Exgobernador Aníbal Gaviria rompe el silencio: seguirá buscando que le permitan defenderse en libertad

En las últimas horas, la Sala Especial de Primera Instancia confirmó que Aníbal Gaviria seguirá privado de la libertad en medio de una investigación que adelanta la justicia por presunta corrupción. El documento fue conocido en primicia por SEMANA.Ante esto, el exgobernador de Antioquia decidió emitir un comunicado en respuesta a esta decisión judicial. En su cuenta de Twitter manifestó que no comparte esta acción de la Corte Suprema de Justicia, ya que “siempre” ha “respondido a la justicia”, según señala en su mensaje. En ese sentido, dijo: “Continuaré haciéndolo, con el convencimiento absoluto de mi inocencia y la transparencia de mis actos”.Asimismo, aseguró que junto con su equipo legal continuará apelando “a todos los instrumentos que nos brinda nuestro ordenamiento jurídico para buscar que me sea permitida la defensa en libertad y el regreso a la inmensa responsabilidad que los antioqueños depositaron en mí con su voto”.Frente a su gestión, que quedó inconclusa a raíz de su situación judicial, el exgobernador manifestó que lo “llena de dolor” que “esa injusticia me impida aportar con mi esfuerzo, compromiso y dedicación a la solución de las graves problemáticas sociales que hoy nos golpean, así como contribuir a combatir la pandemia de covid-19 y avanzar en la reactivación social y económica”.También aprovechó para enviar un mensaje de solidaridad a las familias que están pasando por una situación similar a la suya. “Envío un sentido y sincero abrazo de solidaridad a tantas familias antioqueñas y colombianas que hoy sufren la ausencia de un ser querido o son golpeadas por cualquier tipo de injusticia”, se lee en el comunicado.Finalmente, envió un mensaje de apoyo y unidad para superar esta situación. “En medio de tanto dolor, enfrentando como individuos, como familias y como sociedad retos únicos, monumentales, confirmo mi indeclinable voluntad de servicio y mi férrea convicción de que unidos, confiados en la voluntad de Dios, saldremos adelante”, concluyó.La decisiónSegún la resolución de acusación, “se investigaba la posible incursión en actos de corrupción relacionados con el contrato de infraestructura (...) cuyo objeto fue el mejoramiento y la pavimentación de la troncal de La Paz, tramo La Cruzada-Caucasia, sector Nuevo Horizonte”.La Corte advierte que el contrato que se investiga fue celebrado el 22 de diciembre de 2005 por la Gobernación de Antioquia, con el Consorcio Troncal de la Paz, a pocos días de finalizar el periodo de Gaviria.A comienzos de este año, la Fiscalía acusó al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, ante la Corte Suprema. La decisión causó un remezón en el poder político de la región y revivió un proceso judicial que data de hace más de 15 años: la Troncal de la Paz, entre La Cruzada y Caucasia. Por años se ha señalado al mandatario de haber presuntamente cometido irregularidades en ese proceso de contratación, en especial en un otrosí en el marco de ese mismo proceso.En esta decisión, la Corte Suprema señala: “En concreto, como gobernador de ese departamento para el periodo constitucional 2004 a 2007, Aníbal Gaviria era el ordenador del gasto y delegó en la Secretaría de Infraestructura Física para la integración y desarrollo de Antioquia la celebración de dicho contrato, el cual fue pactado inicialmente en más de $41.663.432.778 con dos adiciones”, una superior a 3 mil millones de pesos y otra de más de 16 mil millones.En este punto, lo que ha dicho la Fiscalía es que “las verificaciones evidenciaron que dicha adición no contaba con soportes técnicos. Se identificó también la suscripción del otrosí 2, cuatro días antes de que el entonces gobernador de Antioquia dejara el cargo, y luego de haber terminado el empalme con su sucesor. Como objeto se incluyó la construcción de un puente sobre el río Nechí para, supuestamente, conectar la cabecera de El Bagre con la denominada Troncal la Paz”.El ente acusador asegura que en el segundo otrosí se contempló una obra que no era complementaria, por lo cual no se podía realizar por un otrosí. En este caso debió hacerse un nuevo contrato, con el respectivo proceso de asignación a través de licitación. Señala la decisión que aun cuando el gobernador hubiera delegado la contratación, él seguía siendo el representante legal del departamento.