Escándalo de tierras involucra a un sacerdote que confesó que se gastó la plata con un joven “amigo”

La Iglesia católica en Colombia enfrenta un escándalo de grandes proporciones que comenzó con una investigación por estafa en un negocio de tierras. El caso derivó en una falsa denuncia ante la Fiscalía y culminó con la confesión de un sacerdote, quien en un juicio canónico admitió haber gastado casi 3.000 millones de pesos para ayudar a un joven “amigo” muy cercano y a su familia. El proceso también salpica al actual gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

La historia empezó en el año 2009, cuando la víctima, quien prefirió la reserva de su identidad por temas de seguridad, pero es representada por el abogado Ricardo Burgos, fue contactada por el padre Héctor Vidal, encargado de administrar la economía de la Congregación de Padres Vicentinos en Colombia, para solucionar varios problemas jurídicos que tenían con una propiedad de 6.000 hectáreas de tierra ubicada en Mapiripán, Meta.

En un interrogatorio que la Fiscalía le hizo al padre Vidal, aseguró que “dentro de todas las situaciones de la comunidad, me encontré con que esas fincas las había tomado un grupo de paramilitares (...) yo le comenté a ella esa situación a ver si nos podía colaborar”.

La víctima conoce al sacerdote hace más de 20 años. Eran vecinos en el barrio Tisquesusa, en Facatativá, y se desempeñaba como gestora de tierras ante el extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), que luego se transformó en la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Empezaron con un contrato de prestación de servicios para resolver el lío de las tierras, pero habría sido víctima de su buena fe.

El acuerdo era un pago de 6 millones de pesos mensuales que iba a recibir de forma retroactiva apenas lograran vender las tierras. La Congregación esperaba que el Estado las comprara para que terminaran en manos de víctimas del conflicto armado, pero, nueve años después de iniciar los trámites, la mujer tuvo un choque con José Orlando Escobar, el representante legal de la comunidad.

La víctima aseveró que en esa reunión “me amenazó con denunciarme por estafa con motivo del no perfeccionamiento de negocios por falta de una cantidad de dinero de la gestión económica de su Congregación (...) Fui atacada y humillada, me acusaban de ser amante del padre Héctor Vidal Gutiérrez Galindo, de haber robado sumas de dinero aproximadas a 3.000 millones de pesos”.

Aunque la mujer buscó a los miembros de la Congregación para aclarar la situación, en diciembre de 2018 apareció el abogado Iván Alfaro, el mismo que ha sido mencionado en el escándalo de corrupción de la UNGRD, denunciándola ante la Fiscalía por estafa y enriquecimiento ilícito contra la sociedad religiosa. El visitador provincial en Colombia, padre Diego Luis Vásquez, lo designó como representante judicial.

Lo que el abogado Alfaro y el padre Vásquez pasaron de largo al interponer la denuncia es que, tres meses antes, por solicitud del mismo visitador provincial, su colega Héctor Vidal terminó confesando en un juicio canónico que se quedó con parte del dinero “para gastos personales y para la ayuda del joven Leonardo Bernal y su familia”. ¿Qué relación tenía el integrante de la Congregación con esa persona?

Con esta confesión quedaba claro que la víctima acusada de robo no había tomado el dinero. Quien había abusado era el mismo padre Vidal y se lo gastó con su joven “amigo” y su familia.

La zona franca

En ese proceso judicial dentro de la Iglesia, el padre Vidal también confesó que la mujer que contrató para sanear las tierras en el Meta “no era conocedora de lo que yo estaba haciendo. Y que, sobre todo, Leonardo Bernal tampoco es conocedor de la procedencia de dichas ayudas y mucho menos su familia. Los fui cogiendo de las cuentas de la comunidad y los iba aplicando a las cuentas de las bodegas”.

