la Corte, que violó mis derechos como magistrado integrante de la Corporación”.Un aparte de la tutela señala que “en las que a pesar de mis manifestaciones expresas de no renunciar al voto secreto, no ha sido posible que se respeten mis derechos de ‘votar secretamente’. Por el contrario, he venido siendo estigmatizado, burlado y desconocido como integrante de la Corporación por pensar de una forma diferente a la mayoría de los integrantes de la Corte”.Y agrega: “Ello no legitimaba a la Corte para cercenar el derecho al voto secreto de quien no renuncia a ese derecho, en tanto bien se pudo implementar por reforma a nuestro reglamento, y no de facto como se ha hecho, la votación pública y nominal o la votación electrónica secreta, que diera esa garantía a los electores para votar secretamente, lo cual no se ha hecho hasta el momento”.Para el magistrado Botero, en esta solicitud de revisión, el derecho al voto secreto “debe mirarse en una doble vía o dimensión, esto es, bien puede renunciarse a él en forma voluntaria, para hacerlo en forma pública; pero también puede no renunciarse y exigirse que se cumpla secretamente, el cual también debe garantizarse a quien así lo manifieste”. Y señala que “bien pudo la Corporación implementar desde las sesiones del 19 de marzo el voto secreto electrónico, lo cual solo vino a hacerlo en las últimas salas para efectos de nombramiento de magistrados de la Corte y escogencia de quien integraría la terna a procurador general de la Nación, aspecto que se torna un tanto insólito y sospechoso”.