El fiscal general, que ya venía molesto por la ley que impuso topes a la detención preventiva, acaba de soltarle toda su artillería a un artículo que busca cupo desde primer debate en la reforma a la justicia. Se trata de una iniciativa impulsada por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, que pide que se imponga un año como límite a la detención preventiva, prorrogable hasta 18 meses, para todos los delitos.
Néstor Humberto Martínez respondió a esta propuesta y aseguró que podría llevar a una excarcelación masiva y "sin precedentes" de delincuentes de alta peligrosidad ya que impone unos topes "irrisorios" para lo que realmente requiere un proceso penal. Para el fiscal, desde el momento mismo en que una norma como esta entre en vigencia provocaría la excarcelación inmediata de 12.120 personas, de las cuales 2.739 enfrentan cargos por el delito de homicidio, 2.277 por delitos sexuales y 94 por delitos contra la administración pública.
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Y le puso rostro a las excarcelaciones. Martínez señala que entre los 2.277 depredadores sexuales que quedarían en libertad estaría Levith Aldemar Rua Rodriguez, conocido como "La Bestia del Matadero", imputado por desaparición forzada, homicidio y acceso carnal violento de una joven de 18 años. También los señalados asesinos de dos líderes sociales que enlutaron al país, o alias Tom, capturado el año pasado como el Pablo Escobar colombiano, por quien Estados Unidos ofrecía 2 millones de dólares de recompensa por su captura.
En una carta al presidente del Congreso, Martínez expone una a una las razones por las cuales el artículo debe ser retirado. Aunque ya se había hundido en primer debate, el punto regresó para el informe de ponencia de la Plenaria, lo cual desató la aireada reacción del fiscal.
"Una política criminal errática desdice de la capacidad de nuestro Estado para formular políticas públicas; pero una política criminal que beneficie los derechos de los victimarios sobre los derechos de las víctimas y de la sociedad en su conjunto, puede conducir a la capitulación de la justicia", sentenció.
Martínez es un opositor y crítico de las modificaciones legales que en el 2015 y el 2016 establecieron como límite un año de privación de la libertad, que puede ser hasta del doble en casos de organizaciones criminales al margen de la ley. "El resultado final de estas dos leyes fue caótico con un total -hasta la fecha- de 8.964 libertades, con las cuales se benefició a sindicados por conductas que afectan gravemente la seguridad ciudadana: depredadores sexuales; ladrones; homicidas y extorsionistas". En las cuentas de la Fiscalía aparecen 1.374 casos de delitos sexuales excarcelados; 1.217 casos de hurto y 1.009 de homicidio.
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Ahora, con la modificación propuesta, el jefe del ente investigador califica la iniciativa como un verdadero retroceso. Según el INPEC, en Colombia de cada 10 personas privadas de la libertad, 7 son condenadas y solo 3 están detenidas preventivamente. Es decir, actualmente de las 117.026 personas privadas de la libertad, hay 32,8 por ciento (38.428) en detención preventiva intramural. También precisa que de 2.149.352 procesos e investigaciones a cargo de la Fiscalía, solo hay 65.421 personas con medida de detención preventiva, lo que representa que solo en el 3 por ciento de los casos se apela a este instrumento.
"(La norma propuesta) desconoce la gravedad de los delitos, las complejidades investigativas y de juzgamiento o la peligrosidad del presunto responsable, factores que deben analizarse con las particularidades de cada caso en concreto, justo en un momento histórico en el que la violencia en los territorios reclama una acción preventiva y determinante de la justicia, para recuperar el orden público", afirma Martínez.
Otro argumento del ente investigador es que el promedio de un proceso en Colombia está muy por encima de lo calculado por Paloma Valencia. Por casos sencillos como lesiones personales, daño en bien ajeno o los hurtos, la duración del proceso es de 360 días. Para casos más complejos, como los que afectan la administración pública, o que involucran tres o más personas en la comisión del delito, el término legal aumenta hasta 780 días (dos años). Para los procesos que se adelantan contra grupos armados organizados podrían tener una duración de hasta 1.440 dias (cuatro años).
"Los sistemas de información de la Fiscalía General señalan que la media de duración de todos los procesos es de 1 año y 8 meses, guarismo claramente superior al propuesto en la reforma (12 meses) y que no considera el término de duración de la apelación o la casación, llegándose al absurdo de que un condenado podría acceder a la libertad mientras se resuelven tales recursos", cuestiona Martínez.