Las bodegas a las que se refería Vidal fueron por lo que terminó denunciada la entonces asesora externa, según el abogado Alfaro, pues se le “pagó más de 2.421 millones de pesos” para la adquisición de esos bienes en la zona franca de la calle 80 en Bogotá, pero “jamás hubo contrato de compraventa, ni fideicomiso, ni siquiera promesa de compraventa alguna”.

El entonces ecónomo de la Congregación aseguró que le solicitó a la gestora de tierras que firmara recibos en blanco para justificar los dineros que iba tomando para la supuesta compra de dichas bodegas, pero terminó dándoselos al joven Bernal para crear una empresa en Cúcuta, arrendar una oficina, dotarla, pagar empleados, arrendar un apartamento y comprarle hasta un taxi al papá. Vidal reconoció en la Fiscalía que falseó las firmas de dichos recibos.

Entre los gastos exorbitantes a nombre de la Iglesia, también confesó que “se compró un vehículo para que Leonardo se pudiera desplazar. También lo apoyé en sus estudios universitarios y a sus hermanos en estudios de inglés en Estados Unidos y luego al hermano en una parte de su carrera en la Argentina”.

La mujer terminó radicando en la Fiscalía un documento por falsa denuncia. Argumentó que “la Congregación y sus representantes conocían desde fecha anterior a la radicación de la denuncia en mi contra que el responsable de esos delitos era el confeso padre Héctor Vidal Gutiérrez y no yo, a quien, de manera temeraria y sin respeto a la justicia, dirigieron su denuncia”.

Mención al gobernador

Vidal se confesó en este proceso durante el mencionado juicio canónico y también terminó destapando una situación que golpea a una de las figuras políticas más importantes del país, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, alcalde de Funza para el periodo 2008-2011.

Según el entonces ecónomo, cuando Rey gobernaba ese municipio, habrían cuadrado un acuerdo con la Congregación para supuestamente modificar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) con el fin de comprar algunos terrenos que eran propiedad de la comunidad.

“La Alcaldía de Funza, dentro de su POT (Plan de Ordenamiento Territorial), hizo la proyección de organización de vías, la construcción de un parque deportivo y de un colegio (...) Esto hizo que entráramos en diálogo con la Alcaldía de Funza, directamente con su alcalde, Jorge Rey Ángel”, dijo Vidal en 2018.

El padre precisó que el acuerdo verbal habría fijado la reestructuración de vías que afectaban el Seminario de Villa Paúl, en Funza, según el POT, y, de paso, la venta de esos predios. Pero en el proceso se aseguró que “el negocio era un hecho” y solo era tema de trámite para continuar con la operación. Personas dentro del caso advirtieron que esa confesión se podría tratar de un posible volteo de esas tierras para negociarlas.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, respondió que “no hubo un favorecimiento a esa comunidad religiosa modificando el uso del suelo, toda vez que esos predios siguen siendo rurales, como lo son hace 50 años. Hubo una expectativa de la comunidad religiosa para que se modificaran esos predios, pero nunca se hizo ese cambio”.

SEMANA contactó al padre Diego Vásquez para conocer su posición frente a esta grave denuncia, pero manifestó: “No soy el representante legal de la comunidad y, por otro lado, no damos información hasta que no se dé un veredicto”. Por su parte, el abogado Alfaro aseguró: “No he sido autorizado por la comunidad religiosa para pronunciarme frente a ese tema”. El padre Orlando Escobar, quien fungió como representante legal, manifestó que “hay nueva administración y son ellos los encargados de hablar del tema”.

Por su parte, el padre Héctor Vidal, señalado como la ficha clave detrás de este escándalo y presunto responsable de apropiarse del dinero para gastarlo con su “amigo”, y el padre Arley Cardona Salazar, actual director en Colombia de la Congregación de Padres Vicentinos y continuador de las directrices de su compañero Vásquez, no respondieron las comunicaciones de esta revista para pronunciarse sobre este insólito caso que golpea a la Iglesia católica en Colombia.