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El fiscal presentó su preocupación porque el caso prescriba.

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Fiscal general solicitó asignación de un juez exclusivo para el caso Reficar

En una carta que hizo llegar al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Humberto Martínez expresó su preocupación porque el caso prescriba. Martínez denunció maniobras para dilatar el proceso pues hasta la fecha, la audiencia de acusación que inició en noviembre de 2017 todavía no ha concluido.

10 de mayo de 2019

En una carta dirigida al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el fiscal general Néstor Humberto Martínez manifestó su preocpación por el lento avance de la investigación del caso que describió como el mayor evento de corrupción del país.

Martínez solicitó por medio de la misiva, la asignación de un juez exclusivo porque según él, la dilatación del proceso no solo obedece a limitaciones logísticas y de agenda de las autoridades judiciales, sino además a que su juzgamiento se tramita ante un despacho judicial que debe atender la carga ordinaria de trabajo.

"Por esa razón me dirigido al Consejo Superior de la Judicatura solicitándole revisar las acciones que han tenido las nulidades, recurrentes  afectaciones al curso de la investigación y del proceso mismo... que se designe, como en el caso de Interbolsa, un fiscal de conocimiento permanente, un juez que trabaje con el proceso y que se le asigne de manera permanente", se lee en el documento que hizo llegar al despacho de Max Alejandro Flórez Rodríguez.  

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El fiscal explicó que desde que se formuló la imputación en contra de siete directivos y exdirectivos de CB&I y REFICAR S.A., por múltiples irregularidades en el diseño, construcción y puesta en marcha de la Refinería de Cartagena, no ha sido posible culminar la audiencia de acusación.

Las irregularidades de la obra, explicó Martínez Neira, generaron sobrecostos billonarios. Según él, la Fiscalía cuenta con elementos materiales probatorios para demostrar que varios de los imputados estarían comprometidos en un peculado superior a los $610.000.000.000 millones de pesos.

De acuerdo con el fiscal general, algunas de las circunstancias que impiden que avance el trámite procesal son que las audiencias concentradas de imputación y medida de aseguramiento se extendieron por cerca de seis (6) meses, el proceso se adelanta en contra de siete (7) personas asistidas judicialmente por apoderados diferentes, apelaciones, reprogramaciones de audiencias y otras maniobras que se han realizado a pesar de las advertencias de la Corte Suprema de Justicia.