FARC reconoce su responsabilidad en los “secuestros” y por fin lo llaman por su nombre

A través de un comunicado, Rodrigo Londoño, quien es máximo jefe de las extintas FARC, hoy llamado partido Comunes, reconoció su responsabilidad en los secuestros ocurridos en el marco del conflicto.

Cabe recordar que la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les imputó a ocho miembros del Secretariado de las extintas FARC-EP crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del caso 001, ahora denominado “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad.”

En un comunicado en el que solo en una ocasión hacen referencia a la palabra “secuestro”, la organización reconoció su responsabilidad al asegurar que luego de un encuentro con los miembros de la colectividad decidieron mantener su compromiso “de aporte a la verdad que se viene adelantando por parte de quienes integramos las FARC, en donde se ha reconocido tanto en la gente como ante la opinión pública nuestra responsabilidad por el secuestro y el sufrimiento generado a las víctimas. Abordó los detalles políticos y jurídicos del Auto 019 y permitió intercambiar con el equipo de defensa, quienes explicaron las dimensiones jurídicas individuales y colectivas de esta importante decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz. Este espacio permitió reafirmar la importancia histórica del acuerdo final de paz”.

Expresaron, en primer lugar que: “Antiguos mandos de las extintas FARC, firmantes del acuerdo e integrantes del sistema autónomo de asesoría y defensa nos reunimos física y virtualmente en el taller análisis del Auto 019, documento emitido el pasado 21 de enero por la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de presentar sus diversos aspectos, aclarar dudas, proponer y consultar con los hombres y mujeres en proceso de reincorporación, pero también contar con voces calificadas del ámbito jurídico nacional e internacional”, dice el comunicado.

“El conflicto colombiano tiene profundas raíces sociales, pues la confrontación surgió como una medida de defensa de los derechos campesinos a la vida y la tierra y se prolonga ante la injusticia y el ataque indiscriminado contra los sectores populares. Es por ello que debemos recordar que nosotros fuimos y somos una organización de carácter revolucionario, por lo cual nuestro actuar como insurgentes siempre estuvo inspirado en la necesidad de transformar la sociedad”.

Los responsables de estos hechos serían los antiguos miembros del Secretariado que están sometidos a la JEP: Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. La responsabilidad individual varía según los cargos de mando asumidos durante el conflicto armado.

En días pasados, Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, explicó que la Sala de Reconocimiento ha abierto 7 macrocasos. “En el futuro van otros macrocasos. Se trata siempre de delitos cometidos de manera masiva, por lo que implica a miles de víctimas. El universo de hechos y conductas delictivas se ha organizado a partir de temáticas nacionales como el Caso 01. Este es el primer auto que se dicta dentro de un macroproceso. En el curso de este año, autos y providencias semejantes a esta se dictarán en los próximos meses”, señaló.

La JEP había dado 30 días hábiles para que respondieran por este caso puntual. “Al terminar el periodo de 30 días hábiles y recibir la respuesta de los comparecientes, la JEP decidirá si fija una fecha para una Audiencia de Reconocimiento, al considerar que hay reconocimiento y aporte a la verdad plena. Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Si hay reconocimiento, una vez realizada la Audiencia de Reconocimiento, la Sala adoptará una resolución de conclusiones que remite al Tribunal de Paz para que este imponga una sanción propia si es el caso. Esta sanción debe ser consultada con las víctimas, debe tener un propósito reparador y puede incluir restricciones efectivas de la libertad y otros derechos”, señaló la JEP.