Exclusivo: dos fiscales de Cali terminaron sancionados por 10 años por estar al servicio del peligroso alias Mueble Fino, narcotraficante del cartel del Norte del Valle

Ana Victoria Nieto y Jorge Iván Ríos eran dos fiscales delegados ante los jueces penales en Cali. Los funcionarios, en lugar de hacer su trabajo, terminaron beneficiando en un delicado proceso penal a Juan David Rengifo, alias la R, un expolicía de la Sijín de la capital del Valle involucrado en las andanzas de Jaír Sánchez Hernández, alias Mueble Fino, el peligroso aliado del cartel del Norte del Valle.

SEMANA conoció en exclusiva la sentencia de segunda instancia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que confirmó la destitución e inhabilidad por diez años de los dos exfiscales. En principio, apelaron la decisión que los convirtió de funcionarios de la Fiscalía a narcofiscales al servicio de la mafia en el Valle del Cauca.

El robusto fallo conocido por esta revista detalla que la fiscal Nieto “omitió un acto propio de sus funciones, pues no vinculó a Fabián Andrés Vargas Albán, conocido con el alias de Juan; Pablo Andrés Sanabria González, conocido con el alias de Sargento Retirado, y José Luis Salas Bastidas, alias Primo, en el proceso adelantado por el secuestro extorsivo del empresario Juan Víctor Franklin Monsalve, a pesar de contar con todos los elementos probatorios”.

Monsalve Bonilla fue secuestrado por alias la R, el expolicía de la Sijín, y un grupo de delincuentes cuando se movilizaba de Cali a Dapa; el motivo de este plagio fue por supuestas deudas con la mafia. Sin embargo, la Comisión de Disciplina Judicial confirmó un entramado corrupto para voltear ese proceso, capturar a una persona que nada tenía que ver y hasta torcer otra investigación por secuestro simple y homicidio agravado.

La magistrada Diana Vélez, ponente de este caso, confirmó que, en 2017, la policía judicial le solicitó a la fiscal Nieto capturar a alias Juan y a Sargento Retirado por el secuestro de Monsalve. Sin embargo, “no realizó gestión alguna” hasta que en 2021 el caso pasó a la Fiscalía 12 Delegada del Tribunal de Bogotá, que procedió a judicializarlos de manera inmediata.

En el caso de Salas, alias Primo, las irregularidades llegaron a tal punto que capturaron a un homónimo que nada tenía que ver con el caso, y al Juzgado Cuarto Penal de Cali le tocó precluir la investigación contra esa persona. De hecho, ese mismo despacho criticó las actuaciones de la fiscal Ana Victoria Nieto, pues alertó sobre una “extrañeza que produce que, con el material probatorio que se tiene, no se haya enrutado la investigación pertinente hacia el sujeto Salas Bastidas”.

Así fue como la funcionaria terminó acusada por la misma Fiscalía por el delito de prevaricato por omisión agravada, que tuvo en el proceso contra los tres implicados en el secuestro del empresario. La Comisión de Disciplina concluyó que Nieto “de manera consciente y voluntaria enfiló su comportamiento” para evitar la acción penal en ese proceso y calificó su actuación como “arbitratia”.

En el caso de Jorge Iván Ríos, el fiscal 47 de Cali, la alta corte detalló que su colega Ana Victoria Nieto investigaba a Juan David Rengifo por el secuestro y asesinato de Jorge Mauricio Guerrero, alias Muelas. Pero a finales de 2019 salió a vacaciones y el caso pasó al fiscal Iván Aguirre, garantizando la impunidad.

Por su parte, Rengifo, conocido en el mundo criminal como la R, se comunicó con sus abogados Héctor Rojas y Jency Geovo para buscar contactos en la Fiscalía a fin de evitar su captura. De esta manera apareció el fiscal Ríos aceptando 100 millones de pesos para convertirse en el intermediario de su compañero Aguirre, el fiscal que investigaba al expolicía en ese proceso.

Sin embargo, Iván Aguirre terminó capturando a la R, quien confesó el pago para evitar su judicialización. Para la Comisión, las pruebas demuestran que el fiscal Ríos formó parte de ese entramado criminal y desconoció deberes funcionales, como “actuar con lealtad y moralidad y puntualmente de no interesarse en asuntos a cargo de otro despacho y menos a cambio de una promesa remuneratoria”. En consecuencia, dos fiscales terminaron sancionados por estar al servicio de la mafia.